La Alcaldía de Barrancabermeja realizó un recorrido en la vereda Vara Santa, corregimiento El Centro, para supervisar los avances en la adecuación del terreno donde se construirá una nueva cárcel. Esta megaobra, adjudicada con recursos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), busca mejorar las condiciones del sistema penitenciario en la región.El proyecto se desarrolla en un predio de 92 hectáreas, aportado por el distrito de Barrancabermeja, y actualmente genera cerca de 70 empleos, principalmente para habitantes del corregimiento El Centro. Se espera que en su fase más activa la obra ofrezca más de 300 vacantes, "priorizando la contratación de mano de obra local y la adquisición de bienes y servicios en la región".El secretario del Interior, Harold Villabona Isidro, destacó la importancia de la construcción de este centro penitenciario, señalando que no solo beneficiará a la comunidad con oportunidades laborales, sino que también representará una solución concreta a la crisis carcelaria que enfrenta la ciudad.“Esta obra no solo nos está generando unos impactos positivos en la sociedad barranqueña, sino que también va a ser una respuesta concreta a esa problemática que tenemos con algunos presos en la ciudad, que no tienen un lugar adecuado para pagar sus penas”, afirmó el funcionario.Con una inversión cercana a los 300.000 millones de pesos, el nuevo centro de reclusión será una de las infraestructuras penitenciarias más grandes del país y un referente en modernización y humanización del sistema carcelario.La cárcel de mediana seguridad tendrá capacidad para 1.552 internos, entre hombres y mujeres, y contará con ocho pabellones (seis para hombres y dos para mujeres, incluyendo una guardería), un área administrativa, zona de casinos, talleres y aulas escolares, "con el objetivo de brindar un entorno digno que favorezca la rehabilitación y reintegración social de los reclusos".Las obras continúan en su fase de adecuación, incluyendo aprovechamiento forestal, estabilización del terreno y pilotajes. Para octubre de este año se prevé una prueba de estabilidad de cuatro meses antes de iniciar la construcción de la infraestructura principal. Según el cronograma, la finalización del proyecto está prevista para finales de 2027.
Un fallo del Consejo de Estado de segunda instancia confirmó la sentencia de 27 de septiembre de 2024, del Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual declaró nula la elección de Arley Octavio Valero Sáenz, como diputado de Santander para el periodo 2024 – 2027 porque en el momento de su elección se encontraba inhabilitado ya que su hermano Ludwing Joel Valero, ocupaba el cargo como gerente general de la Uspec.Le puede interesar: La demanda de nulidad electoral fue presentada por Ángel de Jesús Estévez Salazar, quien alegó que “Ludwing Valero tenía autoridad administrativa en Santander, ya que manejó presupuesto, nombró y removió personal y celebró contratos para cárceles en el departamento, lo que inhabilitaba a su hermano Arley Valero”.Durante el proceso, la Procuraduría y el Tribunal Administrativo de Santander concluyeron que sí se configuraba la inhabilidad, por lo que fue anulada la elección del diputado.Entre las consideraciones que tuvo en cuenta el Consejo de Estado están la causal de inhabilidad por parentesco a la que se refiere el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 que estable que una persona no puede ser elegida diputado si tiene parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad con alguien que haya ejercido autoridad administrativa en el departamento dentro de los 12 meses previos a la elección.Concluyó el alto tribunal que Ludwing Joel Valero Sáenz, hermano del diputado, como director general de la USPEC, sí ejerció autoridad administrativa en el departamento porque celebró contratos que beneficiaron cárceles en Bucaramanga, Girón, Málaga y San Vicente de Chucurí.Arley Valero, actual presidente de la Asamblea de Santander, sería reemplazo por Orlando Niño, exalcalde del municipio de Puente Nacional quien ocupó el segundo lugar en la lista en las elecciones de 2023 por el partido Conservador.
