Hércules accidentado sin seguro destapa fallas estructurales: Contraloría alerta riesgos fiscales
Solo el 19 % de la flota aérea militar está asegurada y el Estado podría asumir directamente los costos del siniestro ocurrido en Putumayo.
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La Contraloría encendió las alertas sobre la gestión del riesgo en el sector defensa tras confirmar que la aeronave C-130 Hércules, con matrícula FAC 1016, que se accidentó el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo y que dejó 69 víctimas, no contaba con una póliza de seguro vigente al momento del siniestro.
El hallazgo, dice la Contraloría, implica que el Estado carecía de un mecanismo de transferencia de riesgo, lo que lo expone a asumir directamente las consecuencias económicas del accidente, incluyendo posibles indemnizaciones, daños materiales y afectaciones operativas. Por eso, desde el enfoque fiscal, representa un impacto potencial sobre el patrimonio público.
Según el análisis del organismo de control, apenas el 19 % de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial se encuentran aseguradas, lo que deja a la mayoría de la flota sin respaldo financiero ante eventos adversos. Esta baja cobertura configura una brecha significativa en la protección de activos estratégicos del Estado.
Además de la limitada cobertura, la Contraloría identificó fallas en la estructuración del aseguramiento. Entre ellas, inconsistencias en la valoración del riesgo: aeronaves desplegadas en zonas de operación presentan subestimación del riesgo, mientras otras con menor nivel de uso tendrían coberturas superiores. Este desbalance refleja debilidades en la asignación eficiente de recursos.
En paralelo, el informe advierte sobre problemas estructurales en el manejo del presupuesto del sector defensa. Aunque los recursos han crecido en los últimos años, ese incremento no ha sido suficiente para cubrir necesidades clave como mantenimiento, modernización de aeronaves, reposición de equipos y fortalecimiento de la gestión del riesgo.
La Contraloría identificó rezagos en inversión en tecnología e innovación, así como un riesgo fiscal asociado al régimen pensional de la Fuerza Pública, cuyos pasivos podrían superar los 140 billones de pesos. También se advierte sobre restricciones de recursos que comprometen la capacidad de respuesta institucional.
La ausencia de aseguramiento también tiene implicaciones directas sobre el personal. La Contraloría advirtió posibles afectaciones en los mecanismos de compensación económica para tripulantes y miembros de la Fuerza Pública involucrados en el accidente, dependiendo de las coberturas disponibles.
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Frente a este panorama, el ente de control hizo un llamado a las entidades del sector defensa para fortalecer las políticas de aseguramiento de activos estratégicos, ajustar los modelos de evaluación del riesgo, incrementar de manera sostenida la inversión, especialmente en mantenimiento, modernización e innovación, y adoptar esquemas de planeación que equilibren el gasto operativo con la inversión de largo plazo.