La Alcaldía de Barrancabermeja realizó un recorrido en la vereda Vara Santa, corregimiento El Centro, para supervisar los avances en la adecuación del terreno donde se construirá una nueva cárcel. Esta megaobra, adjudicada con recursos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), busca mejorar las condiciones del sistema penitenciario en la región.El proyecto se desarrolla en un predio de 92 hectáreas, aportado por el distrito de Barrancabermeja, y actualmente genera cerca de 70 empleos, principalmente para habitantes del corregimiento El Centro. Se espera que en su fase más activa la obra ofrezca más de 300 vacantes, "priorizando la contratación de mano de obra local y la adquisición de bienes y servicios en la región".El secretario del Interior, Harold Villabona Isidro, destacó la importancia de la construcción de este centro penitenciario, señalando que no solo beneficiará a la comunidad con oportunidades laborales, sino que también representará una solución concreta a la crisis carcelaria que enfrenta la ciudad.“Esta obra no solo nos está generando unos impactos positivos en la sociedad barranqueña, sino que también va a ser una respuesta concreta a esa problemática que tenemos con algunos presos en la ciudad, que no tienen un lugar adecuado para pagar sus penas”, afirmó el funcionario.Con una inversión cercana a los 300.000 millones de pesos, el nuevo centro de reclusión será una de las infraestructuras penitenciarias más grandes del país y un referente en modernización y humanización del sistema carcelario.La cárcel de mediana seguridad tendrá capacidad para 1.552 internos, entre hombres y mujeres, y contará con ocho pabellones (seis para hombres y dos para mujeres, incluyendo una guardería), un área administrativa, zona de casinos, talleres y aulas escolares, "con el objetivo de brindar un entorno digno que favorezca la rehabilitación y reintegración social de los reclusos".Las obras continúan en su fase de adecuación, incluyendo aprovechamiento forestal, estabilización del terreno y pilotajes. Para octubre de este año se prevé una prueba de estabilidad de cuatro meses antes de iniciar la construcción de la infraestructura principal. Según el cronograma, la finalización del proyecto está prevista para finales de 2027.
Un fallo del Consejo de Estado de segunda instancia confirmó la sentencia de 27 de septiembre de 2024, del Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual declaró nula la elección de Arley Octavio Valero Sáenz, como diputado de Santander para el periodo 2024 – 2027 porque en el momento de su elección se encontraba inhabilitado ya que su hermano Ludwing Joel Valero, ocupaba el cargo como gerente general de la Uspec.Le puede interesar: La demanda de nulidad electoral fue presentada por Ángel de Jesús Estévez Salazar, quien alegó que “Ludwing Valero tenía autoridad administrativa en Santander, ya que manejó presupuesto, nombró y removió personal y celebró contratos para cárceles en el departamento, lo que inhabilitaba a su hermano Arley Valero”.Durante el proceso, la Procuraduría y el Tribunal Administrativo de Santander concluyeron que sí se configuraba la inhabilidad, por lo que fue anulada la elección del diputado.Entre las consideraciones que tuvo en cuenta el Consejo de Estado están la causal de inhabilidad por parentesco a la que se refiere el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 que estable que una persona no puede ser elegida diputado si tiene parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad con alguien que haya ejercido autoridad administrativa en el departamento dentro de los 12 meses previos a la elección.Concluyó el alto tribunal que Ludwing Joel Valero Sáenz, hermano del diputado, como director general de la USPEC, sí ejerció autoridad administrativa en el departamento porque celebró contratos que beneficiaron cárceles en Bucaramanga, Girón, Málaga y San Vicente de Chucurí.Arley Valero, actual presidente de la Asamblea de Santander, sería reemplazo por Orlando Niño, exalcalde del municipio de Puente Nacional quien ocupó el segundo lugar en la lista en las elecciones de 2023 por el partido Conservador.
El director nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, reveló durante su visita a Bucaramanga que las estaciones de policía del país albergan actualmente a cerca de 20.000 personas sindicadas, lo que ha generado una grave crisis de hacinamiento.El oficial enfatizó que las cárceles están destinadas exclusivamente a personas condenadas, lo que impide el traslado de los sindicados a estos centros penitenciarios. Actualmente, el sistema carcelario cuenta con aproximadamente 75.000 personas condenadas y enfrenta un déficit de 40.000 cupos, una situación que agrava la crisis de sobrepoblación en los centros de detención transitoria."Ha sido un trabajo difícil, pero hemos venido articulando soluciones con la Corte Constitucional y los alcaldes. La responsabilidad del Inpec es custodiar a los condenados, pero los sindicados son quienes están generando hacinamiento en las estaciones de policía. No podemos simplemente trasladarlos a las cárceles porque ello aumentaría el problema", explicó el coronel Gutiérrez.Para abordar esta crisis, el Inpec trabaja en coordinación con alcaldías y la Policía Nacional en la creación de centros de detención transitoria que permitan aliviar la sobrepoblación en las estaciones policiales. Además, se evalúa la posibilidad de ampliar los cupos en las cárceles del país como parte de una estrategia integral.El hacinamiento carcelario ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre el sistema penitenciario en Colombia, y la necesidad de soluciones estructurales se ha convertido en una prioridad para las autoridades. El coronel Gutiérrez reiteró que el trabajo conjunto con diferentes entidades es clave para enfrentar este desafío y garantizar condiciones dignas de reclusión para los privados de la libertad.
