Preparar 3.600 raciones diarias para cubrir la alimentación de los hombres y mujeres que están recluidos en la cárcel El Pedregal en Medellín es el objetivo del rancho cocina, que fue reabierto oficialmente tras cinco años de estar inactivo y de denuncias de las familias y defensores de derechos humanos del mal estado de la comida que estos recibían.La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) explicó que a través del contratista generó las mejoras estructurales y de operación, con una inversión de 797 millones de pesos, también cumpliendo los compromisos que pactaron con los entes de control y del ministerio público, pues en meses anteriores la Defensoría del Pueblo visitó el sitio y evidenció la problemática de la alimentación. Al respecto se refirió el director general de la Uspec, Ludwing Joel Valero."Haber honrado la palabra ante los órganos de control, ante el establecimiento penitenciario y carcelario, ante la Dirección Regional, ante la Dirección Nacional del Inpec y estar hoy diciéndoles que cumplimos. Y lo más importante, esto es el primer paso para seguir trabajando y mejorando en las circunstancias del tema de salud, del tema de alimentación, del tema de infraestructura y de los demás servicios que están a cargo de la Uspec", dijo. En este rancho trabajarán de 17 a 20 mujeres privadas de la libertad, según indicó el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas."Representan más o menos el 3 % de toda la población de todo el país. Van a ser ocupadas 20 mujeres privadas de libertad aquí, haciendo su actividad ocupacional, rellenando penas. Y todo esto es importante en el marco de la humanización en el proceso penitenciario. Estamos avanzando con dignidad, generando mejores espacios, mejores condiciones", señaló.Algunos de los trabajos que adelantaron fue la remodelación de áreas internas y externas de la estructura, adecuación de áreas específicas, equipos estructurales como el cuarto frío, de congelación y la campana extractora. A su vez, el mantenimiento de las redes sanitarias, hidráulica, eléctrica, de vapor y gas y de las calderas, además de la compra de equipos como marmitas, sartenes basculantes, horno, máquina de hielo y mesones para la preparación de los alimentos.Desde la Uspec recalcaron la necesidad de contar con los recursos necesarios para poder adecuar los ranchos de los más de 120 establecimientos penitenciarios del país a cargo del Inpec.Decisión de la CorteCerca de 580 mujeres recluidas en El Pedregal habían solicitado el amparo de sus derechos a la dignidad humana, vida, salud, integridad física y alimentación, siendo este último el que las obligó a acudir a la justicia, que en primera instancia no acogió sus argumentos.Funcionarios de la Defensoría del Pueblo evidenciaron que, si bien había abastecimiento de insumos, al no hacerse la debida separación de los alimentos para su conservación, algunos alimentos se dañaban rápidamente. También corroboraron que no eran cumplidos los horarios de entrega, razón por la que las personas privadas de la libertad estaban siendo sometidas a periodos de ayuno de hasta 16 horas.La Sentencia T216 de 2024 de la Corte Constitucional tuvo presente un documento adelantado por la Defensoría y basado en visitas hechas al establecimiento, las cuales “dejaron en evidencia una flagrante vulneración al derecho a la alimentación como mínimo constitucionalmente asegurable de la vida en reclusión”, indicó la entidad en el mes de julio.
A través de una carta dirigida a Ludwing Joel Valero Sáenz, director del USPEC, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char manifestó su preocupación por la crisis de hacinamiento en los centros carcelarios de la ciudad.Ante esto hizo un especial llamado al funcionario para que culminen los trámites administrativos tendientes a finalizar las obras complementarias para poner en funcionamiento los 3 pabellones para 170 privados de la libertad, cada uno, construidos en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, los cuales fueron entregados por parte del Ministro de Justicia en el mes de junio del año 2022, sin que aún estén siendo usados.En el documento, el alcalde Char urge la habilitación de los 510 nuevos para “mitigar la situación de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan a toda la población privada de libertad”.“Como es de su conocimiento, actualmente se presentan graves situaciones de hacinamiento carcelario en los centros penitenciarios ubicados en la ciudad de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, por lo cual, acudimos a sus buenas gestiones para seguir fortaleciendo, adoptando e implementando medidas urgentes y prioritarias tendientes a mitigar la situación de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan a toda la población privada de libertad, recluida en los distintos establecimientos carcelarios”, se lee en el documento.Y es que, según información entregada por la Personería Distrital, los centros de detención transitorios de la ciudad se encuentran con un 377 por ciento de hacinamiento.
