Un policía muerto y un presunto disidente abatido dejó un enfrentamiento entre la fuerza pública y el frente 57 de las disidencias de las Farc, en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca. El hecho se registró en la madrugada de este domingo en un sector comercial del corregimiento de La Marina, cuando un grupo de policías que se encontraba recorriendo varios establecimientos nocturnos fueron atacados a disparos por hombres que portaban armas largas.El enfrentamiento quedó registrado en video, donde se ve a un uniformado defendiéndose de los disparos de varios hombres, uno de ellos vistiendo una ruana y portando un fusil. Instantes después se ve a dos personas en el piso, una de ellas al parecer herida, y la otra intentando auxiliarla.De inmediato se desató el pánico en la zona, obligando a la comunidad a refugiarse en los locales y las casas aledañas para no quedar en medio del fuego cruzado.Este combate ocurre horas después de que en el sector de Monteloro, también en zona rural del municipio de Tuluá, se registraran enfrentamientos entre el frente Adán Izquierdo y el frente 57, grupos que delinquen en esta zona del municipio y se disputan el control territorial.
Los habitantes de la zona rural alta de Tuluá se encuentran atemorizados tras el más reciente ataque contra la fuerza pública ocurrido en el corregimiento de Barragán, cuando los policías que se encontraban en la estación de este sector fueron atacados a disparos por presuntos integrantes del 'Frente 57' de las disidencias de las Farc.La reacción de los policías y de los soldados que se encontraban por la zona permitió contrarrestar el ataque, evitando así que personas resultaran lesionadas en medio del hecho. Sin embargo hoy, la tensión persiste en la comunidad.Este hecho impulsó al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, a hacer un contundente llamado al próximo gobierno nacional, para frenar la expansión de los grupos armados ilegales en las montañas del municipio."Nosotros tenemos una situación compleja hacia la zona de media y alta montaña con la presencia de grupos insurgentes del 'Frente 57', y la 'Adán Izquierdo'. Se necesita que se recupere la tranquilidad, la seguridad, para poder garantizar que la inversión llegue a los sectores más apartados y que podamos aprovechar las oportunidades que tenemos hoy en la media y alta montaña", dijo el mandatario tulueño.El alcalde Vélez aseguró que está a la espera de la definición de la fecha para el empalme regional que está adelantado el presidente electo Abelardo de la Espriella, para lograr reunirse con él y darle a conocer las principales necesidades del centro del Valle del Cauca, en materia de seguridad."Es indudable que aquí lo que se requiere es un apoyo del gobierno nacional para mejorar las condiciones tecnológicas, para tener mayor capacidad de operatividad, para tener disposición tanto de oficiales como de militares que hagan presencia en nuestro territorio", finalizó Vélez.
Tres vehículos y una retroexcavadora fueron incinerados por hombres armados en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, en un sector conocido como Colonia Baja, ubicado entre El Picacho y el corregimiento de La Marina de ese municipio.De acuerdo con información preliminar, los vehículos pertenecían a una empresa contratista encargada de instalar torres de energía de alta tensión, un proyecto de infraestructura eléctrica que se adelanta en la zona."Los vehículos son de una empresa contratista de la compañía de electricidad de Bogotá, porque ellos están instalando unas torres de energía; es un proyecto que es a nivel nacional y hace parte de la infraestructura eléctrica del país. Esa red viene desde Antioquia y pasa por acá, por Tuluá", dijo Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.Según las autoridades, los hombres armados interceptaron a los trabajadores, los obligaron a descender de los vehículos y posteriormente procedieron a incinerarlos. Entre los vehículos afectados se encuentran un camión, una buceta y una camioneta, esta última hurtada y posteriormente quemada en el sector de San Lorenzo."En esos vehículos ellos llevaban material precisamente para el proceso y los quemaron, pero ellos huyeron después de eso en una camioneta que más adelante también la quemaron. Eso es un tema que no entiende uno, sabiendo que esto es para el desarrollo de las comunidades, y esas son cosas de los bandidos y es una situación lamentable", explicó el secretario.De manera simultánea, una retroexcavadora que realizaba labores comunitarias en la vereda Brasil también fue incinerada por los sujetos. Tras estos hechos, las autoridades anunciaron la suspensión preventiva de las obras en la zona, incluyendo un proyecto turístico denominado “Cruz del Picacho”, adelantado entre la Gobernación y la Alcaldía, debido a presuntas amenazas contra su ejecución.
