La Alcaldía de Barrancabermeja realizó un recorrido en la vereda Vara Santa, corregimiento El Centro, para supervisar los avances en la adecuación del terreno donde se construirá una nueva cárcel. Esta megaobra, adjudicada con recursos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), busca mejorar las condiciones del sistema penitenciario en la región.El proyecto se desarrolla en un predio de 92 hectáreas, aportado por el distrito de Barrancabermeja, y actualmente genera cerca de 70 empleos, principalmente para habitantes del corregimiento El Centro. Se espera que en su fase más activa la obra ofrezca más de 300 vacantes, "priorizando la contratación de mano de obra local y la adquisición de bienes y servicios en la región".El secretario del Interior, Harold Villabona Isidro, destacó la importancia de la construcción de este centro penitenciario, señalando que no solo beneficiará a la comunidad con oportunidades laborales, sino que también representará una solución concreta a la crisis carcelaria que enfrenta la ciudad.“Esta obra no solo nos está generando unos impactos positivos en la sociedad barranqueña, sino que también va a ser una respuesta concreta a esa problemática que tenemos con algunos presos en la ciudad, que no tienen un lugar adecuado para pagar sus penas”, afirmó el funcionario.Con una inversión cercana a los 300.000 millones de pesos, el nuevo centro de reclusión será una de las infraestructuras penitenciarias más grandes del país y un referente en modernización y humanización del sistema carcelario.La cárcel de mediana seguridad tendrá capacidad para 1.552 internos, entre hombres y mujeres, y contará con ocho pabellones (seis para hombres y dos para mujeres, incluyendo una guardería), un área administrativa, zona de casinos, talleres y aulas escolares, "con el objetivo de brindar un entorno digno que favorezca la rehabilitación y reintegración social de los reclusos".Las obras continúan en su fase de adecuación, incluyendo aprovechamiento forestal, estabilización del terreno y pilotajes. Para octubre de este año se prevé una prueba de estabilidad de cuatro meses antes de iniciar la construcción de la infraestructura principal. Según el cronograma, la finalización del proyecto está prevista para finales de 2027.
Un fallo del Consejo de Estado de segunda instancia confirmó la sentencia de 27 de septiembre de 2024, del Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual declaró nula la elección de Arley Octavio Valero Sáenz, como diputado de Santander para el periodo 2024 – 2027 porque en el momento de su elección se encontraba inhabilitado ya que su hermano Ludwing Joel Valero, ocupaba el cargo como gerente general de la Uspec.Le puede interesar: La demanda de nulidad electoral fue presentada por Ángel de Jesús Estévez Salazar, quien alegó que “Ludwing Valero tenía autoridad administrativa en Santander, ya que manejó presupuesto, nombró y removió personal y celebró contratos para cárceles en el departamento, lo que inhabilitaba a su hermano Arley Valero”.Durante el proceso, la Procuraduría y el Tribunal Administrativo de Santander concluyeron que sí se configuraba la inhabilidad, por lo que fue anulada la elección del diputado.Entre las consideraciones que tuvo en cuenta el Consejo de Estado están la causal de inhabilidad por parentesco a la que se refiere el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 que estable que una persona no puede ser elegida diputado si tiene parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad con alguien que haya ejercido autoridad administrativa en el departamento dentro de los 12 meses previos a la elección.Concluyó el alto tribunal que Ludwing Joel Valero Sáenz, hermano del diputado, como director general de la USPEC, sí ejerció autoridad administrativa en el departamento porque celebró contratos que beneficiaron cárceles en Bucaramanga, Girón, Málaga y San Vicente de Chucurí.Arley Valero, actual presidente de la Asamblea de Santander, sería reemplazo por Orlando Niño, exalcalde del municipio de Puente Nacional quien ocupó el segundo lugar en la lista en las elecciones de 2023 por el partido Conservador.