En Antioquia hay preocupación por la situación en La cárcel El Pesebre, ubicada en Puerto Triunfo, llamada también como la ‘cárcel de la muerte y el castigo’, donde los privados de la libertad atraviesan un brote de varicela lo que ha ocasionado que desde hace más de un mes tres pabellones se encuentren en aislamiento.A pesar de estas complicaciones de salud, esta misma semana ingresaron once nuevos presos a la cárcel y fueron enviados a uno de los pabellones que se encuentran en aislamiento."¿Cómo es que van a ingresar gente nueva, que vienen aliviados de estas partes, a ingresarlos a pabellones donde están en aislamiento desde hace más de un mes? No hay agua, están enfermos, la comida es pésima y a eso le están sumando que están metiendo gente aliviada a los pabellones que están en aislamiento, o sea que se van a terminar todos contagiados por una posible pandemia de infección", manifestó Jorge Carmona, defensor de los derechos de los privados de libertad, quien viene denunciando la situación. A esto añade que no hay ningún tipo de atención médica desde este centro carcelario, simplemente dejan encerrados a los que presentan síntomas de enfermedades."Los compañeros que han fallecido acá, dicen que ellos se murieron porque no comían, que porque vendían la comida, que porque tenían tuberculosis, no son mentiras ellos se murieron por la mala alimentación que dan acá, aquí dan una mala pésima alimentación, es mentira que se murieron por la droga", denunció uno de los privados de la libertad. También hay una grave situación de hacinamiento, pues aunque está diseñado para alrededor de 900 reclusos, hay más de 1.600."Aquí quieren tapar todo con un dedo y eso es lo que está pasando acá, entonces nosotros como internos nos estamos sintiendo abandonados, nos estamos sintiendo solos", concluyó.
Continúan las problemáticas de insalubridad, alimentación y falta de atención inmediata en salud en la cárcel El Pesebre del municipio de Puerto Triunfo, lo que incluso generó una protesta de sus familias a finales del mes de julio.Ahora, se registra una epidemia de varicela que ya afectó a los internos de los pabellones 2, 5 y 7 de ese establecimiento carcelario nacional, lo que se suma a que hay privados de la libertad con desnutriciones severas, y otras enfermedades cómo VIH, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), cáncer, afecciones en la piel y problemas gastrointestinales sin atenciones inmediatas, por la falta de profesionales de la salud y medicamentos."Cerca de 1.650 internos que se encuentran en la cárcel el pesebre de Puerto Triunfo, a la deriva de la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC) y del contratista de la alimentación con la Fiduprevisora pues alimentación y salud, pues no responden, porque se juntan. Ahora están enfermos, hacinados y con una cantidad de problemas de alimentación", denunció Jorge Carmona, defensor de DD.HH de la población privada de la libertad."Esta denuncia la hago por la difícil situación que está viviendo mi hijo pero también todos los internos de este establecimiento carcelario Puerto Triunfo ya pasó los límites de la cordura es la única cárcel donde no hay agua potable donde la situación sanitaria es degradante (...) Me tomé la molestia de comunicarme con la directora de Puerto Triunfo y mandarle un video donde mi hijo presenta el brote que tiene y lo único que dice es que va a hablar con el médico. Habla con él y el médico lo que le dice es que es lo que tiene es una infección en la sangre y que con salsa parrilla dizque se puede curar", detalló la madre de uno de los internos.Ante la situación, Carmona pidió al Ministerio Público, a través de la Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría a que tomen cartas en el asunto para una solución real y a largo plazo.Esto se suma a la compleja situación humanitaria que atraviesa el sistema penitenciario en Antioquia y Chocó, que puede ser mucho peor en los próximos días por la imposibilidad de llegar a acuerdos entre los profesionales de la salud y el nuevo operador.Son cerca de cien personas entre médicos, odontólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y regentes de farmacia los que han manifestado su rechazo a las nuevas condiciones laborales impuestas por la Unión Temporal Norsalud PPL, quien desde el 1 de agosto es el operador de estos servicios para 19 centros penitenciarios de Antioquia y Chocó.
