El exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió sobre los retos que enfrenta la justicia transicional en el país, a propósito de la próxima apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional en Colombia, prevista para el 1º de mayo.Según Martínez, esta decisión resulta llamativa, teniendo en cuenta que durante años se aseguró que la Jurisdicción Especial para la Paz era un modelo exitoso de justicia, incluso después de que el fiscal del alto tribunal, Karim Khan, cerrara el examen preliminar que durante 17 años se adelantó sobre el país.Para el exfiscal, la presencia de la Corte podría interpretarse como una señal de alerta frente a posibles riesgos de impunidad en los casos relacionados con el conflicto armado.Martínez señala que uno de los principales problemas es el tiempo: la JEP tiene un plazo máximo de diez años para investigar y presentar acusaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad, período que se vence en dos años.A la fecha, los avances han sido limitados, porque “de los once macrocasos que abrió tardíamente, solamente ha hecho 4 imputaciones parciales en 2 de ellos, aparte de que nada relevante se ha avanzado respecto de los 540 terceros que se sometieron voluntariamente a su jurisdicción”.Martínez, en su columna dominical, recordó que hay impunidad sobre varios de los estudios contenidos en los 17 informes que personalmente entregó como fiscal general a la presidenta de la JEP de entonces, Patricia Linares, “relativos a 223.000 casos con 280.000 indiciados y 197.000 víctimas involucradas, entre ellos los de los vínculos entre las Farc y agentes del Estado y los mecanismos de financiación” de ese grupo armado.El exfiscal enfatiza que, si no se logran resultados antes de que venza el plazo, la Corte Penal Internacional podría asumir directamente los casos, lo que, dice, sería un golpe grave para la justicia colombiana.En su columna dominical, también hace un llamado a buscar acuerdos que permitan fortalecer y ajustar el funcionamiento de la JEP, con el fin de evitar la impunidad y garantizar justicia para las víctimas del conflicto.
Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el presidente Gustavo Petro radicó una denuncia contra el exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez, esto luego de las declaraciones que entregó el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'.Asimismo, dicho documento de denuncia del presidente Petro llegó a la Secretaría de la Comisión de Acusación, como también en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Fiscalía General de la Nación, pues el jefe de Estado solicitó que se le declare como víctima tras las declaraciones de alias 'Macaco', además que el exjefe paramilitar sea escuchado y que Néstor Humberto Martínez sea indagado por estas acusaciones, en las que habló de un presunto entrampamiento.El documento de seis páginas que entregó el presidente de Petro indicó: "Que se me acredite como víctima directa en el marco de los aportes de hechos relacionados con delitos del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz del ex paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo (alias Macaco)".También puntualizó el documento que lleva la firma de Gustavo Petro: “Que se dé inicio de las actuaciones penales correspondientes, con ocasión de los delitos reconocidos en las declaraciones públicas del señor Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', en sus respectivos ámbitos de competencia”.En los próximos días está previsto que se haga el respectivo reparto en la comisión y darle trámite a la solicitud que hizo el jefe de Estado.Esta es la denuncia del presidente Petro¿Qué dijo alias 'Macaco' sobre Petro?El pasado jueves, 17 de agosto, alias 'Macaco' llegó al Centro de Memoria de Bogotá en donde se comprometió a dar cinco puntos especiales a su aporte a la verdad; entre esos, cuando en el marco del conflicto armado se consideró al presidente Gustavo Petro como objetivo para dañar su imagen e incluso como objetivo militar."Aportar, con detalles, el apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el exmagistrado José Leónidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente, a través de la Fiscalía, la imagen del hoy presidente Gustavo Petro en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces”, dijo alias 'Macaco' sobre el jefe de Estado.Asimismo, como otros hechos delictivos que se habrían cometido en el marco del conflicto armado por parte de las AUC.Le puede interesar
