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"Innecesaria e inconveniente": Gobierno sobre objeción a ley impulsada por el CD

El Gobierno nacional pidió al Congreso de la República archivar la iniciativa o, en su defecto, a revisarla en base a los argumentos presentados.

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Congreso de la República.
Foto: Unal.

Luego de que el Gobierno objetara el proyecto que busca impedir que las entidades públicas disminuyan los requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo, Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia, explicó las razones de la decisión.

Según aseguró, uno de los reparos es que el proyecto convertiría en obligatorio un concepto del Consejo de Estado que actualmente tiene carácter consultivo y, además, limitaría facultades que el Gobierno considera propias para organizar los empleos públicos.

“La objeción presidencial se hace con base en razones de Constitucionalidad, tanto de fondo como de inconveniencia, porque la norma devendría en la inconstitucionalidad al variar competencias consultivas del honorable Consejo de Estado en obligatorias y porque irrumpe en facultades exclusivas del Gobierno nacional como la de prohibirle al Gobierno la facultad de organizar los empleos públicos”, afirmó Barreto.

El funcionario agregó que el Ejecutivo considera que ya existe una norma que fija requisitos mínimos para estos cargos, por lo que, a juicio del Gobierno, “la nueva ley resulta necesaria e inconveniente”.

Barreto también insistió en que los trámites adicionales previstos en el proyecto podrían hacer más lenta la provisión de cargos directivos.

“Adicionalmente, el proyecto exige 3 trámites previos, estudios internos del departamento administrativo de función pública y concepto del honorable Consejo de Estado para poder proveer el nombramiento en el servicio público, lo cual haría más lento y burocrático a la provisión de cargos de personal directivo, entorpeciendo la modernización del Estado en áreas como la inteligencia artificial o la transición energética”, dijo.

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Según el secretario jurídico, esa rigidez también podría dificultar la incorporación de nuevos perfiles y dejar de lado a jóvenes profesionales, habitantes de regiones y mujeres calificadas.

Finalmente, el Gobierno reiteró que está dispuesto a trabajar con el Congreso para revisar el tema y pidió archivar el proyecto o modificarlo.

“El Gobierno del presidente De La Espriella está abierto para que en colaboración armónica con el honorable Congreso de la República se pueda propender por la modernización, hacer accesible para todos el servicio público, implementar una política de cazatalentos e implementar otras herramientas modernas, digitales y tecnológicas, con el fin de que el Gobierno pueda incentivar e invitar a los mejores talentos”, agregó el secretario.

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