Luego de que el vicepresidente electo y coordinador del empalme, José Manuel Restrepo, solicitara suspender los nombramientos que adelanta la administración saliente, el sindicato de trabajadores de la entidad respaldó esa decisión y pidió que sea el próximo Gobierno el que revise de fondo la reestructuración de la UNP.
La Asociación Sindical de Empleados de la Protección, ASEP, aseguró que no se opone a la ampliación de la planta de personal ni a la vinculación de los 6.870 nuevos cargos previstos, entre ellos oficiales de protección, analistas de riesgo y personal administrativo. Sin embargo, insistió en que ese proceso debe adelantarse con transparencia y por la nueva administración, evitando decisiones de última hora que comprometan al próximo gobierno.
En un comunicado, el sindicato sostuvo que el proceso va más allá de los nombramientos y debe garantizar tanto la prestación del servicio de protección como el respeto por la experiencia de los funcionarios. En ese sentido afirmó que "este proceso trasciende los simples nombramientos y debe garantizar un servicio de protección eficaz para los beneficiarios, así como el respeto por la experiencia, la estabilidad y la igualdad de oportunidades de quienes durante años han arriesgado su vida protegiendo a miles de colombianos".
El sindicato también cuestionó el Decreto 0670 de 2026, que modificó los requisitos para acceder al cargo de Oficial de Protección al privilegiar la experiencia sobre la formación técnica o tecnológica. Aunque reconoce la importancia de la experiencia en seguridad, ASEP pidió revisar si existieron intereses particulares detrás de esos cambios y reiteró la necesidad de construir un nuevo manual de funciones que combine mérito, experiencia y formación.
"Es absolutamente irresponsable dejar amarrados esos nombramientos al nuevo Gobierno. Cuando se improvisa en la selección del talento humano, el resultado no puede ser distinto que una entidad en mayor crisis. Lo que necesita la UNP es una reestructuración seria, transparente y una dirección con experiencia en seguridad", señaló Yesid Barragán, presidente de la ASEP.
A las críticas por los nombramientos se suma la situación financiera de la entidad. Según el sindicato, la UNP enfrenta un déficit cercano a un billón de pesos para terminar la vigencia, después de haber ejecutado alrededor de 2,5 billones, situación que, a su juicio, evidencia un manejo ineficiente de los recursos públicos y afecta la capacidad de garantizar la protección de los beneficiarios.
ASEP también responsabilizó a la administración saliente por la crisis institucional que atraviesa la entidad. Asegura que las reiteradas fallas en los esquemas de protección quedaron reflejadas en el asesinato de varios protegidos, entre ellos el senador Miguel Uribe Turbay, y reiteró su disposición para participar en una Mesa Nacional para la Transformación de la UNP y acompañar la revisión de los procesos de reestructuración y ampliación de la planta de personal.
Publicidad
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.