La falta de asistencia médica para los más de 3.600 privados de la libertad en la cárcel El Pedregal en Medellín ha desencadenado múltiples problemáticas de salud, incluyendo un brote cutáneo cuya causa aún no ha sido identificada, por lo que la Personería Distrital pidió a las autoridades tomar medidas inmediatas.Han sido varios los internos afectados con el brote, que se esparció por buena parte de la piel de los afectados, lo que viene generando preocupación.Y es que ya se han registrado más de 50 casos de complicaciones de salud entre los internos, debido a la insuficiencia de personal médico asignado al centro de reclusión, pues según la denuncia, en repetidas ocasiones el servicio ha sido prestado por un número limitado de médicos o incluso, en ciertos días, no ha habido personal médico disponible.A lo anterior se suma la cifra de hacinamiento, que está en el 41.82% en los hombres recluidos allí, unos 2.601, además de 1.066 mujeres. De esta problemática habló Oswaldo Patiño, personero Delegado 20D del proceso de Penal, Familiar y Convivencia."La falta de profesionales de la salud se identificó cuando solo una médica asistió a las instalaciones, siendo la única profesional encargada de brindar atención tanto a la población masculina como femenina del complejo, lo que expone el limitado acceso a la atención y desconocimiento por parte del operador Norsalud", destacó el funcionario.Ante la situación, la Personería Distrital de Medellín alertó a la dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC para que tome cartas en el asunto.
Preparar 3.600 raciones diarias para cubrir la alimentación de los hombres y mujeres que están recluidos en la cárcel El Pedregal en Medellín es el objetivo del rancho cocina, que fue reabierto oficialmente tras cinco años de estar inactivo y de denuncias de las familias y defensores de derechos humanos del mal estado de la comida que estos recibían.La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) explicó que a través del contratista generó las mejoras estructurales y de operación, con una inversión de 797 millones de pesos, también cumpliendo los compromisos que pactaron con los entes de control y del ministerio público, pues en meses anteriores la Defensoría del Pueblo visitó el sitio y evidenció la problemática de la alimentación. Al respecto se refirió el director general de la Uspec, Ludwing Joel Valero."Haber honrado la palabra ante los órganos de control, ante el establecimiento penitenciario y carcelario, ante la Dirección Regional, ante la Dirección Nacional del Inpec y estar hoy diciéndoles que cumplimos. Y lo más importante, esto es el primer paso para seguir trabajando y mejorando en las circunstancias del tema de salud, del tema de alimentación, del tema de infraestructura y de los demás servicios que están a cargo de la Uspec", dijo. En este rancho trabajarán de 17 a 20 mujeres privadas de la libertad, según indicó el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas."Representan más o menos el 3 % de toda la población de todo el país. Van a ser ocupadas 20 mujeres privadas de libertad aquí, haciendo su actividad ocupacional, rellenando penas. Y todo esto es importante en el marco de la humanización en el proceso penitenciario. Estamos avanzando con dignidad, generando mejores espacios, mejores condiciones", señaló.Algunos de los trabajos que adelantaron fue la remodelación de áreas internas y externas de la estructura, adecuación de áreas específicas, equipos estructurales como el cuarto frío, de congelación y la campana extractora. A su vez, el mantenimiento de las redes sanitarias, hidráulica, eléctrica, de vapor y gas y de las calderas, además de la compra de equipos como marmitas, sartenes basculantes, horno, máquina de hielo y mesones para la preparación de los alimentos.Desde la Uspec recalcaron la necesidad de contar con los recursos necesarios para poder adecuar los ranchos de los más de 120 establecimientos penitenciarios del país a cargo del Inpec.Decisión de la CorteCerca de 580 mujeres recluidas en El Pedregal habían solicitado el amparo de sus derechos a la dignidad humana, vida, salud, integridad física y alimentación, siendo este último el que las obligó a acudir a la justicia, que en primera instancia no acogió sus argumentos.Funcionarios de la Defensoría del Pueblo evidenciaron que, si bien había abastecimiento de insumos, al no hacerse la debida separación de los alimentos para su conservación, algunos alimentos se dañaban rápidamente. También corroboraron que no eran cumplidos los horarios de entrega, razón por la que las personas privadas de la libertad estaban siendo sometidas a periodos de ayuno de hasta 16 horas.La Sentencia T216 de 2024 de la Corte Constitucional tuvo presente un documento adelantado por la Defensoría y basado en visitas hechas al establecimiento, las cuales “dejaron en evidencia una flagrante vulneración al derecho a la alimentación como mínimo constitucionalmente asegurable de la vida en reclusión”, indicó la entidad en el mes de julio.
