La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas de conservación, protección y resignificación sobre las instalaciones de la actual Escuela de Logística del Ejército Nacional, en Bogotá, lugar donde funcionó el antiguo Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano, mencionado en múltiples investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
La decisión fue emitida por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, tras una solicitud presentada por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, víctima de los hechos del Palacio de Justicia de 1985.
Según el documento, la petición buscaba ampliar las medidas cautelares ya existentes para incluir las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, ubicadas en el sur de Bogotá, debido a su presunta relación con hechos asociados a desapariciones, torturas y operaciones de inteligencia militar ilegales.
La JEP explicó que el lugar tiene relevancia no solo para esclarecer lo ocurrido durante la retoma del Palacio de Justicia, sino también para investigaciones relacionadas con otros casos de graves violaciones a los derechos humanos que son analizados por la jurisdicción transicional.
En el documento, los magistrados señalan que existen elementos de información que vinculan al antiguo Batallón Charry Solano con posibles patrones criminales investigados dentro de los macrocasos 06 y 08 de la JEP, relacionados con crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica y acciones cometidas por miembros de la fuerza pública en conjunto con estructuras paramilitares.
La decisión también toma en cuenta versiones entregadas ante la JEP por exintegrantes de organismos de inteligencia militar, entre ellos José Leonairo Dorado Gaviria, quien habló sobre presuntas prácticas desarrolladas dentro de esas instalaciones.
En esas declaraciones se mencionan entrenamientos de inteligencia militar, seguimientos a objetivos considerados enemigos internos y presuntas detenciones e interrogatorios realizados dentro del batallón. Sin embargo, la JEP aclaró que gran parte de esa información aún se encuentra en proceso de verificación y contrastación.
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Además de los testimonios, la magistratura recopiló documentos históricos y judiciales, incluyendo archivos de la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa. Entre ellos aparece información sobre la creación y funcionamiento del Batallón Charry Solano desde la década de 1960 y su posterior transformación en estructuras de inteligencia militar adscritas al Ejército Nacional.
Uno de los puntos clave del auto es el reconocimiento de la importancia de preservar el lugar como espacio de memoria histórica. La JEP sostuvo que el derecho a la verdad no solo corresponde a las víctimas directas, sino también a toda la sociedad colombiana, especialmente en contextos de graves violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido, el tribunal enfatizó que la protección de estos espacios busca garantizar la conservación de posibles elementos probatorios, evitar alteraciones o destrucciones y avanzar en procesos de resignificación simbólica orientados a la reparación y la no repetición.
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La magistratura también indicó que las medidas cautelares no interfieren con las labores de búsqueda forense que puedan adelantarse en el lugar por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y otros organismos técnicos.
El auto recuerda que sobre estos predios ya existían medidas cautelares decretadas desde septiembre de 2024, inicialmente relacionadas con la búsqueda de Pedro Julio Movilla Galarcio, dirigente político desaparecido en 1993.
La Escuela de Logística, donde antes funcionó el Batallón Charry Solano, también estaría involucrado como posible lugar de inhumación clandestina de Irma Franco, exintegrante del M-19 desaparecida tras el Holocausto del Palacio de Justicia en 1985. Así lo reveló el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, y Mateo Piñeros, quienes fueron reconocidos con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Noticia en Audio, por esa investigación.
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