El director nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, reveló durante su visita a Bucaramanga que las estaciones de policía del país albergan actualmente a cerca de 20.000 personas sindicadas, lo que ha generado una grave crisis de hacinamiento.El oficial enfatizó que las cárceles están destinadas exclusivamente a personas condenadas, lo que impide el traslado de los sindicados a estos centros penitenciarios. Actualmente, el sistema carcelario cuenta con aproximadamente 75.000 personas condenadas y enfrenta un déficit de 40.000 cupos, una situación que agrava la crisis de sobrepoblación en los centros de detención transitoria."Ha sido un trabajo difícil, pero hemos venido articulando soluciones con la Corte Constitucional y los alcaldes. La responsabilidad del Inpec es custodiar a los condenados, pero los sindicados son quienes están generando hacinamiento en las estaciones de policía. No podemos simplemente trasladarlos a las cárceles porque ello aumentaría el problema", explicó el coronel Gutiérrez.Para abordar esta crisis, el Inpec trabaja en coordinación con alcaldías y la Policía Nacional en la creación de centros de detención transitoria que permitan aliviar la sobrepoblación en las estaciones policiales. Además, se evalúa la posibilidad de ampliar los cupos en las cárceles del país como parte de una estrategia integral.El hacinamiento carcelario ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre el sistema penitenciario en Colombia, y la necesidad de soluciones estructurales se ha convertido en una prioridad para las autoridades. El coronel Gutiérrez reiteró que el trabajo conjunto con diferentes entidades es clave para enfrentar este desafío y garantizar condiciones dignas de reclusión para los privados de la libertad.
La falta de asistencia médica para los más de 3.600 privados de la libertad en la cárcel El Pedregal en Medellín ha desencadenado múltiples problemáticas de salud, incluyendo un brote cutáneo cuya causa aún no ha sido identificada, por lo que la Personería Distrital pidió a las autoridades tomar medidas inmediatas.Han sido varios los internos afectados con el brote, que se esparció por buena parte de la piel de los afectados, lo que viene generando preocupación.Y es que ya se han registrado más de 50 casos de complicaciones de salud entre los internos, debido a la insuficiencia de personal médico asignado al centro de reclusión, pues según la denuncia, en repetidas ocasiones el servicio ha sido prestado por un número limitado de médicos o incluso, en ciertos días, no ha habido personal médico disponible.A lo anterior se suma la cifra de hacinamiento, que está en el 41.82% en los hombres recluidos allí, unos 2.601, además de 1.066 mujeres. De esta problemática habló Oswaldo Patiño, personero Delegado 20D del proceso de Penal, Familiar y Convivencia."La falta de profesionales de la salud se identificó cuando solo una médica asistió a las instalaciones, siendo la única profesional encargada de brindar atención tanto a la población masculina como femenina del complejo, lo que expone el limitado acceso a la atención y desconocimiento por parte del operador Norsalud", destacó el funcionario.Ante la situación, la Personería Distrital de Medellín alertó a la dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC para que tome cartas en el asunto.
Preparar 3.600 raciones diarias para cubrir la alimentación de los hombres y mujeres que están recluidos en la cárcel El Pedregal en Medellín es el objetivo del rancho cocina, que fue reabierto oficialmente tras cinco años de estar inactivo y de denuncias de las familias y defensores de derechos humanos del mal estado de la comida que estos recibían.La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) explicó que a través del contratista generó las mejoras estructurales y de operación, con una inversión de 797 millones de pesos, también cumpliendo los compromisos que pactaron con los entes de control y del ministerio público, pues en meses anteriores la Defensoría del Pueblo visitó el sitio y evidenció la problemática de la alimentación. Al respecto se refirió el director general de la Uspec, Ludwing Joel Valero."Haber honrado la palabra ante los órganos de control, ante el establecimiento penitenciario y carcelario, ante la Dirección Regional, ante la Dirección Nacional del Inpec y estar hoy diciéndoles que cumplimos. Y lo más importante, esto es el primer paso para seguir trabajando y mejorando en las circunstancias del tema de salud, del tema de alimentación, del tema de infraestructura y de los demás servicios que están a cargo de la Uspec", dijo. En este rancho trabajarán de 17 a 20 mujeres privadas de la libertad, según indicó el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas."Representan más o menos el 3 % de toda la población de todo el país. Van a ser ocupadas 20 mujeres privadas de libertad aquí, haciendo su actividad ocupacional, rellenando penas. Y todo esto es importante en el marco de la humanización en el proceso penitenciario. Estamos avanzando con dignidad, generando mejores espacios, mejores condiciones", señaló.Algunos