Autoridades en el Valle del Cauca confirmaron que un equipo médico fue secuestrado y obligado por hombres armados a prestar servicios de salud a un presunto disidente herido en combates en el corregimiento de Barragán, zona rural de Tuluá.Según información preliminar, un auxiliar de enfermería y el conductor de una ambulancia estuvieron bajo amenazas para atender al herido, quienes fueron llevados hasta una finca en esta zona rural.Aparentemente, el disidente se encontraba con heridas de bala, producto de enfrentamientos recientes entre estructuras de disidencias de las Farc que se disputan el control territorial.Ante estos hechos, el secretario de Seguridad de Tuluá, Martín Hincapié, calificó el suceso como una violación al Derecho Internacional Humanitario y una agresión directa a la misión médica. Dijo, además, que solicitó la intervención inmediata de organismos nacionales e internacionales para garantizar la protección de los trabajadores de la salud.
Momentos de pánico se vivieron en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, luego de que hombres armados asesinaran a disparos a un hombre de 51 años que se encontraba en la tribuna de un escenario deportivo.El hecho se registró frente al Coliseo Benicio Echeverry, donde la víctima observaba una jornada de patinaje en la que participaba uno de sus familiares. Según testigos, los disparos generaron conmoción entre las personas que se encontraban en el lugar, muchas de las cuales buscaban resguardarse mientras se presentaba el ataque.De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, el hombre se dedicaba a la compra y venta de oro y falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas."Se conoce que la victima se dedicaba a la venta y compra de oro en el municipio de Tuluá, lamentamos estos hechos y las autoridades ya se encuentran investigando las causas de este crimen, no conocemos si la victima tenia amenazas", dijo Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables. En esta zona del departamento hacen presencia diversas bandas criminales, entre ellas la organización conocida como La Inmaculada, que durante años ha tenido injerencia en el municipio.Cabe recordar que el líder de esta estructura, conocido con el alias de 'Pipe Tuluá', fue extraditado hace algunas semanas a los Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas.
En Cali, Valle del Cauca, en el marco de las acciones adelantadas para combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad en la región, las autoridades lograron la captura de alias ‘El Buda’ en un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación.De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias ‘El Buda’ estaría vinculado con el homicidio del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el municipio de Tuluá, un hecho que generó gran conmoción en el departamento del Valle del Cauca y que ocurrió el 18 de diciembre de 2025.Las autoridades señalaron que su presunta participación en este crimen es uno de los elementos clave dentro del proceso investigativo que permitió su ubicación y posterior captura.Asimismo, este hombre sería señalado como presunto coordinador de las estructuras criminales conocidas como ‘Los Viruña’ y ‘Los Chagualos’, grupos delincuenciales dedicados principalmente al sicariato y a otras actividades criminales en el barrio El Rodeo, en Cali. Estas estructuras habrían estado involucradas en distintos hechos violentos que afectan la seguridad y la convivencia en este sector de la ciudad.
