Dificultades con el servicio de electricidad ha generado protestas al interior de la cárcel de Puerto Triunfo. Desde la dirección del establecimiento negaron que haya ocurrido un motín y aseguraron que trabajan en soluciones con la Uspec.Un fuerte aguacero ocurrido en la tarde del pasado viernes en el municipio de Puerto Triunfo generó inconvenientes para la prestación del servicio de energía en varias zonas de la localidad del Magdalena Medio, entre ellas, para la cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad El Pesebre.El daño en un transformador no solo los dejó sin energía, sino también sin agua, pues el suministro depende del funcionamiento de motobombas. La situación habría generado un motín en inmediaciones del patio 3 de la prisión como lo evidenciaron reportes ciudadanos.Frente a esta problemática el defensor de la población privada de la libertad en el departamento, Jorge Carmona, insistió al Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Justicia para que preste atención a las complejas condiciones de este establecimiento que acoge a cerca de 1.700 personas."Yo creo que es la única cárcel en todo Colombia de los 138 establecimientos donde no tienen agua potable y eso se convierte en una vulneración gravísima a los derechos humanos porque el agua es esencial para la vida, pero también hay una falta de gobernabilidad", destacó Carmona.Desde la dirección de la cárcel El Pesebre, el capitán Mauricio Eraso indicó que trabajan con la Uspec para restablecer cuanto antes al servicio de energía, pero desmintió que hubiera ocurrido un motín, se refirió a una protestas pacífica e indicó que el servicio de alimentación se viene garantizando, así como el de agua con el ingreso frecuente de hasta cuatro carrotanques que atienden la contingencia."El transformador hay que cambiarlo, pero se entenderá que no se cambia de la noche a la mañana. Ya se están haciendo los trámites con la Uspec para poder cambiarlo y la alimentación a todos los internos se les ha garantizado", confirmó Eraso.Desde las entidades defensoras de la población privada de la libertad en Antioquia esperan soluciones prontas ya que aseguran que las altas temperaturas no mitigadas al interior del penal también generan preocupación ante las enfermedades que algunos de los reclusos padecen.
La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia garantizar la atención en salud de las personas privadas de la libertad en el país, luego de que se conociera el caso de dos presos en Boyacá y Meta, quienes no reciben los tratamientos necesarios a los problemas de salud como hipertensión crónica, diabetes, entre otras afecciones que padecen.La sala cuarta de revisión protegió los derechos a la salud y al diagnóstico de los detenidos que siguen pendiente de la entrega de medicamentos, aprobación de procedimientos quirúrgicos, entre otros servicios en las cárceles de El Barne y Acacias.Por eso, el alto tribunal ordenó “ejercer control en los casos en que se nieguen o dilaten las autorizaciones, citas, traslados, suministro de medicamentos, entre otros, para las personas privadas de la libertad, y en los que no se asignen o autoricen las citas o procedimientos sin justificación”.En el caso de Barne, Boyacá, la Corte halló que al preso se le violaron sus derechos al servicio de salud, ya que no se le ha entregado de manera oportuna los medicamentos necesarios para su procedimiento.Frente a este caso, la sala también ordenó a “a la Defensoría del Pueblo y al Inpec realizar una evaluación sobre los medicamentos y procedimientos médicos o quirúrgicos pendientes de suministrar o de realizar a las personas privadas de la libertad. Del mismo modo, le ordenó al Inpec y a la Uspec adoptar medidas con el fin de que se presente e implemente un plan de mejora para garantizar la oportunidad y eficacia en la atención en salud”.Dicho plan debe implementar la entrega oportuna de medicamentos, la disponibilidad de insumos médicos para el personal detenido, la asignación de citas con especialistas y la autorización de procedimientos quirúrgicos.“En cuanto al caso de la cárcel de Acacias, la sala le ordenó a la Fiduciaria Central S.A., a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá y al Área de Sanidad del Establecimiento Penitenciario que, de no haberlo hecho, remitieran al accionante a valoración de su patología con un médico especialista, y en caso de requerir un procedimiento médico adicional, este se debía coordinar en un término perentorio”, dice el comunicado.Para la Corte aún existen graves fallas y barreras para que el sistema le garantice a los privados de la libertad el acceso oportuno a los servicios de salud, lo que se considera como una “grave vulneración a sus derechos”, teniendo en cuenta que no se les autoriza citas, hay insuficiencia de recursos humanos y de vehículos de traslados.
