El Consejo de Estado suspendió provisionalmente dos normas del decreto que permitían trasladar cerca de $4 billones a la UNGRD para atender la emergencia por el fenómeno de El Niño, al considerar que el Gobierno excedió sus facultades al modificar el presupuesto sin autorización del Congreso.
La decisión se dio tras admitir una demanda contra dicho documento expedido tras declararse la situación de emergencia como una medida para enfrentar las afectaciones por las altas temperaturas.
La decisión recae sobre el parágrafo del artículo 4 y el inciso segundo del artículo 5, que autorizaban al Ministerio de Hacienda a realizar traslados presupuestales para atender las poblaciones priorizadas y otras medidas. Es decir, que, con esta medida cautelar, esas facultades quedan temporalmente suspendidas hasta que exista una decisión definitiva sobre su legalidad.
El alto tribunal encontró en un análisis preliminar que el Gobierno habría excedido sus competencias al permitir modificaciones al Presupuesto General de la Nación mediante un decreto ordinario y sin la autorización previa del Congreso.
La Constitución establece que las decisiones relacionadas con la creación, modificación o traslado de partidas presupuestales deben contar, por regla general, con el aval del Legislativo, salvo que exista un estado de excepción o una habilitación legal expresa.
El Consejo de Estado también concluyó que el artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, citado por el Gobierno como fundamento jurídico, no autoriza la realización de traslados presupuestales pues la norma únicamente obliga al Ministerio de Hacienda a garantizar que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuente con recursos suficientes para atender emergencias, pero no le otorga la facultad de modificar el presupuesto nacional sin seguir el procedimiento mencionado anteriormente.
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Otro de los argumentos que respaldó la decisión fue la urgencia de adoptar la medida cautelar pedida en la demanda. El despacho consideró que, si esperaba el trámite ordinario del proceso, existía el riesgo de que los recursos fueran trasladados y comprometidos mediante mecanismos de contratación especial antes de que se pudiera tomar una decisión judicial y luego no se pudieran revertir.
El resto de las medidas adoptadas por el Gobierno para atender la emergencia continúa vigente mientras avanza el proceso judicial y se estudia el fondo de la controversia.
Tras la admisión de la demanda, las entidades del Gobierno serán notificadas y tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos para defender la legalidad del decreto. Posteriormente, la corporación analizará las pruebas y los planteamientos de las partes antes de emitir una sentencia definitiva que determine si las normas demandadas se ajustan o no a la Constitución y a la legislación presupuestal colombiana.
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