de los trabajos que adelantaron fue la remodelación de áreas internas y externas de la estructura, adecuación de áreas específicas, equipos estructurales como el cuarto frío, de congelación y la campana extractora. A su vez, el mantenimiento de las redes sanitarias, hidráulica, eléctrica, de vapor y gas y de las calderas, además de la compra de equipos como marmitas, sartenes basculantes, horno, máquina de hielo y mesones para la preparación de los alimentos.Desde la Uspec recalcaron la necesidad de contar con los recursos necesarios para poder adecuar los ranchos de los más de 120 establecimientos penitenciarios del país a cargo del Inpec.Decisión de la CorteCerca de 580 mujeres recluidas en El Pedregal habían solicitado el amparo de sus derechos a la dignidad humana, vida, salud, integridad física y alimentación, siendo este último el que las obligó a acudir a la justicia, que en primera instancia no acogió sus argumentos.Funcionarios de la Defensoría del Pueblo evidenciaron que, si bien había abastecimiento de insumos, al no hacerse la debida separación de los alimentos para su conservación, algunos alimentos se dañaban rápidamente. También corroboraron que no eran cumplidos los horarios de entrega, razón por la que las personas privadas de la libertad estaban siendo sometidas a periodos de ayuno de hasta 16 horas.La Sentencia T216 de 2024 de la Corte Constitucional tuvo presente un documento adelantado por la Defensoría y basado en visitas hechas al establecimiento, las cuales “dejaron en evidencia una flagrante vulneración al derecho a la alimentación como mínimo constitucionalmente asegurable de la vida en reclusión”, indicó la entidad en el mes de julio.
A través de una carta dirigida a Ludwing Joel Valero Sáenz, director del USPEC, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char manifestó su preocupación por la crisis de hacinamiento en los centros carcelarios de la ciudad.Ante esto hizo un especial llamado al funcionario para que culminen los trámites administrativos tendientes a finalizar las obras complementarias para poner en funcionamiento los 3 pabellones para 170 privados de la libertad, cada uno, construidos en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, los cuales fueron entregados por parte del Ministro de Justicia en el mes de junio del año 2022, sin que aún estén siendo usados.En el documento, el alcalde Char urge la habilitación de los 510 nuevos para “mitigar la situación de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan a toda la población privada de libertad”.“Como es de su conocimiento, actualmente se presentan graves situaciones de hacinamiento carcelario en los centros penitenciarios ubicados en la ciudad de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, por lo cual, acudimos a sus buenas gestiones para seguir fortaleciendo, adoptando e implementando medidas urgentes y prioritarias tendientes a mitigar la situación de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan a toda la población privada de libertad, recluida en los distintos establecimientos carcelarios”, se lee en el documento.Y es que, según información entregada por la Personería Distrital, los centros de detención transitorios de la ciudad se encuentran con un 377 por ciento de hacinamiento.
En Antioquia hay preocupación por la situación en La cárcel El Pesebre, ubicada en Puerto Triunfo, llamada también como la ‘cárcel de la muerte y el castigo’, donde los privados de la libertad atraviesan un brote de varicela lo que ha ocasionado que desde hace más de un mes tres pabellones se encuentren en aislamiento.A pesar de estas complicaciones de salud, esta misma semana ingresaron once nuevos presos a la cárcel y fueron enviados a uno de los pabellones que se encuentran en aislamiento."¿Cómo es que van a ingresar gente nueva, que vienen aliviados de estas partes, a ingresarlos a pabellones donde están en aislamiento desde hace más de un mes? No hay agua, están enfermos, la comida es pésima y a eso le están sumando que están metiendo gente aliviada a los pabellones que están en aislamiento, o sea que se van a terminar todos contagiados por una posible pandemia de infección", manifestó Jorge Carmona, defensor de los derechos de los privados de libertad, quien viene denunciando la situación. A esto añade que no hay ningún tipo de atención médica desde este centro carcelario, simplemente dejan encerrados a los que presentan síntomas de enfermedades."Los compañeros que han fallecido acá, dicen que ellos se murieron porque no comían, que porque vendían la comida, que porque tenían tuberculosis, no son mentiras ellos se murieron por la mala alimentación que dan acá, aquí dan una mala pésima alimentación, es mentira que se murieron por la droga", denunció uno de los privados de la libertad. También hay una grave situación de hacinamiento, pues aunque está diseñado para alrededor de 900 reclusos, hay más de 1.600."Aquí quieren tapar todo con un dedo y eso es lo que está pasando acá, entonces nosotros como internos nos estamos sintiendo abandonados, nos estamos sintiendo solos", concluyó.