El pasado fin de semana se registró la quema de vehículos, un local comercial y hasta la muerte de un agente de tránsito en Tuluá, Valle, en una aparente represalia por los operativos contra la banda La Inmaculada, la Procuraduría viajó hasta el municipio para atender la crisis humanitaria.En medio de esa inspección la Comisión Especial de la Procuraduría halló graves fallas de seguridad en la cárcel de Tuluá, donde se encuentran recluidos varias personas señaladas de ser parte o tener vínculos con ese grupo ilegal. Uno de los hallazgos más preocupantes es que el 70 % de las cámaras de videovigilancia no funcionan a pesar de las reiteradas solicitudes a la Uspec para que sean reparadas.El procurador delegado de Derechos Humanos de la Procuraduría, Javier Sarmiento, quien lidera la comisión, aseguró que tras una reunión con el director de la cárcel de Tuluá evidenció que “los muros perimetrales que conectan con el barrio la Inmaculada no han sido construidos”, y eso estaría permitiendo el paso de drogas, armas, celulares y todo tipo de elementos prohibidos en el centro penitenciario.Pero lo más grave es que desde el voraz incendio que cobró la vida de 56 presos en la cárcel de Tuluá a finales de agosto de 2022, la Procuraduría encontró en la reciente visita que todavía no funciona el sistema contra incendios también sigue dañado y ahora el riesgo es para las más de 900 personas detenidas en esa prisión del Valle.La visita de la Procuraduría también le dejó una alerta al Gobierno nacional, pues aunque la reacción a lo sucedido se ha concentrado en Tuluá, el procurador Sarmiento advirtió que si no se expanden las medidas de seguridad, lo que se va a extender por los municipios aledaños es la violencia que estaría generando La Inmaculada, tras la captura de alias ‘Nacho’, hermano de alias ‘Pipe’, el máximo cabecilla de la banda.
La Contraloría General identificó dos hallazgos fiscales por $14.981 millones, a raíz de irregularidades detectadas en contratos asociados a la prestación del servicio de vigilancia electrónica a personas con detención domiciliaria en el país. Estos contratos estaban bajo la responsabilidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad encargada de adquirir una solución integral para el Servicio de Vigilancia Electrónica (SVE) de Personas Privadas de la Libertad (PPL).El hallazgo de mayor cuantía, por un monto de $14.652 millones, fue detectado tras una inspección realizada en el Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual (Cervi). Durante esta revisión se solicitó y analizó la documentación correspondiente a la facturación y pagos de todos los meses del año 2022. Como resultado, se encontraron registros de cobro por el servicio diario de monitoreo electrónico, el cual incluía dispositivos que se encontraban inactivos en realidad, pero que fueron considerados como "efectivamente monitoreados".Se evidenció que el código fuente responsable de generar los reportes de facturación mensual del servicio no fue debidamente examinado ni verificado, lo cual constituye una falla grave en la supervisión de la ejecución contractual.Como consecuencia de estas irregularidades, se han realizado cobros y pagos por servicios que no se ajustan a lo establecido contractualmente, lo que representa un posible daño al patrimonio público. Esta situación se configura como un hallazgo con presunta connotación disciplinaria y fiscal.Además de estos hallazgos, en el marco de la auditoría realizada se han identificado un total de 34 hallazgos administrativos, de los cuales 7 presentan posibles implicaciones disciplinarias y 2 evidencian daño al patrimonio público. Todos estos hallazgos serán trasladados a las instancias competentes para su respectivo trámite y seguimiento.Adicionalmente, la opinión de la Contraloría sobre los estados financieros de la Uspec correspondientes al ejercicio 2022 es negativa, en concordancia con lo establecido en la resolución orgánica No. 0012 de 2017.A esta situación, el contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga, anunció que el ente de control le ha hecho varios requerimientos a la Uspec por cuenta del hacinamiento de las cárceles que ya llegó al 50 % y que podría agravarse con la llegada de los presos que llegarán al país desde Ecuador.