El director nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, reveló durante su visita a Bucaramanga que las estaciones de policía del país albergan actualmente a cerca de 20.000 personas sindicadas, lo que ha generado una grave crisis de hacinamiento.El oficial enfatizó que las cárceles están destinadas exclusivamente a personas condenadas, lo que impide el traslado de los sindicados a estos centros penitenciarios. Actualmente, el sistema carcelario cuenta con aproximadamente 75.000 personas condenadas y enfrenta un déficit de 40.000 cupos, una situación que agrava la crisis de sobrepoblación en los centros de detención transitoria."Ha sido un trabajo difícil, pero hemos venido articulando soluciones con la Corte Constitucional y los alcaldes. La responsabilidad del Inpec es custodiar a los condenados, pero los sindicados son quienes están generando hacinamiento en las estaciones de policía. No podemos simplemente trasladarlos a las cárceles porque ello aumentaría el problema", explicó el coronel Gutiérrez.Para abordar esta crisis, el Inpec trabaja en coordinación con alcaldías y la Policía Nacional en la creación de centros de detención transitoria que permitan aliviar la sobrepoblación en las estaciones policiales. Además, se evalúa la posibilidad de ampliar los cupos en las cárceles del país como parte de una estrategia integral.El hacinamiento carcelario ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre el sistema penitenciario en Colombia, y la necesidad de soluciones estructurales se ha convertido en una prioridad para las autoridades. El coronel Gutiérrez reiteró que el trabajo conjunto con diferentes entidades es clave para enfrentar este desafío y garantizar condiciones dignas de reclusión para los privados de la libertad.
La falta de asistencia médica para los más de 3.600 privados de la libertad en la cárcel El Pedregal en Medellín ha desencadenado múltiples problemáticas de salud, incluyendo un brote cutáneo cuya causa aún no ha sido identificada, por lo que la Personería Distrital pidió a las autoridades tomar medidas inmediatas.Han sido varios los internos afectados con el brote, que se esparció por buena parte de la piel de los afectados, lo que viene generando preocupación.Y es que ya se han registrado más de 50 casos de complicaciones de salud entre los internos, debido a la insuficiencia de personal médico asignado al centro de reclusión, pues según la denuncia, en repetidas ocasiones el servicio ha sido prestado por un número limitado de médicos o incluso, en ciertos días, no ha habido personal médico disponible.A lo anterior se suma la cifra de hacinamiento, que está en el 41.82% en los hombres recluidos allí, unos 2.601, además de 1.066 mujeres. De esta problemática habló Oswaldo Patiño, personero Delegado 20D del proceso de Penal, Familiar y Convivencia."La falta de profesionales de la salud se identificó cuando solo una médica asistió a las instalaciones, siendo la única profesional encargada de brindar atención tanto a la población masculina como femenina del complejo, lo que expone el limitado acceso a la atención y desconocimiento por parte del operador Norsalud", destacó el funcionario.Ante la situación, la Personería Distrital de Medellín alertó a la dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC para que tome cartas en el asunto.
Preparar 3.600 raciones diarias para cubrir la alimentación de los hombres y mujeres que están recluidos en la cárcel El Pedregal en Medellín es el objetivo del rancho cocina, que fue reabierto oficialmente tras cinco años de estar inactivo y de denuncias de las familias y defensores de derechos humanos del mal estado de la comida que estos recibían.La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) explicó que a través del contratista generó las mejoras estructurales y de operación, con una inversión de 797 millones de pesos, también cumpliendo los compromisos que pactaron con los entes de control y del ministerio público, pues en meses anteriores la Defensoría del Pueblo visitó el sitio y evidenció la problemática de la alimentación. Al respecto se refirió el director general de la Uspec, Ludwing Joel Valero."Haber honrado la palabra ante los órganos de control, ante el establecimiento penitenciario y carcelario, ante la Dirección Regional, ante la Dirección Nacional del Inpec y estar hoy diciéndoles que cumplimos. Y lo más importante, esto es el primer paso para seguir trabajando y mejorando en las circunstancias del tema de salud, del tema de alimentación, del tema de infraestructura y de los demás servicios que están a cargo de la Uspec", dijo. En este rancho trabajarán de 17 a 20 mujeres privadas de la libertad, según indicó el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas."Representan más o menos el 3 % de toda la población de todo el país. Van a ser ocupadas 20 mujeres privadas de libertad aquí, haciendo su actividad ocupacional, rellenando penas. Y todo esto es importante en el marco de la humanización en el proceso penitenciario. Estamos avanzando con dignidad, generando mejores espacios, mejores condiciones", señaló.Algunos