Continúan las problemáticas de insalubridad, alimentación y falta de atención inmediata en salud en la cárcel El Pesebre del municipio de Puerto Triunfo, lo que incluso generó una protesta de sus familias a finales del mes de julio.Ahora, se registra una epidemia de varicela que ya afectó a los internos de los pabellones 2, 5 y 7 de ese establecimiento carcelario nacional, lo que se suma a que hay privados de la libertad con desnutriciones severas, y otras enfermedades cómo VIH, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), cáncer, afecciones en la piel y problemas gastrointestinales sin atenciones inmediatas, por la falta de profesionales de la salud y medicamentos."Cerca de 1.650 internos que se encuentran en la cárcel el pesebre de Puerto Triunfo, a la deriva de la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC) y del contratista de la alimentación con la Fiduprevisora pues alimentación y salud, pues no responden, porque se juntan. Ahora están enfermos, hacinados y con una cantidad de problemas de alimentación", denunció Jorge Carmona, defensor de DD.HH de la población privada de la libertad."Esta denuncia la hago por la difícil situación que está viviendo mi hijo pero también todos los internos de este establecimiento carcelario Puerto Triunfo ya pasó los límites de la cordura es la única cárcel donde no hay agua potable donde la situación sanitaria es degradante (...) Me tomé la molestia de comunicarme con la directora de Puerto Triunfo y mandarle un video donde mi hijo presenta el brote que tiene y lo único que dice es que va a hablar con el médico. Habla con él y el médico lo que le dice es que es lo que tiene es una infección en la sangre y que con salsa parrilla dizque se puede curar", detalló la madre de uno de los internos.Ante la situación, Carmona pidió al Ministerio Público, a través de la Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría a que tomen cartas en el asunto para una solución real y a largo plazo.Esto se suma a la compleja situación humanitaria que atraviesa el sistema penitenciario en Antioquia y Chocó, que puede ser mucho peor en los próximos días por la imposibilidad de llegar a acuerdos entre los profesionales de la salud y el nuevo operador.Son cerca de cien personas entre médicos, odontólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y regentes de farmacia los que han manifestado su rechazo a las nuevas condiciones laborales impuestas por la Unión Temporal Norsalud PPL, quien desde el 1 de agosto es el operador de estos servicios para 19 centros penitenciarios de Antioquia y Chocó.
Ya son por lo menos 120 horas desde que casi un centenar de profesionales de la salud decidieron suspender sus servicios en 19 establecimientos penitenciarios de Antioquia y Chocó por cambios en las condiciones laborales tras un cambio de operador desde el 1 de agosto.Con el pasar de las horas la situación en varios centros de reclusión se sigue recrudeciendo, especialmente en aquellos con mayor cantidad de presos como El Pedregal en Medellín, donde en las últimas horas la Personería de Medellín alertó por el riesgo que corren 3.500 personas que cumplen sus condenas en este lugar.Juan Pablo Padilla, líder del Observatorio Penal, Penitenciario y Carcelario, indicó que ya han reportado esta problemática a la Unidad de Servicios Penitenciarios, Uspec, para que tomen decisiones urgentes."Para esta agencia el Ministerio Público es inminente hacer valer el derecho fundamental a la vida y la salud de todas las personas que están recluidas en el distrito de Medellín ya que todas ellas son iguales ante la ley y merecen igual protección de los órganos de justicia", señaló Padilla.Una de las profesionales afectadas por el cambio de operador, comentó a Blu Radio que siguen sin una respuesta positiva frente a la búsqueda de alternativas. Aseguró que lo que han dicho hasta el momento desde la Unión Temporal Norsalud PPL es que quienes no estén de acuerdo con las nuevas condiciones pueden renunciar y que tienen un plan de contingencia en caso de una salida masiva de personal. Sin embargo, ya son seis días sin la atención de salud de primer nivel."Siguen con palabras retadoras, siguen diciendo que 'firman o se van, nosotros tenemos personal para reemplazarlos'. Tampoco hay medicamentos en las cárceles de Antioquia y Chocó, nada, ni siquiera un acetaminofén", expresó esta persona.Luego de la entrada de un nuevo operador para el servicio de salud en estos lugares, profesionales como médicos, odontólogos, enfermeros y auxiliares de enfermería aseguran que se le van a disminuir sus salarios, van a pasar a ser contratados como prestadores de servicios y asumir un seguro de dicho acuerdo.