Un operativo militar de escala, con más de 150 unidades desplegadas, se adelanta desde la tarde del pasado 28 de febrero en zona de media y alta montaña de Tuluá, como parte de una ofensiva del Estado para reducir la presencia de grupos armados ilegales que operan en esta región del centro del Valle del Cauca.Las acciones son ejecutadas por tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, que realizan operaciones de control, búsqueda y ubicación de las disidencias de las Farc, estructuras que, según las autoridades, mantienen una disputa territorial que ha incrementado los hechos violentos en esta zona del departamento.Uno de los principales objetivos del operativo es alias 'Óscar Barreto', señalado como cabecilla del frente 57 y considerado objetivo prioritario del Estado. Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Este hombre cuenta con más de 15 años de vida criminal, integrando tanto al ELN, las Farc y las disidencias, donde ahora es cabecilla de uno de sus frentes; a su vez es acusado de delitos como tráfico de estupefacientes y armas, reclutamiento forzado, extorsión, terrorismo y desplazamiento forzado, entre otros.Este sujeto tendría injerencia en los municipios de Sevilla, Tuluá, Guacarí, Ginebra, Buga, Palmira y Cerrito.Tras finalizar un consejo de seguridad realizado en Cartago, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el alcance del operativo y envió un mensaje directo a este cabecilla: “Por alias 'Óscar Barreto', cabecilla de la estructura criminal del frente 57, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado. El mensaje es claro: existen todas las garantías constitucionales y legales para que se entregue. De no hacerlo, enfrentará la fuerza legítima del Estado. No le haga más daño al país, no le haga más daño a Colombia. Esta puede ser una oportunidad para cambiar el rumbo de sus acciones. De lo contrario, será neutralizado con toda la fuerza legítima del Estado”.Por su parte, el secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, advirtió que estas estructuras armadas no solo sostienen una disputa territorial, sino que además estarían vinculadas con el homicidio de líderes y lideresas sociales, así como con múltiples afectaciones a la comunidad en general.Las autoridades confirmaron que la intervención militar se mantendrá en esta zona montañosa del centro del Valle del Cauca y que, de acuerdo con los resultados operacionales, se extenderá hacia el norte del departamento, con el objetivo de restablecer el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades.
El Hospital Tomás Uribe del municipio de Tuluá es una de las instituciones de alta complejidad que está recibiendo la sobredemanda de pacientes del centro del valle del Cauca, usuarios de las EPS intervenidas a las que otras instituciones de salud les han suspendido su atención.Por esta razón el hospital está reportando una sobreocupación en todos sus servicios, especialmente en urgencias, donde los tiempos de espera, incluso para la realización del triage se han extendido.A través de un comunicado, el hospital Tomás Uribe señaló que "la situación obedece a las dificultades que actualmente atraviesa el sistema de salud relacionadas con la operación y prestación de servicios por parte de las EPS, que escapan del alcance del hospital".Para superar esta contingencia, la secretaría de Salud de Tuluá envió una comunicación a hospitales de municipios cercanos como Riofrío, Bugalagrande, Andalucía, San Pedro y Trujillo, para que reciban a los pacientes que actualmente puedan ser atendidos en los hospitales de nivel 1 y 2 para así ir descongestionando al Tomás Uribe.
En zona rural de Tuluá, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde diciembre de 2025. La familia de la víctima había denunciado su desaparición ante las autoridades, quienes desde un inicio manejaron la hipótesis de un posible secuestro atribuido a grupos armados al margen de la ley que operan en la región.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio."Su familia había denunciado su desaparición desde diciembre , el Gaula tomo el caso pero desafortunadamente el cuerpo de la victima fue encontrado sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego, estamos investigando quienes están detrás de estos hechos" dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Valle. Una de las primeras líneas de investigación apunta a la posible participación del frente 57, estructura armada que delinque en esta zona del centro del Valle del Cauca.La víctima era un comerciante con varios años de trayectoria en el sector agrícola. Según las indagaciones preliminares, habría sido objeto de extorsiones, una hipótesis que también es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales.
