El pasado fin de semana se registró la quema de vehículos, un local comercial y hasta la muerte de un agente de tránsito en Tuluá, Valle, en una aparente represalia por los operativos contra la banda La Inmaculada, la Procuraduría viajó hasta el municipio para atender la crisis humanitaria.
En medio de esa inspección la Comisión Especial de la Procuraduría halló graves fallas de seguridad en la cárcel de Tuluá, donde se encuentran recluidos varias personas señaladas de ser parte o tener vínculos con ese grupo ilegal. Uno de los hallazgos más preocupantes es que el 70 % de las cámaras de videovigilancia no funcionan a pesar de las reiteradas solicitudes a la Uspec para que sean reparadas.
El procurador delegado de Derechos Humanos de la Procuraduría, Javier Sarmiento, quien lidera la comisión, aseguró que tras una reunión con el director de la cárcel de Tuluá evidenció que “los muros perimetrales que conectan con el barrio la Inmaculada no han sido construidos”, y eso estaría permitiendo el paso de drogas, armas, celulares y todo tipo de elementos prohibidos en el centro penitenciario.
Pero lo más grave es que desde el voraz incendio que cobró la vida de 56 presos en la cárcel de Tuluá a finales de agosto de 2022, la Procuraduría encontró en la reciente visita que todavía no funciona el sistema contra incendios también sigue dañado y ahora el riesgo es para las más de 900 personas detenidas en esa prisión del Valle.
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La visita de la Procuraduría también le dejó una alerta al Gobierno nacional, pues aunque la reacción a lo sucedido se ha concentrado en Tuluá, el procurador Sarmiento advirtió que si no se expanden las medidas de seguridad, lo que se va a extender por los municipios aledaños es la violencia que estaría generando La Inmaculada, tras la captura de alias ‘Nacho’, hermano de alias ‘Pipe’, el máximo cabecilla de la banda.
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