El exfiscal Néstor Humberto Martínez pidió al presidente Gustavo Petro que rectifique las afirmaciones hechas en su contra respecto al caso Odebrecht. A través de un comunicado, Martínez expresó su preocupación por las declaraciones de Petro que, según él, tergiversan su participación en el caso.En el comunicado, Martínez calificó las afirmaciones de Petro como "acoso sistemático".El exfiscal señaló que las declaraciones de Petro en redes sociales y en su participación en el caso "Santrich" en Suiza han sido engañosas y buscan vincularlo de manera equivocada al caso Odebrecht. Martínez resaltó que dichas afirmaciones son erróneas, ya que no se le menciona en el asunto en cuestión, y citó el artículo 42-7 del Decreto 2591 de 1991, que establece la obligación de rectificación en declaraciones públicas incorrectas.En el comunicado, Martínez se adentró en los puntos específicos que considera falsos y solicitó una rectificación por parte de Petro:Acusaciones relacionadas con la Ruta del Sol:Martínez aclaró que nunca fue abogado del consorcio en la Ruta del Sol y que su participación fue en la tramitación del Contrato de Estabilidad Jurídica en el año 2010, seis años antes de que Odebrecht fuera vinculada a corrupción. Resaltó que su actuación fue conforme a las leyes pertinentes.Denuncia de cohecho:Martínez negó las afirmaciones de Petro de que fue él quien denunció el cohecho en el Contrato de Estabilidad Jurídica. Enfatizó que fue la Fiscalía durante su administración la que estableció este delito y que esto fue comunicado públicamente en 2017, mucho antes del debate en el Senado en 2018.Monto del pago ilícito:El exfiscal corrigió la declaración de Petro sobre el monto del pago ilícito por el Contrato de Estabilidad Jurídica. Martínez aclaró que la Fiscalía probó que el pago ilícito fue por $4 mil millones de pesos y no USD $3.4 millones como afirmó Petro.Reducción del impuesto de renta:Martínez refutó la afirmación de Petro sobre la reducción del impuesto de renta en el Contrato de Estabilidad Jurídica. Afirmó que las leyes pertinentes no permitían reducir el impuesto de renta del 35% al 1% como se había mencionado.Acusaciones de encubrimiento:En cuanto a las acusaciones de encubrimiento en la investigación de Odebrecht, Martínez defendió la actuación de la Fiscalía bajo su administración. Destacó que durante los tres años de su mandato se habían identificado líneas de investigación, recolectado evidencia importante y llevado a cabo interrogatorios cruciales, que resultaron en un descubrimiento temprano de la magnitud de las coimas en el país.Martínez finalizó su comunicado cuestionando las intenciones detrás de las declaraciones de Petro y solicitó una rectificación pública en relación con las afirmaciones erróneas que había hecho. El exfiscal afirmó que la verdad es fundamental en la política y que la rectificación de declaraciones incorrectas es una responsabilidad de todos los actores involucrados.Cómunicado de Néstor Humberto Martínez:
Luego de que Estados Unidos multara al Grupo Aval por su participación en los posibles sobornos en el caso Odebrecht, para ampliación del contrato de la Ruta al Sol II en tramo Ocaña-Gamarra, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió este domingo al escándalo.El jefe de Estado le pidió a los partidos políticos devolver el dinero donado por el grupo económico; sin embargo, no se refirió a uno puntualmente. Y aseguró que deben investigar cuáles de sus dirigentes tuvieron relación con la ampliación del contrato Ruta del Sol II.“A los partidos políticos les solicito devolver los dineros donados por el grupo económico que ha confesado el otorgamiento de sobornos. Es importante que los partidos políticos examinen cuáles de sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la ruta del Sol II como en la fiscalía que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina”, señaló Petro.Para el jefe de Estado, la relación del entonces Fiscal Néstor Humberto Martinez y el Grupo Aval fue lo que impidió un juicio transparente. Y por eso buscará blindar de hechos de corrupción judicial la Fiscalía General de la Nación en el futuro.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFPresidente Petro anunció que presentará una reforma a la justicia ante el CongresoEl presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó este domingo, 13 de agosto, que crearán una comisión especial para la reforma judicial compuesta por las personas que “se hayan distinguido por su pulcritud”.Las razones del presidente Gustavo Petro para presentar una reforma a la justicia son dos: la sentencia de la Corte Constitucional que ordena reformar la Procuraduría y la confesión del Grupo Aval de su participación en el caso de los sobornos de Odebrecht.El mandatario nacional aseguró que fue la relación entre el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval lo que impidió un juicio transparente, y es por eso que buscarán blindar de hechos de corrupción judicial la Fiscalía General de la Nación en el futuro.“El Gobierno creará una comisión para la reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de la justicia con el fin de redactar la reforma que se presentará al Congreso de la República”, señaló el presidente Petro en su cuenta de X.Le puede interesar:
El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó este domingo, 13 de agosto, que crearán una comisión especial para la reforma judicial compuesta por las personas que “se hayan distinguido por su pulcritud”.Las razones del presidente Gustavo Petro para presentar una reforma a la justicia son dos: la sentencia de la Corte Constitucional que ordena reformar la Procuraduría y la confesión del Grupo Aval de su participación en el caso de los sobornos de Odebrecht.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEl mandatario nacional aseguró que fue la relación entre el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval lo que impidió un juicio transparente, y es por eso que buscarán blindar de hechos de corrupción judicial la Fiscalía en el futuro.“El Gobierno creará una comisión para la reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de la justicia con el fin de redactar la reforma que se presentará al Congreso de la República”, señaló el presidente Petro en su cuenta de X.Para Petro la impunidad que hoy tiene el sistema está relacionada con la presión que tiene la Corte Suprema de Justicia de designar un nuevo fiscal de la terna enviada por el presidente, “Se ha intentado hasta impedir al presidente presentar la terna con este propósito sin pensar siquiera en la Constitución”.Le puede interesar:
Luego de que el exfiscal general Néstor Humberto Martínez sostuviera en su reciente columna dominical que, según unos documentos que pertenecerían al Clan del Golfo, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habría gestionado un encuentro entre este grupo ilegal y la guerrilla del ELN en Quito en 2016, por instancia del senador Iván Cepeda; este último respondió con vehemencia.“Esa es una mentira de Néstor Humberto Martínez [...] Si el fiscal (Martínez) sabía, si eso fuera cierto, que no lo es, que se estaba cometiendo un delito, La pregunta obvia es como fiscal que era por qué no actuó u omitió su deber de actuar. Si es así, cometió un delito”, señaló Cepeda.Los dos documentos presentados por Martínez consisten en una carta del 26 de octubre de 2016 en el que la emisora (quien firma como ABOGADA) le dice, al parecer, a un cabecilla del Clan del Golfo que: “Recibí comunicación por parte del señor Danilo Rueda, quien me informa que los señores negociadores del ELN que se encuentran en Quito, Ecuador, tienen la disponibilidad y han aceptado la visita de los representantes de la AGC”.La segunda, una carta del 3 de noviembre, en el que la misma emisora señala que los negociadores del ELN durante el gobierno Santos, acordaron una reunión con voceros esta organización por intermediación de “un activista del ELN ,que es defensor de derechos humanos e incluso es defensor de las negritudes en el Chocó, se llama Danilo (sic) Rueda”.El exfiscal señaló que esa reunión fue realizada a instancias del senador Iván Cepeda, quien actualmente es negociador de paz del Gobierno Petro con el ELN. Hasta el momento, el alto comisionado Rueda no se ha pronunciado sobre estos señalamientos.Le puede interesar: Emergencia ambiental: disidencias instalaron 52 válvulas para robar crudo en Nariño:
En su más reciente columna, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez lanzó fuertes críticas al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, a quien no sólo lo señala de incompetente, sino de que está actuando para favorecer al ELN.En la columna titulada ¿De qué lado juega Danilo Rueda?, Martínez criticó que Rueda “ha liderado este proceso sin estrategia, con debilidad y, en ocasiones, con actitud sumisa, haciendo concesiones gratuitas a la contraparte, en el campo político y en el campo militar”.El exfiscal general recordó varios episodios en los que al parecer Rueda no habría actuado correctamente frente al Proceso de Paz, como el fallido anuncio del cese al fuego con el ELN el pasado 31 de diciembre y que fue desmentido días después por esa guerrilla, lo que significó “que fue el Ejército el que se desmovilizó y dejó a sus anchas a la guerrilla en el territorio”; el establecimiento de una agenda amplia que busca replantear el modelo político y económico sin