Tras varias horas de operativos conjuntos entre el Ejército y la Policía en Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, las autoridades entregaron el balance de la intervención que dejó resultados en materia de seguridad.Entre las capturas más relevantes figuran alias ‘La Gorda’, señalada cabecilla del frente 57, y alias ‘Pipo’, presunto sicario del grupo delincuencial ‘Los de la G’, con presencia en Tuluá, Andalucía y Bugalagrande."En el corregimiento de La Marina, en zona rural, fue capturada alias ‘La Gorda’, sindicada de ser cabecilla del Frente 57 de Iván Mordisco. Durante el operativo se incautaron elementos de uso militar, material extorsivo y una agenda con información de víctimas. La detenida sería responsable de fortalecer las finanzas del grupo mediante extorsiones, secuestros y de coordinar actividades delictivas en la región", dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.Durante los procedimientos, las autoridades incautaron seis armas de fuego, cerca de tres toneladas de marihuana y 49 teléfonos celulares que, según las investigaciones, eran utilizados para coordinar actividades ilegales. Además, fueron recuperadas siete motocicletas y seis vehículos reportados como hurtados."Nosotros acá tenemos actores delincuenciales desde la cárcel y por eso también llegamos hasta allá. Allí les quitamos celulares, porque a través de llamadas extorsionan a la comunidad y les exigen dinero. Les pedimos a los ciudadanos seguir denunciando para poder capturar a los responsables, pero también vamos a marcar carros y motos para reducir el hurto y la comercialización de vehículos robados", expresó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.En esta, que es la tercera megatoma adelantada en el Valle del Cauca como medida de choque contra la criminalidad, participaron cerca de 400 uniformados de la fuerza pública. La operación contó además con apoyo aéreo del Comando Aéreo de Combate No. 7 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Las personas con diabetes tipo 2 podrían reducir hasta en un 53 % el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves si reciben un tratamiento que controle varios factores de riesgo y no solamente los niveles de azúcar en la sangre.Así lo evidencian los resultados de estudios sobre el abordaje integral de esta enfermedad, que también han identificado una reducción cercana al 65 % en la progresión del daño renal cuando se interviene de manera simultánea sobre diferentes condiciones de salud.La recomendación cobra relevancia si se tiene en cuenta que, según la Federación Internacional de Diabetes, cerca del 90 % de las personas diagnosticadas con diabetes tienen el tipo 2, una enfermedad que aumenta el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones en los riñones.Uno de los principales problemas es que estas afectaciones pueden avanzar durante años sin presentar síntomas evidentes. Por eso, una persona puede sentirse bien y, al mismo tiempo, tener alteraciones en su presión arterial, colesterol o función renal que todavía no han sido identificadas.El estudio Steno-2 también encontró beneficios de este enfoque. En su seguimiento a largo plazo, los pacientes que recibieron una intervención intensiva sobre varios factores de riesgo tuvieron una supervivencia mediana cercana a ocho años mayor frente a quienes recibieron un tratamiento convencional.Esto significa que el manejo de la diabetes no debería limitarse a medir la glucosa. También requiere revisar periódicamente la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, el peso corporal y el funcionamiento de los riñones.En el marco del Mes de la Diabetes, Giovanni Colucci, líder de Asuntos Médicos en Servier, planteó cinco preguntas que los pacientes pueden llevar a sus consultas médicas para ampliar el seguimiento de la enfermedad: cómo está su riesgo cardiovascular, cómo están funcionando sus riñones, qué indicadores deben vigilar además de la glucosa, si están identificando a tiempo posibles complicaciones y qué cambios en sus hábitos pueden ayudar a proteger su salud a futuro.Dentro de estas revisiones también se encuentran los controles de la visión, la sensibilidad en los pies y el funcionamiento de los nervios, debido a que la diabetes puede afectar diferentes partes del organismo.La recomendación es que los pacientes mantengan controles periódicos y conversen con sus médicos sobre la alimentación, la actividad física y el cumplimiento de los tratamientos, con el propósito de identificar riesgos antes de que se conviertan en complicaciones.
La emergencia por las fuertes lluvias mantiene en dificultades a las comunidades rurales de Simacota, Santander. El colapso total de la banca en una vía de la vereda San Pascual dejó sin vía terciaria este sector del municipio.La situación no es aislada. De acuerdo con Diana Jiménez Gutiérrez, secretaria de Gobierno de Simacota, las afectaciones en la movilidad se extienden a siete veredas de la región, lo que tiene en declibe la economía de diferentes campesinos que vienen sorteando trayectos en pésimas condiciones.Considerando que el municipio es el tercero más grande de Santander, la situación es lamentable y se busca el apoyo del Gobierno Departamental para revisar y actuar de manera oportuna en los puntos donde se registran fallas geológicas.Uno de los puntos más afectados es la vereda El Guamo, donde cerca de 200 familias tienen dificultades para transportar y comercializar sus productos, por lo que varios agricultores ya adviertes de pérdidas económicas a falta de vías.En San Pascual, el desplome de la banca dejó interrumpido el tránsito y complicó las actividades cotidianas de los habitantes, especialmente el transporte de la producción agrícola y el desplazamiento de los estudiantes.La secretaria de Gobierno explicó que la Administración Municipal ha intentado atender las emergencias con recursos propios y maquinaria; sin embargo, la intensidad y continuidad de las precipitaciones superaron la capacidad de respuesta del municipio.Ante la magnitud de los daños, durante un comité extraordinario de gestión del riesgo fue declarada la calamidad pública, con el propósito de fortalecer la atención de las emergencias y avanzar en las acciones necesarias para recuperar la movilidad en las zonas rurales.Mientras tanto, las comunidades esperan una intervención urgente de las autoridades departamentales y los organismos competentes para recuperar el paso y evitar que las afectaciones a las vías sigan golpeando la economía y las condiciones de vida de las familias campesinas.Las lluvias también han provocado emergencias en otros municipios de Santander, donde las autoridades mantienen el seguimiento a las afectaciones ocasionadas por la temporada invernal.