de los trabajos que adelantaron fue la remodelación de áreas internas y externas de la estructura, adecuación de áreas específicas, equipos estructurales como el cuarto frío, de congelación y la campana extractora. A su vez, el mantenimiento de las redes sanitarias, hidráulica, eléctrica, de vapor y gas y de las calderas, además de la compra de equipos como marmitas, sartenes basculantes, horno, máquina de hielo y mesones para la preparación de los alimentos.Desde la Uspec recalcaron la necesidad de contar con los recursos necesarios para poder adecuar los ranchos de los más de 120 establecimientos penitenciarios del país a cargo del Inpec.Decisión de la CorteCerca de 580 mujeres recluidas en El Pedregal habían solicitado el amparo de sus derechos a la dignidad humana, vida, salud, integridad física y alimentación, siendo este último el que las obligó a acudir a la justicia, que en primera instancia no acogió sus argumentos.Funcionarios de la Defensoría del Pueblo evidenciaron que, si bien había abastecimiento de insumos, al no hacerse la debida separación de los alimentos para su conservación, algunos alimentos se dañaban rápidamente. También corroboraron que no eran cumplidos los horarios de entrega, razón por la que las personas privadas de la libertad estaban siendo sometidas a periodos de ayuno de hasta 16 horas.La Sentencia T216 de 2024 de la Corte Constitucional tuvo presente un documento adelantado por la Defensoría y basado en visitas hechas al establecimiento, las cuales “dejaron en evidencia una flagrante vulneración al derecho a la alimentación como mínimo constitucionalmente asegurable de la vida en reclusión”, indicó la entidad en el mes de julio.
A través de una carta dirigida a Ludwing Joel Valero Sáenz, director del USPEC, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char manifestó su preocupación por la crisis de hacinamiento en los centros carcelarios de la ciudad.Ante esto hizo un especial llamado al funcionario para que culminen los trámites administrativos tendientes a finalizar las obras complementarias para poner en funcionamiento los 3 pabellones para 170 privados de la libertad, cada uno, construidos en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, los cuales fueron entregados por parte del Ministro de Justicia en el mes de junio del año 2022, sin que aún estén siendo usados.En el documento, el alcalde Char urge la habilitación de los 510 nuevos para “mitigar la situación de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan a toda la población privada de libertad”.“Como es de su conocimiento, actualmente se presentan graves situaciones de hacinamiento carcelario en los centros penitenciarios ubicados en la ciudad de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, por lo cual, acudimos a sus buenas gestiones para seguir fortaleciendo, adoptando e implementando medidas urgentes y prioritarias tendientes a mitigar la situación de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan a toda la población privada de libertad, recluida en los distintos establecimientos carcelarios”, se lee en el documento.Y es que, según información entregada por la Personería Distrital, los centros de detención transitorios de la ciudad se encuentran con un 377 por ciento de hacinamiento.
En Antioquia hay preocupación por la situación en La cárcel El Pesebre, ubicada en Puerto Triunfo, llamada también como la ‘cárcel de la muerte y el castigo’, donde los privados de la libertad atraviesan un brote de varicela lo que ha ocasionado que desde hace más de un mes tres pabellones se encuentren en aislamiento.A pesar de estas complicaciones de salud, esta misma semana ingresaron once nuevos presos a la cárcel y fueron enviados a uno de los pabellones que se encuentran en aislamiento."¿Cómo es que van a ingresar gente nueva, que vienen aliviados de estas partes, a ingresarlos a pabellones donde están en aislamiento desde hace más de un mes? No hay agua, están enfermos, la comida es pésima y a eso le están sumando que están metiendo gente aliviada a los pabellones que están en aislamiento, o sea que se van a terminar todos contagiados por una posible pandemia de infección", manifestó Jorge Carmona, defensor de los derechos de los privados de libertad, quien viene denunciando la situación. A esto añade que no hay ningún tipo de atención médica desde este centro carcelario, simplemente dejan encerrados a los que presentan síntomas de enfermedades."Los compañeros que han fallecido acá, dicen que ellos se murieron porque no comían, que porque vendían la comida, que porque tenían tuberculosis, no son mentiras ellos se murieron por la mala alimentación que dan acá, aquí dan una mala pésima alimentación, es mentira que se murieron por la droga", denunció uno de los privados de la libertad. También hay una grave situación de hacinamiento, pues aunque está diseñado para alrededor de 900 reclusos, hay más de 1.600."Aquí quieren tapar todo con un dedo y eso es lo que está pasando acá, entonces nosotros como internos nos estamos sintiendo abandonados, nos estamos sintiendo solos", concluyó.