ningún tipo de concesión por parte de la guerrilla; así como el equivocado reconocimiento de ‘responsabilidad’ luego de que el ELN asumiera la autoría de los actos terroristas ocurridos el pasado 24 de mayo en Tibú, Norte de Santander.Martínez también revela dos documentos, según él, redactados por representantes del Clan del Golfo y que estaría en manos de las autoridades y donde presuntamente mencionan a Rueda. El primero, una carta del 26 de octubre de 2016 en el que la emisora (quien firma como ABOGADA) le dice al parecer a un cabecilla del Clan del Golfo que “Recibí comunicación por parte del señor Danilo Rueda, quien me informa que los señores negociadores del Eln que se encuentran en Quito, Ecuador, tienen la disponibilidad y han aceptado la visita de los representantes de la AGC”.La segunda, una carta del 3 de noviembre en el que la misma emisora señala que los negociadores del ELN durante el Gobierno Santos, acordaron una reunión con voceros esta organización por intermediación de “un activista del Eln que es defensor de derechos humanos e incluso es defensor de las negritudes en el Chocó, se llama Danielo (sic) Rueda”. El exfiscal señala que esa reunión fue realizada a instancias del Senador Iván Cepeda, quien actualmente es negociador de paz del Gobierno Petro con el ELN.Con estos documentos, el exfiscal Martinez pide al Alto Comisionado Rueda explicar al país si es la persona que mencionan los documentos y si tiene alguna relación o preferencia de la guerrilla, para tener certeza de su legitimidad a cargo de la Paz Total.Le puede interesar:
Continúa la pelea de Transmetano y Promigas, del grupo Sarmiento Angulo, por el contrato que EPM le entregó a Canacol Energy. En una nueva queja ante la SIC, su apoderado, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, exige que se apliquen medidas cautelares pues insiste que Canacol no tiene la capacidad para construir el gasoducto acordado.Martinez Neira Abogados, la firma del exfiscal general de la Nación, radicó una nueva queja ante la Superintendentencia de Industria y Comercio al ver que su demanda de diciembre por supuesta violación de la libre competencia no ha frenado aún el contrato firmado entre EPM y Canacol Energy en agosto de 2021.El reclamo es hecho a nombre de Transmetano, una compañía del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, que participó en la licitación pública pero que al final no cumplió contas las condiciones que sí se concedieron a Canacol que ahora tiene encomendado construir un gasoducto desde Jobo a Medellín para que a partir del primero de diciembre de 2024 suministre 21 millones de pies cúbicos de gas natural diarios para abastecer al departamento de Antioquia.Sin embargo, Transmetano alega que se adecuó la licitación pública para que se adjudicara el millonario contrario, entre 450 y 500 millones de dólares, a otra firma que -según la queja en la SIC- no tiene la capacidad para cumplir y vulnera la competencia en el mercado.Y es que la molestia de la reclamante es que desde diciembre interpuso una demanda y pidió unas medidas cautelares que suspendan ese contrato, pero por ahora no se ha fallado y el proyecto avanza, como lo reportó Canacol Energy ante la Superintendencia Financiera. Indica allí que el gasoducto Jobo a Medellín agregará 100 millones de pies cúbicos por día y así esa compañía aumentará su capacidad a 300 millones de pies cúbicos diarios.Por ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio analiza toda la información que recolectó de contratos, correos electrónicos y documentos en las inspecciones simultáneas que realizó a las sedes del edificio inteligente de EPM en Medellín y de Canacol Energy en Bogotá el 12 de abril pasado para determinar si hay elementos para una formulación de cargos por violación de la libre competencia.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El exfiscal Néstor Humberto Martínez, el pasado fin de semana encendió una polémica por cuenta de una columna en El Tiempo, en la que revela una propuesta que, según dijo, le hizo el canciller Álvaro Leyva en 2016.Dice Néstor Humberto Martínez en su columna que Leyva propuso una amnistía de por lo menos el 70% de la fortuna que tenían las Farc en ese momento, tal como lo confirma un documento conocido por Blu Radio. Es un documento que, según Martínez, el entonces exministro les entregó no solamente a él, que era fiscal general de la Nación, sino también al entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, muy pocos días antes del plebiscito por la paz.Es un documento, que tiene nueve puntos y que se titula "Notas para la regularización y aplicación de