A través de una carta dirigida a Ludwing Joel Valero Sáenz, director del USPEC, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char manifestó su preocupación por la crisis de hacinamiento en los centros carcelarios de la ciudad.Ante esto hizo un especial llamado al funcionario para que culminen los trámites administrativos tendientes a finalizar las obras complementarias para poner en funcionamiento los 3 pabellones para 170 privados de la libertad, cada uno, construidos en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, los cuales fueron entregados por parte del Ministro de Justicia en el mes de junio del año 2022, sin que aún estén siendo usados.En el documento, el alcalde Char urge la habilitación de los 510 nuevos para “mitigar la situación de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan a toda la población privada de libertad”.“Como es de su conocimiento, actualmente se presentan graves situaciones de hacinamiento carcelario en los centros penitenciarios ubicados en la ciudad de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, por lo cual, acudimos a sus buenas gestiones para seguir fortaleciendo, adoptando e implementando medidas urgentes y prioritarias tendientes a mitigar la situación de vulnerabilidad y de contaminación al interior de las cárceles que afectan a toda la población privada de libertad, recluida en los distintos establecimientos carcelarios”, se lee en el documento.Y es que, según información entregada por la Personería Distrital, los centros de detención transitorios de la ciudad se encuentran con un 377 por ciento de hacinamiento.
En Antioquia hay preocupación por la situación en La cárcel El Pesebre, ubicada en Puerto Triunfo, llamada también como la ‘cárcel de la muerte y el castigo’, donde los privados de la libertad atraviesan un brote de varicela lo que ha ocasionado que desde hace más de un mes tres pabellones se encuentren en aislamiento.A pesar de estas complicaciones de salud, esta misma semana ingresaron once nuevos presos a la cárcel y fueron enviados a uno de los pabellones que se encuentran en aislamiento."¿Cómo es que van a ingresar gente nueva, que vienen aliviados de estas partes, a ingresarlos a pabellones donde están en aislamiento desde hace más de un mes? No hay agua, están enfermos, la comida es pésima y a eso le están sumando que están metiendo gente aliviada a los pabellones que están en aislamiento, o sea que se van a terminar todos contagiados por una posible pandemia de infección", manifestó Jorge Carmona, defensor de los derechos de los privados de libertad, quien viene denunciando la situación. A esto añade que no hay ningún tipo de atención médica desde este centro carcelario, simplemente dejan encerrados a los que presentan síntomas de enfermedades."Los compañeros que han fallecido acá, dicen que ellos se murieron porque no comían, que porque vendían la comida, que porque tenían tuberculosis, no son mentiras ellos se murieron por la mala alimentación que dan acá, aquí dan una mala pésima alimentación, es mentira que se murieron por la droga", denunció uno de los privados de la libertad. También hay una grave situación de hacinamiento, pues aunque está diseñado para alrededor de 900 reclusos, hay más de 1.600."Aquí quieren tapar todo con un dedo y eso es lo que está pasando acá, entonces nosotros como internos nos estamos sintiendo abandonados, nos estamos sintiendo solos", concluyó.
