La directora general del ICBF , Astrid Cáceres, ante los integrantes de la comisión VII en un debate de control político, aseguró que la entidad maneja nueve billones de pesos, y que en los últimos años su forma de contratación ha sido de aportes, pero que se ha abusado de esa figura para entregar “a dedo” los contratos en el país.
“Es un instituto que fue desmantelado progresivamente durante los últimos 10 años en su carácter público y fue entregando nueve billones de pesos a partir de situaciones tercerizadas”, comentó la directora.
Además, aseguró que de manera legal en los últimos años se han adjudicado contratos a las mismas empresas, beneficiando a unos pocos. Y es que la pluralidad de oferentes está centrada en una linealidad de la contratación con el que se tiene un manual operativo que está hecho a la medida para unos operadores específicos.
“Lo que ocurre ahí es que a pesar de que los procesos sean públicos, también hay formas para que siempre la contratación quede en las mismas manos”, dijo Cáceres.
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Sobre el caso de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la directora del ICBF , Astrid Cáceres, aseguró que desde el 2017 se tiene suscrito un contrato para la logística que ha permanecido con los mismos operadores, aunque cumplen con las normas.
Según Cáceres, ese no es el problema con este contrato, sino que el acuerdo era que las Fuerzas Militares apoyaran al ICBF realizando eventos, pero según la directora, estos servicios no son los que necesita la entidad porque se necesita llegar a las zonas más apartadas.
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“El año pasado tuvimos un trabajo con comunidades en territorios donde nadie llegaba y ellos nos pidieron que hiciéramos olla comunitaria ¿Y qué nos dijo esta Agencia Logística que teníamos? Que ellos no hacen ollas comunitarias, no van a esos territorios, que si contrato es para hacer eventos en salones”, aseguró Cáceres.
El ICBF realizó cotizaciones sobre cuánto costaría estos servicios con empresas públicas y privadas y la conclusión es que sale más barato contratar con empresas del Estado.
En relación con la salida de muchos funcionarios de la entidad, Cáceres defendió la decisión asegurando que esto lo permite la ley porque son casos de libre nombramiento y remoción. Además de que salieron funcionarios que estarían involucrados en que los procesos contra operadores de la entidad no avanzaran.
“Tuvimos que acelerar los procesos de sanción. Los directores que estaban ahí, incluida la directora de Nariño, empiezan las denuncias cuando saben que tienen que entregar la insubsistencia. En ese momento es que nos radica cuando nosotros les hemos pedido celeridad en los procesos de sanción. Por eso hay declaratorias de insubsistencia”, comentó Cáceres.
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