La crisis humanitaria en la región del Catatumbo en Norte de Santander, continúa agravándose.
Un total de 784 personas, agrupadas en 293 núcleos familiares, se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada este martes 2 de junio como consecuencia de los recientes hechos de violencia registrados en zona rural del municipio de El Tarra.
La situación fue dada a conocer por la Defensoría del Pueblo, que expresó su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad y el aumento de los riesgos para la población civil en esta subregión del departamento de Norte de Santander.
Las familias desplazadas provienen de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, donde el temor por nuevos enfrentamientos armados y ataques violentos llevó a los habitantes a abandonar sus hogares como medida de autoprotección.
De acuerdo con el reporte, durante la jornada también se registró un nuevo ataque con artefactos explosivos que habrían sido lanzados mediante drones en zona rural de El Tarra.
El hecho habría dejado una persona fallecida y varias más heridas. Sin embargo, las dificultades de acceso y comunicación en el territorio han impedido verificar plenamente la magnitud de la emergencia.
Estos sucesos se suman a otros ataques similares reportados durante la última semana en el corregimiento de Filogringo y en el sector de La Isla del Cerro, lo que evidencia una creciente escalada de violencia en la zona.
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La Defensoría del Pueblo señaló que los desplazamientos obedecen al riesgo de nuevos enfrentamientos, homicidios y otras vulneraciones a los derechos fundamentales de la población civil.
Según cifras del organismo, durante lo corrido de 2026 se han registrado 13 eventos de desplazamiento masivo en el Catatumbo, dejando un saldo de 2.447 personas desplazadas, principalmente en los municipios de Tibú y El Tarra.
Ante esta situación, la entidad hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria inmediata e integral a las familias afectadas, así como fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio.
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Asimismo, solicitó la activación y articulación permanente del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para asegurar una respuesta sostenida a la emergencia.
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