El país aspira reglamentar por primera vez el manejo de abejas nativas sin aguijón. La iniciativa busca establecer reglas para quienes desarrollan esta actividad ancestral, facilitar el aprovechamiento sostenible de productos como la miel, el polen y el cerumen, y fortalecer la protección de estas especies, fundamentales para la polinización y la conservación de los bosques.El proyecto contempla un procedimiento único y gratuito para registrar los meliponarios, obtener el permiso de funcionamiento e identificar cada colonia mediante un número único. Además, establece la obligación de llevar un libro de manejo que permita hacer seguimiento a las poblaciones y a las condiciones en las que se desarrolla la actividad.El trámite podrá realizarse ante las autoridades ambientales de cada territorio y estará disponible tanto para quienes ya ejercen la meliponicultura como para las personas interesadas en comenzar.Según el Ministerio de Ambiente, esta reglamentación también busca evitar prácticas que ponen en riesgo las colonias, como la tala de árboles para extraerlas, su traslado a lugares donde no sobreviven y el uso de agroquímicos cerca de las colmenas.En Colombia se ha documentado la existencia de cerca de 166 especies de abejas nativas sin aguijón. Además, se reportan al menos 175 meliponarios activos en 23 departamentos, con 4.823 colonias y 44 especies bajo manejo.Estas abejas cumplen una función esencial en los ecosistemas, pues contribuyen a la reproducción de numerosas especies vegetales. De acuerdo con cifras citadas de la FAO y la plataforma IPBES, cerca del 75 % de los cultivos alimentarios y el 90 % de las plantas silvestres con flor dependen, en alguna medida, de la polinización.Con esta propuesta, el Gobierno busca establecer condiciones para desarrollar esta actividad, generar alternativas económicas para las comunidades y proteger la biodiversidad. El proyecto de resolución se encuentra en etapa de comentarios antes de avanzar en su reglamentación definitiva.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron nuevos daños en la vía que comunica al corregimiento de Nuevo Antioquia con el casco urbano de Turbo, en Urabá. La emergencia dejó tres puntos críticos en la carretera, uno de ellos con pérdida total de la banca, lo que mantiene incomunicadas a varias comunidades rurales.Según denunció el concejal de Turbo, Dairo Vargas, en diálogo con Blu Radio, la afectación más grave se presenta en el sector conocido como La Arenera, donde el terreno cedió y dejó un barranco que impide el tránsito normal de vehículos. Aunque maquinaria trabaja en el lugar para habilitar un paso provisional, las condiciones de movilidad siguen siendo difíciles: en uno de los tramos solamente pueden pasar motocicletas y en otro no hay paso ni siquiera para estos vehículos.El concejal estimó que entre 15.000 y 20.000 personas de las veredas de las partes alta y baja podrían estar afectadas por esta situación. Además de las dificultades para movilizarse, la emergencia compromete el transporte de productos agrícolas y las actividades ganaderas de esta zona rural."En estos momentos pues hay una máquina interviniendo, pero paso provisional pues como para para que las comunidades no queden pues como tan aisladas de del sector urbano y puedan sacar sus productos,.Hay muchos cultivos agrícolas para para este sector, pues va hasta no más hasta allá, también va la ganadería. Incluso a la misma comunidad nos ha tocado desde ayer con algunos enfermos también pasarlos por ahí, arriesgando la vida tanto del enfermo como la de las demás personas tratando de pasarlos por ahí por un por un barranco", detalló. La situación también representa un riesgo para la atención de emergencias. Vargas relató que habitantes tuvieron que trasladar a personas enfermas por un barranco, exponiendo tanto a los pacientes como a quienes los ayudaban, ante la falta de condiciones para transitar. Señaló que esta es la segunda vez que se registra una afectación de estas características en el sector de La Arenera y pidió intervención de la Alcaldía de Turbo y del Instituto Nacional de Vías, Invías, entidad a cargo de esta carretera.Aunque existe una ruta alterna por San José de la Antioquia, el concejal advirtió que tampoco ofrece garantías de movilidad durante las lluvias. Por eso, insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional desembolse los recursos para un proyecto de pavimentación de esta vía, que, según indicó, quedó aprobado desde la administración anterior.