Por orden de un juez, 61 personas privadas de la libertad en una estación de Policía en Cúcuta, Norte de Santander, serán trasladadas debido a la crisis de hacinamiento que se vive en ese lugar y que estaría poniendo en juego varios derechos fundamentales de los detenidos.El juez aseguró que “se encontró demostrada una situación insostenible de hacinamiento de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Estación de Policía de La Libertad, lo que es consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones que se encuentran en cabeza de las entidades a nivel nacional, representadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -Uspec-".La decisión del togado se dio como respuesta a una tutela que interpuso la Procuraduría después de una inspección donde se evidenció vulneración a derechos fundamentales como la dignidad humana y la integridad de los detenidos.Lo inaudito del caso es que las 61 personas estaban detenidas en un espacio que estaba habilitado para 15 individuos, pero además se halló que el servicio de alimentación era deficiente, pues no se suministraba en las horas establecidas y no se brindaba atención a la salud de manera oportuna.Frente a este panorama el juez le ordenó al Inpec trasladar en término de 10 días a los presos que ya estén condenados, para que cumplan su pena en centros carcelarios de Cúcuta o municipios cercanos, priorizando a quienes requieran servicios de salud o sean adultos mayores.Le puede interesar:
Después de horas de audiencia pública, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), le adjudicó a la Unión Temporal Efectiva el contrato por más de $110.000 millones para brindar el servicio de brazaletes electrónicos.La empresa seleccionada estará a cargo de vigilar a los presos detenidos con medida domiciliaria a través de dispositivos GPS por medio de ese contrato.Pero esta licitación estuvo en medio de la controversia después de que el ente de control alertó que la Unidad habría modificado criterios para que una de los oferentes salieran favorecidos.Esa hipótesis señalaba a la empresa Buddi Limited Sucursal Colombia, la cual era el actual proveedor del servicio, pero perdió la adjudicación para el 2024 después de las alertas de la Procuraduría.La Procuraduría “ha hecho serias observaciones a los documentos del proceso licitatorio en lo que tiene que ver con aspectos técnicos, jurídicos y financieros, cuya finalidad es que la USPEC garantice la pluralidad de oferentes y la selección objetiva, algunas de ellas sin ser tenidas en cuenta, hasta el momento, por la entidad”.Le puede interesar:
La USPEC salió a explicar los duros señalamientos que hizo la Procuraduría frente al proceso que adelanta la entidad ante el contrato de los brazaletes electrónicos con lo que se vigila a los presos, esto a pocos días de que se adjudique dicho contrato.En un comunicado la Unidad de Servicios explicó que el proceso de Servicio de Vigilancia Electrónica para los privados de la libertad “cumple con todas las garantías de tiempo, publicación, transparencia y contestación de observaciones, las cuales se han realizado de manera pública, a través de la plataforma SECOP II”.Así mismo, detallaron que se ha garantizado el proceso de pluralidad de oferentes, “muestra de ello es que para esta licitación se recibieron cuatro (4) ofertas que se encuentran en el término de evaluación, el cual finaliza el día jueves 14 de diciembre, conforme a la plataforma SECOP II”.El nuevo escándalo que sacude a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, tiene que ver con irregularidades en la contratación para licitar el servicio de los brazaletes electrónicos para vigilar a quienes se encuentran en prisión domiciliaria.Así lo alertó la Procuraduría hallando cambios de criterios en ítems definidos, modificación de condiciones y asignación de puntajes para favorecer a una de las empresas participantes en la licitación para prestar ese servicio.El ente de control advirtió que no existe alguna justificación por parte de la USPEC que sustente la decisión de modificar el criterio para la asignación de puntaje e hizo serias observaciones a los documentos del proceso licitatorio que garantice la pluralidad de los oferentes.Le puede interesar:
A través de un comunicado, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, explicó el por qué se presentó una delicada crisis alimentaria que duró cerca de ocho días en la cárcel de alta seguridad de Cómbita, en Boyacá, y la cual fue alertada por el propio director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez.La Uspec detalló que el pasado 6 de diciembre la Unión Temporal Andino Colombiano inició labores para suministrar el servicio de alimentación a los presos en esa cárcel a cargo del Inpec y tan solo un día después el nuevo operador reportó fallas en las calderas que abastecen las ollas donde se prepara la comida, lo que generó que el 7 y 8 de diciembre se presentaran graves problemas frente a los horarios de los tiempos de la comida.A partir del 10 de diciembre se ha venido normalizando el suministro del servicio, después de que se arreglaran las calderas, pero el Uspec aclaró que en “ningún día se ha dejado de entregar alimentación a los privados de la libertad que pagan sus penas en este establecimiento”.Sin embargo, el área logística de la entidad requirió al operador Andino Colombiano para que den garantías del cumplimiento de las obligaciones contractuales que incluyen una óptima prestación del servicio y, además, se creó una mesa de trabajo en la cárcel para atender las novedad y avances que se llevan a cabo en el rancho de alta seguridad.En las últimas horas se desarrolló una mesa de trabajo entre el Operador UT Andino Colombiano, el Inpec, la USPEC y el Ministerio de Justicia, en aras de dar una solución urgente a las fallas presentadas en la prestación del servicio.Le puede interesar:
El nuevo escándalo que sacude a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, tiene que ver con irregularidades en la contratación para licitar el servicio de los brazaletes electrónicos para vigilar a quienes se encuentran en prisión domiciliaria.Así lo está alertando la Procuraduría que encontró cambios de criterios en ítems definidos, modificación de condiciones y asignación de puntajes para favorecer a una de las empresas participantes en la licitación para prestar ese servicio.El ente de control advirtió que no existe alguna justificación por parte de la USPEC que sustente la decisión de modificar el criterio para la asignación de puntaje e hizo serias observaciones a los documentos del proceso licitatorio que garantice la pluralidad de los oferentes.La Procuraduría “ha hecho serias observaciones a los documentos del proceso licitatorio en lo que tiene que ver con aspectos técnicos, jurídicos y financieros, cuya finalidad es que la USPEC garantice la pluralidad de oferentes y la selección objetiva, algunas de ellas sin ser tenidas en cuenta, hasta el momento, por la entidad”.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia a la USPEC, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, sobre el nuevo contrato del operador que proveerá la alimentación de los presos, la cercanía del vencimiento del contrato actual (a menos de 10 días) aumenta la presión para resolver la situación de la licitación de manera rápida y efectiva. El no tener una estrategia definida a tan poco tiempo del vencimiento puede plantear riesgos significativos para la continuidad del servicio, especialmente considerando la gran cantidad de personas privadas de la libertad afectadas (más de 124.000).El Ministerio Público está cuestionando a la USPEC sobre las medidas previstas para asegurar la continuidad del servicio de alimentación a partir del 1 de diciembre de 2023.No hay una entidad que lleve a cabo la interventoría a este contrato El hecho de que el contrato supera los 800.000 millones de pesos, mientras que el presupuesto de la USPEC es de 47.000 millones, destaca la gran diferencia entre el alcance financiero del contrato y los recursos disponibles para la entidad.En general, estas situaciones sugieren que la procuraduría está examinando de cerca la conducta de la USPEC en el proceso de licitación, con un enfoque particular en la transparencia y el cumplimiento de los plazos. Es importante para la entidad abordar estas preocupaciones y cooperar con la investigación para garantizar la integridad del proceso y mantener la confianza en la gestión de los recursos públicos.Le podría interesar:
El sueño de prosperidad y búsqueda de nuevas oportunidades laborales ha impulsado a muchos latinos a migrar a otros países, con la esperanza de encontrar un mejor futuro. Este es el caso de Ismael Trejo, un joven guatemalteco que ha decidido compartir su experiencia laboral y diaria como inmigrante en Estados Unidos, un país que muchos consideran el “país de las oportunidades”.Desde que llegó a Estados Unidos, Ismael ha trabajado como albañil, y recientemente ha capturado la atención de miles en redes sociales al revelar cuánto ganó en su primera semana de trabajo: un impresionante cheque de 1,730 dólares. Al cambio actual, esta cantidad representa aproximadamente 13,437 quetzales (en Guatemala) y 6’666.555 en pesos colombianos.Pero la revelación de Ismael no se detiene allí. En su serie de videos virales, muestra que su ingreso semanal nunca desciende por debajo de los 1,200 dólares, detallando otros cheques de 1,240 y 1,340 dólares. Esto significa que sus ingresos mensuales rondan los 4,800 dólares, equivalente a unos 18’496.800 pesos colombianos.Vea el video: La capacidad de Ismael para manejar sus finanzas se hizo evidente cuando, con apenas su primer cheque, pudo adquirir un automóvil. Sus experiencias, relatadas a través de sus populares videos, donde ha asegurado que migrar puede "valer la pena", similar a otras historias compartidas por latinos trabajando en diversos sectores en EE.UU.Uno de sus videos más populares ha logrado acumular más de 214 mil reproducciones, recibiendo más de 6 mil 'me gusta' y cientos de comentarios. "Primer cheque, no creo", "y de qué sirve si dejas todo en los gastos", "ánimo hermano", "el mío fue parecido, pero me lo dieron en la quincena", son algunos de los comentarios que se leen en el video.
Netflix retransmitirá sus dos primeros partidos de la liga de football americano (NFL) la próxima temporada, en otra incursión del gigante del 'streaming' en el mercado de eventos deportivos en vivo.Este miércoles, la NFL anunció que Netflix tendrá los derechos exclusivos de dos juegos de la emblemática jornada de Navidad como parte de un acuerdo por tres años cuyos detalles financieros no se especificaron.Uno de los partidos lo protagonizarán los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce, vigentes campeones de la NFL, frente a los Pittsburgh Steelers y el otro los Houston Texans ante los Baltimore Ravens.Bayer Leverkusen regala a sus hinchas tatuajes por su histórica temporada"No hay eventos anuales en directo, deportivos o de otro tipo, que se puedan comparar con la audiencia que atrae el football americano. Estamos muy emocionados de que los partidos del día de Navidad de la NFL solo estén en Netflix", dijo en un comunicado la directora de contenidos de la plataforma, Bela Bajaria.Hasta el momento, la oferta deportiva de Netflix se ha enfocado principalmente en la producción de series documentales de competencias como la propia NFL, Fórmula 1 o tenis.Sin embargo, la plataforma va poco a poco incursionando en los eventos en vivo, como la exhibición tenística que realizaron los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en marzo en Las Vegas o el combate de boxeo que sostendrán el legendario Mike Tyson y el 'youtuber' Jake Paul el 20 de julio.De su lado, la NFL apuesta cada vez más por ampliar su alcance a través de las redes de 'streaming', como ya comenzó a hacer en 2022 con el partido de los jueves en Amazon Prime."No podríamos estar más emocionados de ser la primera liga deportiva profesional en asociarse con Netflix para llevar partidos en directo a los aficionados de todo el mundo", resaltó Hans Schroeder, vicepresidente ejecutivo de la NFL.