Continúan las problemáticas de insalubridad, alimentación y falta de atención inmediata en salud en la cárcel El Pesebre del municipio de Puerto Triunfo, lo que incluso generó una protesta de sus familias a finales del mes de julio.Ahora, se registra una epidemia de varicela que ya afectó a los internos de los pabellones 2, 5 y 7 de ese establecimiento carcelario nacional, lo que se suma a que hay privados de la libertad con desnutriciones severas, y otras enfermedades cómo VIH, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), cáncer, afecciones en la piel y problemas gastrointestinales sin atenciones inmediatas, por la falta de profesionales de la salud y medicamentos."Cerca de 1.650 internos que se encuentran en la cárcel el pesebre de Puerto Triunfo, a la deriva de la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC) y del contratista de la alimentación con la Fiduprevisora pues alimentación y salud, pues no responden, porque se juntan. Ahora están enfermos, hacinados y con una cantidad de problemas de alimentación", denunció Jorge Carmona, defensor de DD.HH de la población privada de la libertad."Esta denuncia la hago por la difícil situación que está viviendo mi hijo pero también todos los internos de este establecimiento carcelario Puerto Triunfo ya pasó los límites de la cordura es la única cárcel donde no hay agua potable donde la situación sanitaria es degradante (...) Me tomé la molestia de comunicarme con la directora de Puerto Triunfo y mandarle un video donde mi hijo presenta el brote que tiene y lo único que dice es que va a hablar con el médico. Habla con él y el médico lo que le dice es que es lo que tiene es una infección en la sangre y que con salsa parrilla dizque se puede curar", detalló la madre de uno de los internos.Ante la situación, Carmona pidió al Ministerio Público, a través de la Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría a que tomen cartas en el asunto para una solución real y a largo plazo.Esto se suma a la compleja situación humanitaria que atraviesa el sistema penitenciario en Antioquia y Chocó, que puede ser mucho peor en los próximos días por la imposibilidad de llegar a acuerdos entre los profesionales de la salud y el nuevo operador.Son cerca de cien personas entre médicos, odontólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y regentes de farmacia los que han manifestado su rechazo a las nuevas condiciones laborales impuestas por la Unión Temporal Norsalud PPL, quien desde el 1 de agosto es el operador de estos servicios para 19 centros penitenciarios de Antioquia y Chocó.
Ya son por lo menos 120 horas desde que casi un centenar de profesionales de la salud decidieron suspender sus servicios en 19 establecimientos penitenciarios de Antioquia y Chocó por cambios en las condiciones laborales tras un cambio de operador desde el 1 de agosto.Con el pasar de las horas la situación en varios centros de reclusión se sigue recrudeciendo, especialmente en aquellos con mayor cantidad de presos como El Pedregal en Medellín, donde en las últimas horas la Personería de Medellín alertó por el riesgo que corren 3.500 personas que cumplen sus condenas en este lugar.Juan Pablo Padilla, líder del Observatorio Penal, Penitenciario y Carcelario, indicó que ya han reportado esta problemática a la Unidad de Servicios Penitenciarios, Uspec, para que tomen decisiones urgentes."Para esta agencia el Ministerio Público es inminente hacer valer el derecho fundamental a la vida y la salud de todas las personas que están recluidas en el distrito de Medellín ya que todas ellas son iguales ante la ley y merecen igual protección de los órganos de justicia", señaló Padilla.Una de las profesionales afectadas por el cambio de operador, comentó a Blu Radio que siguen sin una respuesta positiva frente a la búsqueda de alternativas. Aseguró que lo que han dicho hasta el momento desde la Unión Temporal Norsalud PPL es que quienes no estén de acuerdo con las nuevas condiciones pueden renunciar y que tienen un plan de contingencia en caso de una salida masiva de personal. Sin embargo, ya son seis días sin la atención de salud de primer nivel."Siguen con palabras retadoras, siguen diciendo que 'firman o se van, nosotros tenemos personal para reemplazarlos'. Tampoco hay medicamentos en las cárceles de Antioquia y Chocó, nada, ni siquiera un acetaminofén", expresó esta persona.Luego de la entrada de un nuevo operador para el servicio de salud en estos lugares, profesionales como médicos, odontólogos, enfermeros y auxiliares de enfermería aseguran que se le van a disminuir sus salarios, van a pasar a ser contratados como prestadores de servicios y asumir un seguro de dicho acuerdo.