Ya son por lo menos 120 horas desde que casi un centenar de profesionales de la salud decidieron suspender sus servicios en 19 establecimientos penitenciarios de Antioquia y Chocó por cambios en las condiciones laborales tras un cambio de operador desde el 1 de agosto.Con el pasar de las horas la situación en varios centros de reclusión se sigue recrudeciendo, especialmente en aquellos con mayor cantidad de presos como El Pedregal en Medellín, donde en las últimas horas la Personería de Medellín alertó por el riesgo que corren 3.500 personas que cumplen sus condenas en este lugar.Juan Pablo Padilla, líder del Observatorio Penal, Penitenciario y Carcelario, indicó que ya han reportado esta problemática a la Unidad de Servicios Penitenciarios, Uspec, para que tomen decisiones urgentes."Para esta agencia el Ministerio Público es inminente hacer valer el derecho fundamental a la vida y la salud de todas las personas que están recluidas en el distrito de Medellín ya que todas ellas son iguales ante la ley y merecen igual protección de los órganos de justicia", señaló Padilla.Una de las profesionales afectadas por el cambio de operador, comentó a Blu Radio que siguen sin una respuesta positiva frente a la búsqueda de alternativas. Aseguró que lo que han dicho hasta el momento desde la Unión Temporal Norsalud PPL es que quienes no estén de acuerdo con las nuevas condiciones pueden renunciar y que tienen un plan de contingencia en caso de una salida masiva de personal. Sin embargo, ya son seis días sin la atención de salud de primer nivel."Siguen con palabras retadoras, siguen diciendo que 'firman o se van, nosotros tenemos personal para reemplazarlos'. Tampoco hay medicamentos en las cárceles de Antioquia y Chocó, nada, ni siquiera un acetaminofén", expresó esta persona.Luego de la entrada de un nuevo operador para el servicio de salud en estos lugares, profesionales como médicos, odontólogos, enfermeros y auxiliares de enfermería aseguran que se le van a disminuir sus salarios, van a pasar a ser contratados como prestadores de servicios y asumir un seguro de dicho acuerdo.
Una tutela interpuesta por las 578 mujeres privadas de libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín generó que la Corte Constitucional advirtiera que la privación de la libertad no debe generar que las personas pierdan sus derechos fundamentales y humanos.Según la acción interpuesta, las mujeres privadas de su libertad solicitaron la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la alimentación, porque, presuntamente, sus derechos fueron vulnerados por parte de distintas entidades.Las denuncias indican que las presas no contaban con las condiciones de calidad, cantidad e higiene de la alimentación suministrada, hecho que pudo evidenciar la Corte que concluyó que existe una clara violación de los derechos de las mujeres.Por otro lado, se encontró que, si bien el establecimiento de reclusión cuenta con tres ranchos para preparar los alimentos, dos de ellos carecen de las condiciones materiales para su adecuado funcionamiento. En consecuencia, la Corte le ordenó a la USPEC y al INPEC que diseñen y ejecuten en un plazo de seis meses, un plan para mejorar, adecuar y construir la infraestructura faltante de los ranchos.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunció a si efectivamente se pueden introducir modificaciones al Inpec y a la Uspec, a las entidades públicas, por atribución presidencial, sin necesidad de autorización legal.El jefe de esta cartera, aseguró que solo se necesitaría una autorización legal si se quisiera crear una entidad nueva o si se quisieran hacer otro tipo de cambios, una reestructuración administrativa se puede hacer sin intervención del legislador, según el ministro Osuna.“Estamos analizando todas las posibilidades, que una puede ser la de proponer al Congreso una nueva legislación sobre el manejo del sistema penitenciario, otra puede ser utilizar esas atribuciones presidenciales para una reestructuración administrativa sin crear instituciones nuevas y otra puede ser una ley de facultades extraordinarias para que el presidente tenga esas facultades que originariamente son del legislador”, expresó minjusticiaAnte los cuestionamientos sobre si preferirían que esas facultades no pasaran por el Congreso para hacerlo más rápido, el ministro respondió que sí solo si se trata de crear instituciones nuevas eso lo tiene que decidir el Congreso, o bien porque el Congreso lo crea o porque explícitamente autoriza al Gobierno para hacerlo.Por último, el ministro de Justicia, también habló sobre el sistema penal acusatorio, dice que debe volver a operar sin trabas, y además, asegura que bajo lo que se conoce como “justicia negocial” habría rebaja de penas si por ejemplo, un capturado colabora con la justicia para desmantelar bandas criminales.