Este miércoles, 15 de mayo, se llevó a cabo el sorteo del chance Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más famosos de Colombia, y al igual que Super Astro Sol, se juega diariamente.El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 10:50 de la noche, mientras que los domingos juega a las 8:30 de la noche y cuenta con tres oportunidades de ganar con una misma apuesta.Plan de premios Super Astro Sol y Super Astro Luna4 cifras + signo = Paga $42.000 veces lo apostado3 cifras + signo = Paga $1.000 veces lo apostado2 cifras + signo = paga $100 veces lo apostado.El acierto de las cifras es en estricto orden.El Super Astro Luna es idéntico al Super Astro Sol, con la única diferencia que este último se juega de día.Conozca los resultados del último sorteo de Super Astro Luna de este miércoles, 15 de mayo: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Cuatro cifras: Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de Super Astro Luna¿Cuál fue el resultado de Super Astro Luna chance de ayer 14 de mayo de 2024?Conozca los resultados del último sorteo de Super Astro Luna de este martes, 14 de mayo: 2396 - Geminis
José Fernando Rodas Reina, de 39 años de edad, fue asesinado en la noche de este martes, al parecer, cuando fue señalado de pretender abusar sexualmente de un joven autista de 17 años de edad, en una vivienda del barrio Barichara de San Antonio de Prado, en Medellín.Por ahora, las autoridades investigan lo relatado por un adulto detenido, que fue hallado junto al menor de edad y la víctima ya sin signos vitales en la habitación del mismo. El adulto, de 29 años de edad, narró que le ayudó al joven a defenderse presuntamente de las intenciones de este hombre.A su vez, testigos le contaron a las autoridades que los vecinos de la víctima escucharon un estruendo en su casa, tocaron a la puerta para ver qué sucedía y como no recibieron respuesta, llamaron a la madre para pedir autorización para ingresar a la casa, donde encontraron a los dos hombres (menor y adulto) junto con el fallecido.Según el reporte de las autoridades, la muerte la generó un golpe con objeto contundente en la cabeza, en este caso una tabla. De manera preliminar se conoció que fue una discusión entre amigos, pero luego trascendió este giro en los hechos.Capturan a dos hombres por presunto abuso y acoso sexual a niños en Medellín y Sabaneta“Se presenta un hecho de intolerancia que nuevamente reprochamos en la medida que un joven se reúne con otros dos amigos y en hechos que son objeto de investigación, se genera una posible discusión entre ellos, se hace uso de un elemento contundente en el que al parecer es el que ocasiona la muerte con un golpe en la cabeza de la víctima. Finalmente será Medicina Legal la que nos establezca la causa final de la muerte”, detalló el teniente coronel César Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.Este año en Medellín han sido asesinadas 121 personas, de las cuales 112 eran hombres.
Este miércoles 15 de mayo se dio inicio al juicio contra el magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, por el delito de manipulación de testigos en el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe. El proceso está a cargo del magistrado ponente Ariel Augusto Torres Rojas.Entre los hechos que son materia de investigación, Prada salió salpicado dentro de versiones que señalan que habría presionado a testigos para que se retractaran de señalamientos en contra del expresidente Álvaro Uribe y su hermano, Santiago Uribe.Durante la audiencia, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el juicio al negar la nulidad que exigía la defensa del excongresista del Centro Democrático, con el argumento que el alto tribunal no era competente para procesarlo. El alto tribunal explicó que sí está entre sus funciones realizar la investigación, ya que los hechos se remontan al periodo en que Prada fue representante a la Cámara por dicha colectividad.Uno de esos testigos sería el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien señaló que recibió presiones para cambiar su versión sobre los supuestos vínculos de los hermanos Uribe. Al parecer, Prada habría contactado a Carlos López, alias Caliche, para que llegara a Monsalve, quien es considerado uno de los testigos dentro del expediente. El proceso contra el actual magistrado del CNE comenzó en 2018.Cabe mencionar que Álvaro Hernán Prada es uno de los investigadores en el caso que adelanta el CNE sobre presuntas irregularidades que se habrían presentado en la campaña Petro Presidente