Una tutela interpuesta por las 578 mujeres privadas de libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín generó que la Corte Constitucional advirtiera que la privación de la libertad no debe generar que las personas pierdan sus derechos fundamentales y humanos.Según la acción interpuesta, las mujeres privadas de su libertad solicitaron la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la alimentación, porque, presuntamente, sus derechos fueron vulnerados por parte de distintas entidades.Las denuncias indican que las presas no contaban con las condiciones de calidad, cantidad e higiene de la alimentación suministrada, hecho que pudo evidenciar la Corte que concluyó que existe una clara violación de los derechos de las mujeres.Por otro lado, se encontró que, si bien el establecimiento de reclusión cuenta con tres ranchos para preparar los alimentos, dos de ellos carecen de las condiciones materiales para su adecuado funcionamiento. En consecuencia, la Corte le ordenó a la USPEC y al INPEC que diseñen y ejecuten en un plazo de seis meses, un plan para mejorar, adecuar y construir la infraestructura faltante de los ranchos.
Con el paso de las horas y el reporte de la ciudadanía la dimensión de la tragedia provocada por el reciente terremoto en el occidente del país sigue aumentando para la ciudad de Manizales.Así lo evidenció el más reciente reporte entregado por el alcalde Jorge Eduardo Rojas, quien manifestó que si bien la cifra de personas fallecidas no ha aumentado, las afectaciones en materia de infraestructura sí se han multiplicado. Además, aunque han incrementado la cantidad de inspecciones a estos lugares, aún quedan muchos por atender.En un solo día, según el mandatario, los damnificados por la tragedia aumentaron de 700 a 2.000, lo cual se traduce en 1.970 viviendas afectadas parcialmente y 1.150 con pérdida total cuando la primera jornada de atención solo eran 500.La solicitud permanente de las autoridades a la ciudadanía sigue siendo abstenerse de regresar a los inmuebles evacuados hasta tanto no sea seguro. También las solicitudes de visitas de inspección se elevaron de 300 a 655.“Como son tantas las las necesidades de visitas, entonces, por favor, yo sé que nadie tiene paciencia, pero hay que esperar a que llegue la gente. Si los desalojaron, no entren a su casa, porque si los desalojaron, es que, o bomberos o el equipo tiene alguna duda. Y si hay alguna duda es que puede haber colapso”, dijo el alcalde.En medio de la compleja situación que se vive en la capital de Caldas y las demás zonas del Eje Cafetero, en las últimas horas desde la sede central del Cuerpo de Bomberos de Manizales y tras una reunión con el Puesto de Mando Unificado, el presidente Abelardo de la Espriella anunció alivios en materia del pago de servicios públicos por tres meses para comerciantes y ciudadanos damnificados en todo Caldas.En la capital de Caldas sigue habilitado el coliseo mayor para la atención de la población evacuada y donde permanecen 164 familias.De igual manera, al estar llegando al tope de su capacidad, se habilitó un segundo albergue en el coliseo menor donde también se recolectan ayudas desde diferentes partes del departamento y del país.Mientras avanza la remoción de escombros en la zonas de mayor impacto por el sismo hay cierres viales para garantizar la movilidad de maquinaria pesada, mientras que permanece totalmente cerrada y custodiada por la fuerza pública la Plaza de Bolívar y sus alrededores.La emblemática Catedral sufrió graves daños principalmente en una de sus naves y como Monumento Nacional de Colombia ya el presidente De la Espriella impartió órdenes a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que se adelanten las acciones que permitan su restauración y reapertura.