Luego de una visita a la cárcel El Pedregal de Medellín para verificar las condiciones humanitarias de las personas privadas de la libertad, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, reconoció que ya se evidencian mejoras en la alimentación, luego de que en abril diera a conocer las irregularidades evidenciadas en este centro penitenciario.Y es que el incumplimiento de los horarios en el suministro de los alimentos, su poca cantidad y ausencia de calidad y seguridad que ya estaría teniendo repercusiones en la salud de los reclusos fueron las causas de la advertencia que hizo la Defensoría del Pueblo.A ese momento, la entidad remitió a la Corte Constitucional un informe que sobre los hallazgos en el establecimiento carcelario, entre ellos, la ausencia de la interventoría y la supervisión en la ejecución del contrato de alimentos en el que no se evidencian acciones efectivas de control para garantizar la prestación del servicio."Se han logrado ir superando toda esa serie de dificultades en materia de alimentación. Se le han hecho los llamados correspondientes a la USPEC, que es la que presta los servicios penitenciarios, donde se han ido tomando también los correctivos, de manera que hoy le podemos decir al país de que se han ido mejorando las condiciones", aseguró Camargo.Ante esto, Camargo reconoció los esfuerzos de la Procuraduría y la Personería de Medellín para supervisar los correctivos que tomó la USPEC para mejorar esta problemática.
Dificultades con el servicio de electricidad ha generado protestas al interior de la cárcel de Puerto Triunfo. Desde la dirección del establecimiento negaron que haya ocurrido un motín y aseguraron que trabajan en soluciones con la Uspec.Un fuerte aguacero ocurrido en la tarde del pasado viernes en el municipio de Puerto Triunfo generó inconvenientes para la prestación del servicio de energía en varias zonas de la localidad del Magdalena Medio, entre ellas, para la cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad El Pesebre.El daño en un transformador no solo los dejó sin energía, sino también sin agua, pues el suministro depende del funcionamiento de motobombas. La situación habría generado un motín en inmediaciones del patio 3 de la prisión como lo evidenciaron reportes ciudadanos.Frente a esta problemática el defensor de la población privada de la libertad en el departamento, Jorge Carmona, insistió al Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Justicia para que preste atención a las complejas condiciones de este establecimiento que acoge a cerca de 1.700 personas."Yo creo que es la única cárcel en todo Colombia de los 138 establecimientos donde no tienen agua potable y eso se convierte en una vulneración gravísima a los derechos humanos porque el agua es esencial para la vida, pero también hay una falta de gobernabilidad", destacó Carmona.Desde la dirección de la cárcel El Pesebre, el capitán Mauricio Eraso indicó que trabajan con la Uspec para restablecer cuanto antes al servicio de energía, pero desmintió que hubiera ocurrido un motín, se refirió a una protestas pacífica e indicó que el servicio de alimentación se viene garantizando, así como el de agua con el ingreso frecuente de hasta cuatro carrotanques que atienden la contingencia."El transformador hay que cambiarlo, pero se entenderá que no se cambia de la noche a la mañana. Ya se están haciendo los trámites con la Uspec para poder cambiarlo y la alimentación a todos los internos se les ha garantizado", confirmó Eraso.Desde las entidades defensoras de la población privada de la libertad en Antioquia esperan soluciones prontas ya que aseguran que las altas temperaturas no mitigadas al interior del penal también generan preocupación ante las enfermedades que algunos de los reclusos padecen.
