El representante a la Cámara Jaime Arizabaleta aseguró que el proyecto de ley conocido como ‘Ley anticapuchos’ no busca interferir con el derecho a la protesta pacífica, sino establecer sanciones para quienes oculten deliberadamente su identidad y cometan actos vandálicos durante manifestaciones.
En entrevista con Recap Blu, el congresista explicó que la iniciativa pretende, según su planteamiento, entregar herramientas a la fuerza pública para proteger tanto la movilización pacífica como la seguridad ciudadana.
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Arizabaleta explicó que el proyecto contempla la creación de un nuevo tipo penal para sancionar el ocultamiento de la identidad mediante capuchas, máscaras o disfraces cuando este se produzca en el marco de actos vandálicos.
Penas de varios años
El congresista insistió en que cubrirse el rostro durante una protesta pacífica no sería, por sí solo, la conducta que se pretende penalizar. Esta distinción también ha sido señalada en la discusión pública del proyecto, que fue radicado en el Congreso y plantea penas de cuatro a ocho años para determinadas conductas asociadas al ocultamiento de identidad y actos violentos.
El segundo componente de la iniciativa está relacionado con los bloqueos de vías. Según explicó el congresista en la entrevista, la propuesta busca aumentar las penas actualmente previstas para esta conducta hasta un rango de cuatro a ocho años. Arizabaleta sostuvo que este punto es menos visible en el debate público, pero hace parte central del proyecto que impulsa en el Congreso.
El representante también se refirió a los casos de personas encapuchadas que, después de protagonizar hechos vandálicos, se refugian en universidades. Sobre este punto, sostuvo que los campus universitarios no pueden ser considerados territorios al margen de la ley y defendió la posibilidad de que las autoridades actúen cuando se hayan cometido delitos.
Durante la conversación, Arizabaleta confirmó además que el proyecto ya fue radicado y que espera que tenga su primer debate próximamente. Explicó que, al tratarse de una ley ordinaria, normalmente tendría cuatro debates, aunque está solicitando al Gobierno que le dé trámite de urgencia para acelerar su discusión.
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Frente al respaldo del Ejecutivo, el congresista aclaró que hasta el momento no ha recibido una respuesta definitiva de apoyo o rechazo, aunque considera que existe coincidencia entre su iniciativa y las medidas que el Gobierno ha planteado sobre las manifestaciones.