JEP asume investigaciones contra Álvaro Ashton por parapolítica y cartel de la toga

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exsenador Álvaro Ashton para que el proceso que hay en su contra por el denominado cartel de la toga y parapolítica pase a ser juzgado en ese tribunal.

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP explicó que "tiene competencia para conocer de las conductas por las cuales el solicitante es investigado en la jurisdicción ordinaria, pues las dos presuntamente se cometieron antes del 1 de diciembre 2016”.

Así mismo, la sala precisa que según constata en la resolución del 13 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del exsenador, “las reuniones en las cuales presuntamente se concertó la colaboración entre el señor Asthon Giraldo y el frente José Pablo Díaz del bloque norte de las AUC tuvieron lugar entre los años 2004 y 2006”.

Por otro lado, manifiesta que en cuanto al delito de cohecho por dar u ofrecer, la prueba testimonial incorporada al expediente señala que el hecho se cometió aproximadamente a finales del año 2013.

Frente a su investigación por el denominado cartel de la toga, en el que está involucrado junto con los magistrados Gustavo Malo y Leonidas Bustos, así como el exmagistrado Francisco José Ricaurte por el cobro de comisiones de $600 millones para entorpecer múltiples procesos, la JEP aseguró:

“La Sección de Apelación considera que en aplicación de un análisis de baja intensidad, que es el correspondiente a este momento procesal, que si bien se trata de un delito común cuyo conocimiento no ha sido expresamente atribuidos a la JEP, la relación con el conflicto armado en este caso podría derivarse del móvil que determinó la intención del solicitante para tratar de encubrir con un manto de impunidad las alianzas delictiva celebradas entre políticos empresarios y paramilitares del departamento del Atlántico”.

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Por tanto, este hecho en principio evidenciaría un evento a la "probable conexidad consecuencial entre los delitos de concierto para delinquir y cohecho".

Como se trata de un análisis de poca profundidad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas manifestó que, de acuerdo a como avance el proceso, podría determinarse que la Jurisdicción Especial no podría entrar a juzgar los hechos y en ese caso podría devolverse a la justicia ordinaria.

El proceso del exsenador que está privado de la libertad desde octubre de 2017 está sujeto a su estricto compromiso de verdad ante el tribunal para la paz.

Finalmente, la JEP solicitó a la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal 29 de la Unidad de Administración Pública una remisión de los procesos y notificó al exsenador Ashton para que, en un término de quince días, presente a la sala un expediente que amplíe su proyecto de aporte al desarrollo de la verdad en los términos de la decisión.