La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia garantizar la atención en salud de las personas privadas de la libertad en el país, luego de que se conociera el caso de dos presos en Boyacá y Meta, quienes no reciben los tratamientos necesarios a los problemas de salud como hipertensión crónica, diabetes, entre otras afecciones que padecen.La sala cuarta de revisión protegió los derechos a la salud y al diagnóstico de los detenidos que siguen pendiente de la entrega de medicamentos, aprobación de procedimientos quirúrgicos, entre otros servicios en las cárceles de El Barne y Acacias.Por eso, el alto tribunal ordenó “ejercer control en los casos en que se nieguen o dilaten las autorizaciones, citas, traslados, suministro de medicamentos, entre otros, para las personas privadas de la libertad, y en los que no se asignen o autoricen las citas o procedimientos sin justificación”.En el caso de Barne, Boyacá, la Corte halló que al preso se le violaron sus derechos al servicio de salud, ya que no se le ha entregado de manera oportuna los medicamentos necesarios para su procedimiento.Frente a este caso, la sala también ordenó a “a la Defensoría del Pueblo y al Inpec realizar una evaluación sobre los medicamentos y procedimientos médicos o quirúrgicos pendientes de suministrar o de realizar a las personas privadas de la libertad. Del mismo modo, le ordenó al Inpec y a la Uspec adoptar medidas con el fin de que se presente e implemente un plan de mejora para garantizar la oportunidad y eficacia en la atención en salud”.Dicho plan debe implementar la entrega oportuna de medicamentos, la disponibilidad de insumos médicos para el personal detenido, la asignación de citas con especialistas y la autorización de procedimientos quirúrgicos.“En cuanto al caso de la cárcel de Acacias, la sala le ordenó a la Fiduciaria Central S.A., a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá y al Área de Sanidad del Establecimiento Penitenciario que, de no haberlo hecho, remitieran al accionante a valoración de su patología con un médico especialista, y en caso de requerir un procedimiento médico adicional, este se debía coordinar en un término perentorio”, dice el comunicado.Para la Corte aún existen graves fallas y barreras para que el sistema le garantice a los privados de la libertad el acceso oportuno a los servicios de salud, lo que se considera como una “grave vulneración a sus derechos”, teniendo en cuenta que no se les autoriza citas, hay insuficiencia de recursos humanos y de vehículos de traslados.
Blu Radio conoció el documento, que ya cuenta con más de 120 firmas de senadores y representantes a la Cámara que respaldan la eliminación del artículo siete de la reforma a la justicia, que cabe recordar, busca la reducción a la mitad de la pena a los abusadores de niños y niñas.Hay que mencionar que esta controvertida propuesta se basa puntualmente en reducir las condenas para agresores de menores. Lo anterior bajo la premisa del Gobierno nacional, donde se argumentaba que penas más efectivas podrían combatir la impunidad.Recordemos que el asesinato de la niña Sofía Delgado, volvió a prender las alarmas en Colombia sobre este punto del proyecto que estaría en tránsito en el Congreso de la República.Por su parte, esta proposición cuenta con la firma de congresistas como David Luna, Juan Espinal, Catherine Juvinao, Carolina Arbeláez, Katherine Miranda, entre otros.Hay que dejar claro que lo que hace esta proposición no es eliminar el artículo de una vez, pero sí deja un precedente de que, al contar con tanto apoyo, al momento de ser votado, sí podría quedar eliminado este punto durante el debate. Especificando también que aún no hay ponencia y será en la comisión primera donde se discuta si se modifica dicho artículo mencionado anteriormente.