recursos monetarios y no monetarios que conforman la economía de guerra de los insurgentes". En este hay varios puntos que el fiscal Martínez en ese momento consideró polémicos.Dice, por ejemplo, que los recursos monetarios de las Farc disponibles en el país serán declarados por este grupo insurgente ante el Estado colombiano, que los regularizará para darles uso legal y serían depositados en un fondo fiduciario autónomo e intangible.Para el efecto, el presidente de la República emitirá la norma de regularización correspondiente, y el de amnistía si fuera el caso. Aquí hay otro punto que considera polémico el exfiscal Martínez, y es que se plantea que el fondo fiduciario que se creará con esos recursos sería administrado por un consejo fiduciario compuesto por cinco representantes, la mayoría de ellos exintegrantes de las Farc.El documento habla del 30% de esos recursos y por eso el exfiscal Martínez dice que Leyva proponía que solo el 30% de los bienes de las Farc se destinara para reparar a las víctimas.“Los recursos del fondo fiduciario serían empleados para la reparación monetaria de las víctimas del conflicto armado y, para el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al desarrollo integral de los desmovilizados de la guerrilla. 30% de los recursos serían empleados en la reparación monetaria de las víctimas sin perjuicio de otros actos”, dice el documento.Sobre esto, el canciller Leyva dijo que no recuerda quién le hizo llegar esta propuesta, que no es una propuesta que él haya redactado y que se la hicieron llegar. Además, manifestó que no hay delito en la propuestaDe hecho, el exfiscal Martínez le envió este lunes una carta a Carlos Ruiz Macías, que es el jefe de la ONU en Colombia, diciéndole que en caso de que la ONU llegara a considerar la posibilidad de crear una comisión internacional para investigar lo que pasó en torno al proceso, como lo propuso el canciller Leiva la semana pasada en Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, que por favor investigue lo que significa y lo que habría detrás de ese documento que hizo llegar el excanciller Álvaro Leiva.Este es el documento conocido por Blu Radio:
Martínez sostuvo que a Leyva lo señalaban como vocero de las Farc en los diálogos del Caguán, puesto que hay un documento en poder del expresidente Andrés Pastrana, en el que el fallecido comandante de la extinta guerrilla de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, calificaba al hoy canciller como un portavoz de este grupo armado más que como un facilitador de paz.“Por esa condición se explica que hubiera pretendido lavar sus activos, como lo demostré públicamente, bajo su silencio presente, y tal vez sea esa condición la que sigue gravitando en sus actuaciones ministeriales, la que lo ha llevado a incitar a los indígenas a incendiar el país, a señalar a Iván Duque como responsable de los cultivos ilícitos –como lo reportó en su columna María Isabel Rueda– y, más recientemente, a solicitarle al Consejo de Seguridad que se interese en indagar el supuesto 'entrampamiento' a la paz de Colombia”, señaló el exfiscal.El exjefe del ente de control también indicó que Leyva ha convertido el servicio diplomático en la “meca para el amiguismo y la politiquería”. Además de que ha debilitado las relaciones con Estados Unidos; según el exfuncionarios, por ejemplo, haciendo que en junio haya una cumbre extraordinaria antidrogas y, en contraste, el poco liderazgo en el tema de cambio climático.“Paralelamente, nuestras relaciones internacionales se están deteriorando. No solo en la región, como ocurre con El Salvador, Nicaragua y Perú. El desatino político ha llegado hasta el África, donde las relaciones con Marruecos penden de un hilo, luego de reconocer al Frente Polisario, grupo del cual se ha convertido en embajador de su causa independentista, confidencialmente, el abogado de las Farc, Enrique Santiago: amigo de Leyva y secretario del Partido Comunista español”, dijo Martínez.El exfiscal cerró su 'rosario' de cuestionamientos contra Leyva, con serios cuestionamientos a la petición ante el Consejo de Seguridad de la ONU, presuntamente, para identificar a los "enemigos del proceso de paz", por todo lo que conllevó la captura de 'Jesús Santrich'.Lo que, en la práctica, de acuerdo con Martínez, pone en duda la legitimidad de la cooperación judicial entre Estados Unidos y Colombia, lo que habría causado gran indignación en las autoridades judiciales de ese país, que, recalcó el exfiscal, han descartado institucionalmente el tal “entrampamiento, como lo califica Leyva.Le puede interesar:
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.