A 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, una tragedia que aún tiene muchas incógnitas sin resolver, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) rindió homenaje a Fanny González Franco, la primera mujer en ocupar una magistratura titular de la Corte Suprema de Justicia y una de las víctimas de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.Durante el encuentro conmemorativo, realizado el pasado viernes 6 de noviembre, la entidad entregó a la familia de la magistrada una placa con las palabras que, según sus allegados, pronunció desde su despacho mientras el edificio permanecía tomado por integrantes de la guerrilla del M-19.El reconocimiento fue entregado por D'Mar Córdoba Salamanca, director general del CNMH, a María Jozame González, sobrina nieta de la magistrada, quien ha trabajado en los últimos años por mantener viva su memoria.¿Quién fue Fanny González Franco, la primera magistrada de la Corte Suprema?Nacida en el departamento de Caldas, Fanny González Franco fue una de las mujeres que abrió camino en la justicia colombiana, en una época en la que los principales cargos judiciales estaban ocupados mayoritariamente por hombres.Fue la primera mujer graduada en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y desarrolló parte de su carrera como jueza en Manizales. En 1984 llegó a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar una magistratura titular en el alto tribunal.Su trayectoria se vio interrumpida el 6 de noviembre de 1985, cuando integrantes del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Durante la toma y posterior retoma militar, la magistrada perdió la vida junto a otros funcionarios judiciales y personas que se encontraban dentro del edificio.Las últimas palabras de Fanny González que su familia busca preservarUno de los momentos centrales del homenaje fue la entrega de una placa que reproduce las palabras que, de acuerdo con el relato de su familia, la magistrada le transmitió por teléfono a su hermano Otoniel.La conversación habría ocurrido hacia las 4:36 de la tarde del 6 de noviembre de 1985, cuando González Franco permanecía en su despacho."Por voluntad de Dios y autoridad de la ley vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia. No a llorar ni a pedir clemencia", señala uno de los apartados de su mensaje.Las palabras terminan con una frase que sus familiares han conservado como símbolo de su carácter y compromiso con la justicia."Muero, pero no me doblego".El director del CNMH anunció que la entidad espera llevar una copia de la placa a la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que el mensaje también permanezca en las salas de la corporación.Familia de la magistrada habló sobre la responsabilidad del M-19Durante la conmemoración, María Jozame González también se refirió a las circunstancias de la muerte de su tía abuela y sostuvo que su familia siempre ha atribuido la responsabilidad al M-19."Nosotros nunca pensamos que el Ejército fuera responsable", afirmó durante el encuentro.La familiar cuestionó algunas de las interpretaciones que se han hecho sobre la toma del Palacio de Justicia y pidió que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido durante aquellos días.Para María Jozame González, el homenaje también representa una oportunidad de recordar el papel que desempeñó su tía abuela en la historia judicial del país y la importancia de su trayectoria para las mujeres que posteriormente llegaron a estos cargos."Que sus palabras y su legado sean un mensaje para los jóvenes y para las mujeres, sobre todo", expresó al finalizar el encuentro.