En un extenso comunicado, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, cuestionó con dureza la decisión del gobierno de Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura y extradición contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos su máximo comandante, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”.
“El gobierno del presidente Petro convirtió la llamada paz total en una rendición total frente al narcotráfico (...) Esto no es un gesto de paz. Es una concesión política y judicial a la organización narcotraficante más poderosa del país, con consecuencias gravísimas para el Estado de derecho, la credibilidad internacional de Colombia y la integridad del proceso electoral que hoy vive la Nación”, afirmó Gaviria.
El exmandatario afirmó que, desde el inicio de esa política, se había advertido que negociar con estructuras armadas ilegales sin condiciones claras ni resultados verificables terminaría fortaleciendo a estos grupos. Según señaló, mientras el Gobierno hablaba de paz, el Clan del Golfo habría expandido su presencia territorial y consolidado su control criminal en varias regiones del país, sin que se registraran desmovilizaciones reales ni una reducción sostenida de la violencia.
Gaviria también cuestionó lo que calificó como una contradicción del Ejecutivo frente a Estados Unidos. Recordó que, hace unos meses, el propio presidente Petro presentó a alias “Chiquito Malo” ante autoridades estadounidenses como uno de los principales objetivos de captura del Estado colombiano, mientras que ahora se estaría solicitando detener la persecución judicial en su contra.
“La soberanía no consiste en debilitar la justicia ni en proteger criminales. La soberanía consiste en hacer respetar la ley y honrar los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de cooperación judicial y lucha contra el narcotráfico”, añadió.
El exjefe de Estado manifestó, además, preocupación por una posible interferencia del poder político en decisiones judiciales. Citando la autonomía de la Fiscalía consagrada en la Constitución, sostuvo que ninguna resolución administrativa del Ejecutivo puede reemplazar las competencias de la justicia ni interferir en las investigaciones contra jefes de estructuras criminales responsables de homicidios, narcotráfico, desplazamiento y control armado de territorios.
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Otro de los puntos señalados por el líder liberal es el momento en el que se produce la decisión. Según indicó, la resolución coincide con la recta final del calendario electoral de 2026, lo que —dice— exige total transparencia para garantizar que ninguna organización criminal tenga capacidad de presión o intimidación en regiones donde históricamente ha ejercido control territorial.
“Los colombianos tienen derecho a saber que ninguna estructura criminal tendrá capacidad de presión, influencia o intimidación sobre las regiones donde históricamente estos grupos ejercen control territorial. La democracia no puede quedar bajo la sombra de organizaciones armadas ilegales”, afirmó.
En su declaración, Gaviria también rechazó el asesinato del joven periodista Mateo Pérez, presuntamente cometido por integrantes de las disidencias lideradas por Calarcá. Señaló que este crimen refleja las consecuencias humanas de lo que calificó como una política fallida que —según dijo— ha permitido ampliar la capacidad de intimidación y violencia de los grupos armados ilegales.
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Finalmente, el exmandatario aseguró que la política de paz total, sustentada en la Ley 2272 de 2022, nunca autorizó convertir los procesos de acercamiento con organizaciones criminales en escenarios de suspensión indefinida de la acción de la justicia sin resultados verificables ni garantías para las víctimas. Por ello, el Partido Liberal pidió que las instituciones del Estado actúen con independencia y rigor jurídico frente a una decisión que —según Gaviria— compromete la seguridad nacional, la confianza internacional y la estabilidad democrática del país.