Continúan las problemáticas de insalubridad, alimentación y falta de atención inmediata en salud en la cárcel El Pesebre del municipio de Puerto Triunfo, lo que incluso generó una protesta de sus familias a finales del mes de julio.Ahora, se registra una epidemia de varicela que ya afectó a los internos de los pabellones 2, 5 y 7 de ese establecimiento carcelario nacional, lo que se suma a que hay privados de la libertad con desnutriciones severas, y otras enfermedades cómo VIH, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), cáncer, afecciones en la piel y problemas gastrointestinales sin atenciones inmediatas, por la falta de profesionales de la salud y medicamentos."Cerca de 1.650 internos que se encuentran en la cárcel el pesebre de Puerto Triunfo, a la deriva de la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC) y del contratista de la alimentación con la Fiduprevisora pues alimentación y salud, pues no responden, porque se juntan. Ahora están enfermos, hacinados y con una cantidad de problemas de alimentación", denunció Jorge Carmona, defensor de DD.HH de la población privada de la libertad."Esta denuncia la hago por la difícil situación que está viviendo mi hijo pero también todos los internos de este establecimiento carcelario Puerto Triunfo ya pasó los límites de la cordura es la única cárcel donde no hay agua potable donde la situación sanitaria es degradante (...) Me tomé la molestia de comunicarme con la directora de Puerto Triunfo y mandarle un video donde mi hijo presenta el brote que tiene y lo único que dice es que va a hablar con el médico. Habla con él y el médico lo que le dice es que es lo que tiene es una infección en la sangre y que con salsa parrilla dizque se puede curar", detalló la madre de uno de los internos.Ante la situación, Carmona pidió al Ministerio Público, a través de la Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría a que tomen cartas en el asunto para una solución real y a largo plazo.Esto se suma a la compleja situación humanitaria que atraviesa el sistema penitenciario en Antioquia y Chocó, que puede ser mucho peor en los próximos días por la imposibilidad de llegar a acuerdos entre los profesionales de la salud y el nuevo operador.Son cerca de cien personas entre médicos, odontólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y regentes de farmacia los que han manifestado su rechazo a las nuevas condiciones laborales impuestas por la Unión Temporal Norsalud PPL, quien desde el 1 de agosto es el operador de estos servicios para 19 centros penitenciarios de Antioquia y Chocó.
Ya son por lo menos 120 horas desde que casi un centenar de profesionales de la salud decidieron suspender sus servicios en 19 establecimientos penitenciarios de Antioquia y Chocó por cambios en las condiciones laborales tras un cambio de operador desde el 1 de agosto.Con el pasar de las horas la situación en varios centros de reclusión se sigue recrudeciendo, especialmente en aquellos con mayor cantidad de presos como El Pedregal en Medellín, donde en las últimas horas la Personería de Medellín alertó por el riesgo que corren 3.500 personas que cumplen sus condenas en este lugar.Juan Pablo Padilla, líder del Observatorio Penal, Penitenciario y Carcelario, indicó que ya han reportado esta problemática a la Unidad de Servicios Penitenciarios, Uspec, para que tomen decisiones urgentes."Para esta agencia el Ministerio Público es inminente hacer valer el derecho fundamental a la vida y la salud de todas las personas que están recluidas en el distrito de Medellín ya que todas ellas son iguales ante la ley y merecen igual protección de los órganos de justicia", señaló Padilla.Una de las profesionales afectadas por el cambio de operador, comentó a Blu Radio que siguen sin una respuesta positiva frente a la búsqueda de alternativas. Aseguró que lo que han dicho hasta el momento desde la Unión Temporal Norsalud PPL es que quienes no estén de acuerdo con las nuevas condiciones pueden renunciar y que tienen un plan de contingencia en caso de una salida masiva de personal. Sin embargo, ya son seis días sin la atención de salud de primer nivel."Siguen con palabras retadoras, siguen diciendo que 'firman o se van, nosotros tenemos personal para reemplazarlos'. Tampoco hay medicamentos en las cárceles de Antioquia y Chocó, nada, ni siquiera un acetaminofén", expresó esta persona.Luego de la entrada de un nuevo operador para el servicio de salud en estos lugares, profesionales como médicos, odontólogos, enfermeros y auxiliares de enfermería aseguran que se le van a disminuir sus salarios, van a pasar a ser contratados como prestadores de servicios y asumir un seguro de dicho acuerdo.
Una tutela interpuesta por las 578 mujeres privadas de libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín generó que la Corte Constitucional advirtiera que la privación de la libertad no debe generar que las personas pierdan sus derechos fundamentales y humanos.Según la acción interpuesta, las mujeres privadas de su libertad solicitaron la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la alimentación, porque, presuntamente, sus derechos fueron vulnerados por parte de distintas entidades.Las denuncias indican que las presas no contaban con las condiciones de calidad, cantidad e higiene de la alimentación suministrada, hecho que pudo evidenciar la Corte que concluyó que existe una clara violación de los derechos de las mujeres.Por otro lado, se encontró que, si bien el establecimiento de reclusión cuenta con tres ranchos para preparar los alimentos, dos de ellos carecen de las condiciones materiales para su adecuado funcionamiento. En consecuencia, la Corte le ordenó a la USPEC y al INPEC que diseñen y ejecuten en un plazo de seis meses, un plan para mejorar, adecuar y construir la infraestructura faltante de los ranchos.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
