Llegada de la CPI a Colombia refleja riesgo de impunidad en la JEP, dice exfiscal general

El exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió sobre los retos que enfrenta la justicia transicional en el país, a propósito de la próxima apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional en Colombia, prevista para el 1º de mayo.Según Martínez, esta decisión resulta llamativa, teniendo en cuenta que durante años se aseguró que la Jurisdicción Especial para la Paz era un modelo exitoso de justicia, incluso después de que el fiscal del alto tribunal, Karim Khan, cerrara el examen preliminar que durante 17 años se adelantó sobre el país.Para el exfiscal, la presencia de la Corte podría interpretarse como una señal de alerta frente a posibles riesgos de impunidad en los casos relacionados con el conflicto armado.Martínez señala que uno de los principales problemas es el tiempo: la JEP tiene un plazo máximo de diez años para investigar y presentar acusaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad, período que se vence en dos años.A la fecha, los avances han sido limitados, porque “de los once macrocasos que abrió tardíamente, solamente ha hecho 4 imputaciones parciales en 2 de ellos, aparte de que nada relevante se ha avanzado respecto de los 540 terceros que se sometieron voluntariamente a su jurisdicción”.Martínez, en su columna dominical, recordó que hay impunidad sobre varios de los estudios contenidos en los 17 informes que personalmente entregó como fiscal general a la presidenta de la JEP de entonces, Patricia Linares, “relativos a 223.000 casos con 280.000 indiciados y 197.000 víctimas involucradas, entre ellos los de los vínculos entre las Farc y agentes del Estado y los mecanismos de financiación” de ese grupo armado.El exfiscal enfatiza que, si no se logran resultados antes de que venza el plazo, la Corte Penal Internacional podría asumir directamente los casos, lo que, dice, sería un golpe grave para la justicia colombiana.En su columna dominical, también hace un llamado a buscar acuerdos que permitan fortalecer y ajustar el funcionamiento de la JEP, con el fin de evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas del conflicto.