Una tutela interpuesta por las 578 mujeres privadas de libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín generó que la Corte Constitucional advirtiera que la privación de la libertad no debe generar que las personas pierdan sus derechos fundamentales y humanos.Según la acción interpuesta, las mujeres privadas de su libertad solicitaron la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la alimentación, porque, presuntamente, sus derechos fueron vulnerados por parte de distintas entidades.Las denuncias indican que las presas no contaban con las condiciones de calidad, cantidad e higiene de la alimentación suministrada, hecho que pudo evidenciar la Corte que concluyó que existe una clara violación de los derechos de las mujeres.Por otro lado, se encontró que, si bien el establecimiento de reclusión cuenta con tres ranchos para preparar los alimentos, dos de ellos carecen de las condiciones materiales para su adecuado funcionamiento. En consecuencia, la Corte le ordenó a la USPEC y al INPEC que diseñen y ejecuten en un plazo de seis meses, un plan para mejorar, adecuar y construir la infraestructura faltante de los ranchos.
En La Guajira, el Ministerio de Vivienda instaló 28 filtros de agua en dos comunidades indígenas wayuu que enfrentan dificultades para acceder a agua apta para el consumo humano.La entrega se distribuyó en 16 filtros para Wimpiraleim, en Uribia, con capacidad para beneficiar a más de 800 habitantes, y otros 12 para Perratpu, en Riohacha, donde se estima que 600 personas tendrán acceso a agua apta para el consumo humano. En total, los equipos tienen capacidad para beneficiar a cerca de 1.400 personas.Entre los beneficiarios se encuentran niños y niñas atendidos en tres Unidades Comunitarias de Atención (UCA) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Los equipos utilizan el sistema de ultrafiltración ORISA, una tecnología de funcionamiento mecánico que no necesita conexión eléctrica ni requiere la adición de productos químicos durante el proceso de filtración. Según las especificaciones del fabricante, cada unidad tiene una capacidad de tratamiento de hasta 20.000 litros de agua antes de necesitar el cambio de su membrana.La instalación estuvo acompañada de jornadas de capacitación para que los habitantes aprendan a utilizar y mantener los filtros. Estas actividades incluyen instrucciones sobre el montaje de los equipos, la limpieza de sus componentes y el almacenamiento adecuado del agua para evitar su contaminación.Una solución temporal ante la falta de acceso al aguaLa entrega de los filtros constituye una medida provisional para atender las dificultades de abastecimiento de agua que enfrentan estas comunidades, especialmente por las condiciones de sus fuentes inmediatas de suministro.De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la intervención también responde a las medidas cautelares ordenadas por la Corte Constitucional mediante el Auto 1201 del 2 de septiembre de 2026, en el seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, relacionada con la protección de los derechos fundamentales de la niñez wayuu.Sin embargo, la instalación de los 28 equipos no reemplaza las soluciones estructurales de acueducto y saneamiento básico ordenadas por la Corte. Se trata de una respuesta de emergencia mientras las entidades responsables avanzan en la estructuración, financiación y ejecución de los proyectos definitivos.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, respondió a las denuncias de las madres comunitarias de Pereira por la contratación de un operador del departamento del Cesar para prestar los servicios de atención a la primera infancia en Risaralda. La funcionaria aseguró que la organización seleccionada tiene disposición de contratar a las madres comunitarias de Pereira que venían desarrollando esta labor y cuestionó las presuntas instrucciones del sindicato para que rechacen esas ofertas.Algunas mujeres, entre ellas la presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias de Risaralda, reclamaron que el ICBF tomó la decisión de contratar a una organización de otro departamento. En respuesta, Restrepo sostuvo que las madres comunitarias tienen la posibilidad de continuar trabajando con el nuevo operador y señaló que es importante que conozcan directamente las condiciones de contratación y las garantías laborales que les ofrecen. En ese sentido, manifestó su preocupación por los reportes sobre supuestas orientaciones sindicales para que no acepten las vinculaciones.