La Alcaldía de de Cúcuta rechazó de manera categórica los asesinatos de Joselín Virginia Naín González y Ana Yamile Villamizar Téllez, ocurridos recientemente en hechos distintos en la capital de Norte de Santander.La Administración Municipal expresó su solidaridad y acompañamiento a los familiares y seres queridos de las dos mujeres y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.La secretaria de Equidad de Género y Mujer de Cúcuta, Jazlin Reslen, pidió a las autoridades competentes actuar con celeridad para esclarecer las circunstancias de ambos hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.“Cúcuta no puede ser indiferente ante la violencia contra las mujeres. Reiteramos nuestro llamado a prevenir, denunciar y rechazar cualquier forma de violencia de género”, señaló la funcionaria.El pronunciamiento de la Alcaldía de Cúcuta se produce en medio de la preocupación por los hechos de violencia que afectan a mujeres en la ciudad. La Administración Municipal insistió en la importancia de denunciar oportunamente cualquier situación de violencia de género y fortalecer las acciones institucionales de prevención.La Alcaldía recordó que las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, así como quienes conozcan un caso, pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 155, donde reciben orientación y acompañamiento.En situaciones de riesgo o emergencia inmediata, la recomendación es comunicarse con la línea 123.Las autoridades deberán establecer las circunstancias de cada uno de los asesinatos y determinar si alguno de los casos está relacionado con violencia de género o puede ser investigado como feminicidio.
La atención a las víctimas del terremoto continúa en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, mientras avanzan las labores de identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares.Medicina Legal confirmó que, hasta el momento, ha recibido 202 cuerpos relacionados con la emergencia ocasionada por el sismo. De ese total, los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 121 víctimas, entre ellas cinco menores de edad.La mayoría de las personas identificadas se encuentran en Pereira y Cali, de acuerdo con el reporte entregado por la entidad. En paralelo, continúa el proceso para garantizar la entrega de los cuerpos a sus familias. Esta labor se desarrolla de manera coordinada entre Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio.La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que se implementó un sistema único de información para agilizar el proceso de identificación de las personas fallecidas y facilitar posteriormente su entrega a los familiares.“Se implementó un sistema único de información que permite conocer en el menor tiempo posible la identificación, para la posterior entrega digna de las personas fallecidas a sus familiares”, señaló la Fiscalía, según la información suministrada.Además de las labores forenses, la Fiscalía mantiene desplegado personal para atender las diferentes necesidades derivadas de la emergencia. Más de 830 servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) participan en las labores de búsqueda y rescate, levantamiento de cuerpos y demás diligencias relacionadas con la emergencia.La presencia de estos funcionarios se distribuyó de acuerdo con las necesidades de cada territorio, con especial despliegue en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.A estas labores se suma una iniciativa anunciada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien informó sobre una alianza con el sector funerario para brindar atención gratuita a las familias de las personas fallecidas. La alianza contempla dos modalidades de apoyo. La primera consiste en el acompañamiento y efectividad de pólizas, mediante orientación y gestión para hacer efectivos los seguros y planes exequiales vigentes ante las autoridades correspondientes y el Instituto Nacional de Medicina Legal.La segunda modalidad contempla la cobertura total de los costos de las honras fúnebres para aquellas familias que no contaban con ningún tipo de cobertura o seguro exequial.De acuerdo con la información entregada, las entidades del sector funerario que dispusieron su infraestructura para atender la emergencia son Capillas de la Fe, con cobertura focalizada en Manizales, Pereira y Cali; Funerales San Vicente, con presencia operativa en el departamento del Chocó, y Funerarias del Remanso.Mientras avanzan estas labores, las autoridades mantienen la coordinación para completar la identificación de los cuerpos que aún permanecen pendientes y garantizar que, una vez culminados los procedimientos correspondientes, puedan ser entregados de manera digna a sus familiares.
