La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa agravándose tras más de 15 meses de confrontaciones armadas, con nuevas formas de violencia como el uso de drones con explosivos, la expansión de minas antipersonal y un aumento sostenido de desplazamientos, confinamientos y homicidios en la región.
Entre el 24 y el 28 de marzo de 2026, una comisión interinstitucional con participación de entidades del Estado y organizaciones sociales realizó una visita a zonas del municipio de Tibú, donde se recogieron testimonios y se documentaron distintas afectaciones en el territorio.
De acuerdo con el informe, se registra el uso sistemático de drones con artefactos explosivos sobre zonas pobladas, así como la instalación de minas antipersonal en viviendas, caminos, ríos e incluso cerca de instituciones educativas. A esto se suman bombardeos atribuidos a la Fuerza Pública que, según el documento, han afectado bienes civiles y cuyos daños permanecen sin atención estatal.
En medio de este panorama, las comunidades advierten que el miedo se ha convertido en una constante. “La gente que está en el territorio es porque no tiene para dónde agarrar, es porque no tiene las condiciones o no ha podido salir del territorio, y, pues, se niega, precisamente, también a abandonar la tierra, que es la que ha trabajado toda su vida. Y dejar la tierra abandonada es parte, precisamente, del desarraigo en el que hemos luchado para que no se dé en ese territorio desde hace veinte años hacia acá”, señala Olga Lucía Quintero, lideresa social del Catatumbo.
Además, pidió diálogo urgente entre el Gobierno y los grupos armados, con el fin de comenzar a construir la paz en esta región. “No queremos más guerra, estamos agotados, la guerra está dejando víctimas en este conflicto, está dejando desplazados, confinados, personas con secuelas psicológicas, y requerimos que haya un pare”, agregó.
Desde las organizaciones humanitarias también alertan sobre el recrudecimiento del conflicto. Lina Mejía, coordinadora de derechos humanos de la corporación Vivamos Humanos, explica que la visita permitió evidenciar un aumento de las afectaciones, así como preocupaciones por el uso de drones, la presencia de artefactos explosivos y las limitaciones en el acceso a servicios básicos. Aunque reconoce que hubo presencia institucional, advierte que persisten “falencias significativas” en la atención, especialmente en el registro de víctimas, la entrega de ayudas y procesos como restitución de tierras y acceso a salud.
El informe también documenta una crisis humanitaria con constantes desplazamientos, confinamientos prolongados, desnutrición, restricciones a la movilidad y cierre de instituciones educativas por el riesgo de minas y el reclutamiento forzado. Además, se advierte sobre el reclutamiento de niñas entre 12 y 15 años, lo que ha llevado a familias a separarse como medida de protección.
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Según relata el informe, la Personería Municipal de Tibú, reporta acumulación de casos sin atender, demoras en la toma de declaraciones y dificultades en la entrega de ayudas humanitarias.
Para el expresidente Ernesto Samper, fundador de Vivamos Humanos, el conflicto en el Catatumbo presenta nuevas características que requieren un enfoque distinto. “Entender que el tipo de guerra que se está librando no es el mismo que desde hace diez o veinte años”, afirma, al señalar fenómenos como el reclutamiento digital.
“La paz hay que buscarla en los territorios, y hay que buscar en los territorios con sus características. Y no solamente la presencia militar, podemos mandar 12.000 efectivos, pero si no hay escuelas, si no hay una presencia en los hospitales del Catatumbo, si no se terminan de construir las carreteras para que los campesinos saquen sus productos, simplemente no va a haber paso”, señaló Samper.
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Por su parte, el consejero de paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, advierte que la situación es “compleja” y hace un llamado urgente a establecer una mesa de diálogo regional que permita acordar mínimos humanitarios entre los actores armados.
“Una mesa que no tiene que ver con la negociación política del acuerdo de paz, sino una mesa que busque los mínimos humanitarios. Las partes, tanto el Frente 33, como el ELN, como la comunidad, la iglesia, están de acuerdo en que se abra esta mesa para que se haga un alivio humanitario de inmediato”, subrayó Niño.
Pese a la gravedad del panorama, la visita interinstitucional también dejó algunas acciones de atención. En total, se realizaron cerca de 1.700 intervenciones, entre ellas 700 atenciones médicas, 450 orientaciones a víctimas, 220 atenciones psicosociales y 120 acciones de prevención del reclutamiento. Sin embargo, el propio informe concluye que estos esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a una crisis estructural que continúa deteriorándose.
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