“Nos preocupa recibir información de que desde el sindicato se les está indicando que no acepten esa contratación. Si esto se confirma, estaríamos ante una actuación cuestionable y no es coherente reclamar la continuidad laboral de las madres y, al mismo tiempo, promover que rechacen la posibilidad de continuar trabajando. Invitamos a la dirigencia sindical a explicar públicamente esta situación”, afirmó la directora del instituto. La funcionaria también aclaró que la elección de las organizaciones encargadas de prestar los servicios corresponde al ICBF y se realiza mediante los procedimientos establecidos por la entidad.Los operadores son los responsables de administrar los recursos públicos destinados a la atención de la primera infancia, garantizar aspectos como la alimentación y el acompañamiento a los menores y contratar al personal que trabaja en los hogares comunitarios. Por eso, aunque las madres y sus asociaciones pueden exigir el respeto de sus derechos, no tienen la facultad de decidir qué operador debe quedarse con el contrato.Adicionalmente, la directora informó que el ICBF recibió reportes sobre posibles solicitudes de dinero a las familias bajo el argumento de donaciones. “Estamos verificando quién está realizando esas solicitudes, con qué finalidad y bajo qué condiciones. Invitamos a las familias a reportar estos hechos directamente al ICBF para que puedan esclarecerse y se adopten las medidas que correspondan”, señaló.“Nuestra responsabilidad es garantizar la atención de los niños y las niñas, velar por el respeto de los derechos de las madres comunitarias”, afirmó. La funcionaria aseguró que la entidad mantendrá el diálogo con las madres comunitarias y hará seguimiento a las obligaciones del nuevo operador.
Santa Fe aprovechó una compleja situación del equipo visitante, que se presentó con una nómina integrada mayoritariamente por jugadores juveniles, por la huelga del plantel profesional pastuso ante la deuda de dos meses de salario. Con un marcador final de 5-0, el León se sacó de encima las tres derrotas al hilo y se instaló en las finales de la liga.La gran figura de la jornada fue el ídolo de la parcialidad albirroja Hugo Rodallega, quien lideró la victoria santafereña con un triplete que desbarató cualquier resistencia del cuadro volcánico. El capitán cardenal demostró su vigencia y capacidad goleadora, siendo el eje ofensivo de un conjunto que dominó el terreno de juego de principio a fin ante una defensa rival que mostró muchas licencias durante los 90 minutos.Las claves de la goleada de Santa Fe en BogotáLa diferencia de jerarquía y experiencia entre ambos equipos fue evidente desde los primeros minutos. Mientras que el conjunto de Pablo Repetto saltó al campo con sus principales figuras buscando consolidar su lugar en los cuadrangulares, el Deportivo Pasto afrontó el compromiso con un plantel diezmado, compuesto fundamentalmente por futbolistas de sus categorías inferiores. Esta disparidad permitió que el equipo local manejara los tiempos del partido a su antojo, generando múltiples situaciones de gol que fueron capitalizadas eficazmente.El impacto del triplete de RodallegaMás allá del resultado colectivo, su triplete le permitió a Hugo Rodallega reencontrarse con el gol de cara a las finales y remontar su confianza goleadora. La contundencia mostrada en la red permite al plantel llegar con una alta dosis de confianza a la fase de cuadrangulares, donde la jerarquía suele ser el factor diferenciador.Lo que viene para Santa Fe en el cierre del torneoCon el cupo asegurado en los ocho, Independiente Santa Fe ahora deberá mejorar mucho en la parte defensiva y en la capacidad futbolista sobre todo en varios de sus jugadores que no saben tomar decisiones en espacios reducidos para llegar en plenitud de condiciones a la pelea por la estrella de fin de año.Por su parte, el Deportivo Pasto deberá analizar el desarrollo de esta etapa final de la temporada, entendiendo las dificultades logísticas y deportivas que le impidieron competir en igualdad de condiciones en una fecha decisiva de la Liga BetPlay.