El hecho quedó registrado en un video que fue publicado en redes sociales y en el que se observa el momento en que el conductor de un bus de servicio público le propina un puño a uno de los agentes que se encontraba realizando labores de regulación del tráfico en un accidente de tránsito con personas lesionadas.De acuerdo con el director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, los agentes habían cerrado la vía mientras atendían la emergencia. Sin embargo, el conductor habría intentado continuar su recorrido en contravía, por lo que uno de los funcionarios lo detuvo para evitar una situación de mayor riesgo.“Una persona inescrupulosa intentó ir en contravía mientras los agentes estaban atendiendo el accidente. El agente, para evitar una tragedia mayor, lo detiene y esta persona se baja de su bus y agrede a uno de nuestros agentes de tránsito”, señaló Manrique.El funcionario aseguró que ya se adelantan las labores para establecer plenamente la identidad del conductor y determinar a qué empresa de transporte público está vinculado, con el propósito de iniciar las acciones legales correspondientes.“Ya estamos identificando a esta persona y a la empresa de transporte público a la cual brindaba el servicio de conductor. Vamos a iniciar todos los procesos legales a que haya lugar con los entes de control para iniciar un proceso de judicialización con esta persona”, indicó el director de Tránsito.Manrique rechazó la agresión y aseguró que este tipo de comportamientos no serán tolerados contra los funcionarios encargados de regular la movilidad en la ciudad.El director también envió un mensaje de solidaridad al agente agredido y a los demás funcionarios de tránsito, al tiempo que anunció el fortalecimiento de los operativos de movilidad con acompañamiento de diferentes autoridades.El caso quedó en manos de las autoridades, que deberán establecer la identidad del conductor, su vínculo laboral con la empresa de transporte y las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión.
Cuando los rescatistas llevaban cerca de 48 horas removiendo toneladas de hierros retorcidos y concreto en las Torres del Limonar, en Cali, una señal de vida ilusionó a quienes seguían buscando entre los restos de uno de los edificios destruidos por el terremoto que sacudió al país el lunes.Era Antonio, un perro que apareció con vida durante la madrugada de este miércoles, a más de nueve metros de profundidad entre los escombros.Su rescate fue celebrado como una pequeña victoria en medio de una tragedia que ha dejado más de 50 edificaciones colapsadas en Cali y un balance nacional de al menos 181 personas fallecidas, según el presidente Abelardo de la Espriella, aunque autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos. Antonio fue encontrado en una zona despejada que había quedado debajo de la torre de apartamentos colapsada. Los rescatistas escucharon y observaron movimiento hasta que lograron llegar hasta él."Lo encontramos en un área despejada y abierta debajo de los escombros, corría a un lado y otro. Fueron horas de duro trabajo", contó uno de los voluntarios que participó en el rescate.El animal tenía lesiones en una de sus patas y varias raspaduras en el cuerpo, pero consiguió salir con vida de la zona de desastre gracias a las atenciones que recibió de médicos veterinarios que se sumaron a las labores del Centro de Bienestar Animal (CBA) de la Alcaldía de Cali.En una vivienda vecina, que hoy es un improvisado campamento, fue canalizado, recibió medicamentos y quedó bajo observación."El perrito fue auxiliado por nuestros veterinarios, que lo canalizaron y le pusieron medicamentos para hidratarlo. Su condición de salud es estable y ahora también trabajamos para rescatar a Copito, el otro perro de la familia, que también puede estar con vida", explicó el médico veterinario Martín Ortiz, del CBA.Ortiz recordó que los animales son seres que también sienten, "que merecen ser tratados con amor y atendidos con todas las capacidades como los humanos".Respiro en medio de la incertidumbrePara Camila Sepúlveda, dueña del animal, la aparición de Antonio fue mucho más que el rescate de un perro.Entre lágrimas, la joven espera noticias de su madre, Luz Adriana Correa, y de su abuela, Mélida Betancourt, quienes vivían en el primer piso de la vivienda familiar que quedó completamente destruida.Era el hogar donde Camila creció. Ahora solo quedan los restos de la edificación y una búsqueda que todavía no termina."Si Antonio está bien, yo sé que mi mamá y mi abuela están bien. Él estaba con ellas, estoy segura, él nunca las dejaba solas", dijo la joven, aferrándose a la fe y la esperanza.Antonio era uno de los animales que estaban en el inmueble cuando ocurrió el terremoto y su rescate alimenta ahora la esperanza de Camila y de otras familias que permanecen alrededor de los edificios destruidos, esperando una señal, un ruido o cualquier indicio que permita saber que sus seres queridos siguen con vida.
