Treinta y tres académicos especializados en salud ambiental enviaron una carta abierta a la ministra de Salud, Ana María Vesga, y a la directora del Instituto Nacional de Salud, Zulma Cucunubá, en la que solicitan una evaluación independiente de los riesgos asociados con la eventual aspersión aérea de glufosinato de amonio para erradicar cultivos de uso ilícito en Colombia.
En el documento, los expertos señalan que reemplazar el glifosato por otro ingrediente activo no garantiza, por sí solo, que exista un menor riesgo para la salud y el ambiente. Por eso, piden que cualquier decisión tenga en cuenta la formulación comercial completa, los componentes adicionales del producto, las dosis previstas, las condiciones de aplicación y las características de los territorios donde se utilizaría.
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Los académicos también advierten sobre la necesidad de examinar la evidencia científica disponible acerca de los posibles efectos neurológicos, reproductivos y en el desarrollo, así como la información relacionada con la carcinogenicidad. Aclaran que los resultados observados en estudios con animales no demuestran automáticamente que esos mismos efectos se presenten en seres humanos, pero consideran que los hallazgos deben incluirse en la evaluación de los riesgos.
La carta plantea que los estudios piloto propuestos para analizar la afectación en las comunidades tienen limitaciones para establecer posibles consecuencias a largo plazo. Ante este escenario, los expertos señalan que el modelamiento puede ayudar a estimar la exposición, siempre que se sustente en datos de calidad, supuestos justificados y condiciones que correspondan a la forma en que se realizarían las aspersiones.
La evaluación, según el documento, debe considerar la posible exposición por inhalación, contacto con la piel y consumo de agua, además de los riesgos para residentes, trabajadores y personas que habitan o desarrollan actividades cerca de las zonas intervenidas. También solicita que se analicen las incertidumbres de los modelos y las medidas necesarias para prevenir la exposición.
Los firmantes piden que las autoridades sanitarias sustenten sus decisiones en evidencia científica y tengan en cuenta las diferencias entre las comunidades rurales, sus condiciones de salud, vivienda, acceso al agua y actividades laborales.
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Los académicos insisten en que la eventual utilización del glufosinato de amonio debe estar precedida por una evaluación específica de sus riesgos, sin asumir que el cambio de sustancia garantiza la seguridad de las personas y del ambiente.