El departamento de Santander se convirtió en uno de los principales puntos de atención para los militares heridos tras el ataque con explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, donde funciona el Batallón de Infantería de Selva N.º 48.En total, 22 soldados fueron remitidos a centros hospitalarios de Santander para recibir atención médica especializada: 14 permanecen en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga; siete fueron trasladados a instituciones de salud de Barrancabermeja y uno más al Hospital Militar de la Segunda División.Desde Bucaramanga, el Hospital Universitario de Santander entregó un balance sobre la condición de los 14 uniformados que permanecen bajo atención médica en sus instalaciones. Según el reporte, con corte a la tarde de este domingo 8 de noviembre, los pacientes tienen edades entre los 18 y 32 años y presentan lesiones de diferente complejidad.Entre los diagnósticos se encuentran traumas craneoencefálicos, torácicos y abdominales, heridas penetrantes en el cuello, lesiones ocasionadas por cuerpos extraños, fracturas en extremidades y pelvis, además de afectaciones vasculares y oculares.Sobre la condición de los 14 militares atendidos en el HUS, el reporte médico señala que dos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), después de ser intervenidos quirúrgicamente, con pronóstico reservado.Otros cuatro soldados ya fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos y continúan bajo seguimiento especializado, mientras que uno permanece en cirugía. Los siete restantes están bajo observación médica, valoración de especialistas y estudios complementarios para definir los tratamientos que requieren.El hospital explicó que desde el ingreso de los heridos dispuso de su capacidad asistencial y de un equipo multidisciplinario para garantizar la atención de los militares, teniendo en cuenta la complejidad de las lesiones.Los primeros ocho pacientes llegaron al HUS el sábado 7 de noviembre, entre las 4:00 y las 6:00 de la tarde. Los otros seis ingresaron este domingo, en la tarde.
Paisita Noche es uno de los chances más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. Su oferta de diferentes combinaciones permite participar con distintas modalidades y verificar si el tiquete coincide con los números anunciados oficialmente.Resultado de Paisita Noche hoy domingo 8 de noviembre de 2026El resultado del sorteo de este domingo 8 de noviembre de 2026 es el 1252 - Delfín. Cuando se conozca la información oficial, los jugadores podrán comprobar si sus apuestas coinciden con la combinación ganadora.Número ganador: 1252Dos últimas cifras: 52Tres últimas cifras: 252Los resultados deben consultarse en los canales oficiales y puntos de venta autorizados. También se recomienda conservar el tiquete original en buen estado para facilitar su validación.¿A qué hora juega Paisita Noche?El horario del sorteo depende del día de la semana:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, según la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden anunciado en el sorteo oficial.¿Cuáles son las modalidades de apuesta de Paisita Noche?El juego cuenta con seis alternativas, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el orden exacto.Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden anunciado.Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar los dos últimos números.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.¿Cómo funciona la quinta balota de Paisita Noche?La quinta balota se incorporó a Paisita Noche durante 2025. Consiste en una cifra adicional que acompaña al resultado principal y ofrece posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.Esta opción se suma a las seis modalidades disponibles para los participantes.¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Noche?El proceso de cobro depende del monto obtenido. Para comenzar, los ganadores deben presentar los siguientes documentos:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.También deben cumplir requisitos adicionales según el valor del premio:Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación inicial, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVT: se necesita una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.Con sus sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la opción de quinta balota, Paisita Noche mantiene una amplia participación entre los jugadores de Antioquia y otras zonas del país.