Avanzan las concentraciones en los municipios de Caucasia, Valdivia y Santo Domingo, Antioquia, donde cerca de 500 personas que dependen de la minería aseguran, en medio del paro minero, que hay incumplimientos por parte del Gobierno nacional, especialmente con la destrucción de la maquinaria amarilla por parte de las autoridades y la falta de formalización.De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, se registran dos bloqueos totales: uno en el sector Primax, donde hay 200 personas, cinco vehículos de carga y 50 vehículos represados; y el otro en la vía Caucasia - La Apartada, con aproximadamente 150 personas. A su vez, se presentan bloqueos intermitentes en sector Porcesito de la vía a Santo Domingo, con la presencia de 120 personas, cinco vehículos de carga, 15 de servicio público y 16 particulares; además, en Valdivia en el sector EDS Texaco, con el bloqueo de 150 personas.Anderson Quiceno, director nacional de la Asociación de Transportadores de Carga, manifestó que no solo el suelo antioqueño es donde más bloqueos se han registrado, sino que las pérdidas rondan los 800.000 millones de pesos para este departamento. También lamentó que los conductores sean intimidados para atravesar sus vehículos."Tampoco estamos bajo la línea de que se utilicen los vehículos de carga y pasajeros precisamente por quienes están bloqueando determinados puntos de las vías a que obligan a estos conductores a atravesar los vehículos y que estos sean amenazados, inclusive hasta con incendiarles el vehículo si no atraviesan los mismos", detalló el líder. Quiceno lamentó que Antioquia se vea tan afectada por los bloqueos, a pesar de que tiene condiciones de seguridad que pueden brindar algo de garantías para los transportadores. De otro lado, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón manifestó que maquinaria amarilla de la gobernación fue llevada al Bajo Cauca, para atender casos de árboles que bloquean la vía u otros elementos, como parte de esta manifestación."En el PMU estamos presentes, llevamos también unos frentes de maquinaria para el sector del Bajo Cauca, el Nordeste de manera especial para mirar en el momento en que requiramos de hacer alguna tensión por árboles que se tumben o alguna cosa, nosotros con la maquinaria y con el equipo podamos solucionar la transitabilidad pronto", .Finalmente, el vocero de los transportadores de carga le pidió al Gobierno nacional que de manera urgente active al máximo los estamentos de seguridad que tiene el Estado, para que se proteja la vida y el patrimonio, cada una de las mercancías que quedan en medio de los bloqueos por el paro minero.
Durante la inauguración de la Zona Verde de la COP16, el presidente Gustavo Petro aseguró que la tierra fértil en el Valle del Cauca está dedicada en un solo cultivo y está en manos de unos pocos propietarios y por eso, según él, los campesinos y los indígenas tiene que salir hacia las selvas, porque no tienen otra oportunidad para vivir.Finalmente, este martes, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, que hace parte de una familia propietaria de uno de los ingenios azucareros más importantes de la región, le respondió a Petro. El mandatario caleño dijo que el presidente desconoce el empleo y el bienestar que genera ese sector de la economía para el Valle y para el país."El comentario del presidente no es nada nuevo, los colombianos ya lo conocemos y creo que tristemente hay mucho desconocimiento de esta industria. No olvidemos que el Valle del Cauca se debe en la industria azucarera, que es la única industria circular que hay en Colombia", indicó.El alcalde Eder fue más allá y explicó que no es el azúcar el que está acabando con el medioambiente en el país, sino que son las economías ilegales las que golpean la biodiversidad y los ecosistemas."Si lo que nos preocupa es el medio ambiente, no olvidemos que el principal destructor del medio ambiente en Colombia son las economías ilegales como los cultivos de coca y la producción de cocaína", puntualizó. Mientras tanto, los gremios económicos del Valle también se unieron a la defensa del sector azucarero que genera más de 280.000 empleos para la región."El sector agroindustrial de la caña beneficia a más de 50 municipios, genera energías limpias a partir del bagazo de caña y esta generación de energías es suficiente para iluminar hogares y su propia operación", señaló Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del comité intergremial del Valle del Cauca.
