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Líderes sociales en riesgo: ¿quiénes están tras los asesinatos?

Al menos el 50 % de estos crímenes son perpetrados por sicarios, según Indepaz.

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Blu Radio // Lideres sociales // Foto: AFP

La ONU ha recibido en lo corrido del año 180 reportes de homicidios de líderes en Colombia, de los cuales ha verificado 67. Por su parte, la Defensoría del Pueblo registra 130 asesinatos, mientras que Indepaz contabiliza 162.

Marino Córdoba es líder social y representante de los afrocolombianos desplazados en el país. Aseguró que la situación de los líderes y lideresas en Colombia es crítica y que, ante la presencia de los diferentes grupos armados en los territorios, el Estado no ha tomado las medidas de protección suficientes para garantizar el derecho a la vida.

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"Las autoridades han desconocido de alguna manera que el liderazgo social en Colombia es fundamental, como lo es el trabajo del policía, del empresario, del político y el poder estar con las comunidades que tienen afectaciones y reclamaciones válidas", añadió.

Las poblaciones más afectadas por homicidios y amenazas serían las comunidades indígenas y campesinas, y los departamentos donde más casos se presentan son el Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Chocó y Caquetá.

Según Camilo González, director de Indepaz, al menos el 50 % de estos crímenes son perpetrados por sicarios, por lo que a veces se dificulta la identificación del responsable. Mientras que los otros casos los estarían cometiendo, principalmente, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

“Hay disputa por control territorial, por tierra, por minería ilegal y legal, rutas del narcotráfico y cadenas en general del negocio ilícito; las economías del oro y también por control político, porque no solamente es el tema económico”, manifestó González.

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La situación para los excombatientes de las Farc también es complicada. Según la ONU, desde la firma del acuerdo han sido asesinados 303, incluyendo 44 afros, 25 indígenas y 54 menores de 29 años. Asimismo, desde el partido Comunes están pidiéndole al Gobierno el traslado de 31 familias del antiguo espacio de reincorporación en el Yarí, por las constantes amenazas por parte de grupos armados.

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