Docentes en el departamento de Santander marcharán en apoyo al presidente Gustavo Petro, en contra del supuesto golpe de estado, en apoyo al estado social de derecho y la democracia y mejoras al sistema de Salud de los docentes.Heriberto Delgado, uno de los delegados del Sindicato de Educadores en Santander, hizo un llamado a que las empresas permitieran marchar a los trabajadores: “Vamos a defender la democracia las reformas sociales, la unidad y la paz del pueblo colombiano”, señaló.Así será la marcha de profesores en BucaramangaEl magisterio anunció que, por esta marcha, habrá cese de actividades de 24 horas, donde 250 mil estudiantes no tendrán clases en 87 municipios de Santander, se espera que cerca de 15 mil docentes marchen en Bucaramanga, a partir de las 2:00 de la tarde en el punto conocido como La Puerta del Sol, para tomar la vía principal de la Carrera 27 y llegar al centro de la ciudadAsí mismo Delgado ratificó que es necesario como lo dijo en su momento el presidente “Un golpe blando, donde la clase trabajadora respalde estas reformas que han sido bloqueadas por otros sectores.De igual manera, confirmó que en las cabeceras de provincias del Departamento se registrarán marchas como lo son San Gil, Socorro, Málaga, Barrancabermeja y Vélez, en respaldo a la marcha en la ciudad capital.Otro de los puntos importantes en la marcha del Sindicato de Educadores en Santander es la salud el magisterio por lo que exigen el pago de los operadores del servicio de salud y en especial a la auditoria de la empresa D&G para que cumpla con los pagos, y la Fiduprevisora, con una buena atención a los docentes
El reciente discurso del presidente Gustavo Petro en la inauguración de una zona verde en la COP16, en Cali, generó polémica. En su intervención, criticó abiertamente la industria azucarera, señalando que empresas hacen concentración de tierra que “excluye a los campesinos” y que el monocultivo de caña obliga a muchos a “desplazarse a zonas marginales”.Estas palabras, que representan una crítica contundente hacia un sector clave de la economía local, no tardaron en recibir respuesta. En este caso, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, se pronunció en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga y resaltó la importancia histórica y económica de la caña de azúcar en el Valle del Cauca."Este cultivo, la caña de azúcar en el Valle geográfico del río Cauca, es un cultivo especializado, un cultivo que durante 170 años se ha especializado y a pesar de que somos el 1.4 % de la producción mundial de caña y de azúcar, permanecemos gracias a esa ciencia, tecnología e innovación. Un cultivo que está en cinco departamentos, 51 municipios, 238.000 hectáreas que son propiedad de 11.000 familias en este Valle geográfico del río Cauca. El 75 % del área sembrada pertenece a esas 11.000 familias y el resto a 13 ingenios azucareros”, detalló.A pesar de las críticas, la industria azucarera ha tomado medidas importantes para mitigar su impacto ambiental, centrando esfuerzos en el uso sostenible del agua y la conservación de cuencas hidrográficas, según dijo."Estamos comprometidos con este sector, con el medio ambiente y con la gente, porque entendemos que el bienestar de nuestras comunidades es el bienestar nuestro, que, si cuidamos los recursos naturales, pues estamos haciendo también próspera esta agroindustria. Así que yo lo veo y quisiera mostrarlo en un tono muy positivo, esta agroindustria, sin duda alguna, piensa en el Valle geográfico del río Cauca y aquí estamos", añadió.Así, también destacó iniciativas recientes que buscan establecer corredores biológicos para conectar ecosistemas y fomentar la biodiversidad en la región. Sin embargo, la idea de que el monocultivo pueda generar un daño irreparable a la biodiversidad no puede ser ignorada.En ese sentido, la presidenta de Asocaña reafirmó el compromiso de la industria con prácticas más sostenibles."Nosotros en los últimos 10 años hemos venido reduciendo el consumo de agua para riego. Hoy podemos decir que nuestro consumo se ha reducido en el 50 % de lo que consumíamos hace un poco más de una década. De igual manera, hemos venido no solamente haciendo un uso racional y sostenible del agua, sino que hemos venido protegiendo y conservando las cuencas hidrográficas en un ejercicio que venimos haciendo hace 14 años en 26 cuencas hidrográficas, a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar", sostuvo.