Miguel Uribe Londoño acudirá a la CIDH para pedir protección a fiscales del magnicidio de su hijo

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño hizo una nueva advertencia sobre la seguridad de los investigadores del magnicidio del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.A través de una carta pública dirigida a los colombianos, Uribe Londoño denunció la existencia de un plan para atentar contra la vida de los fiscales que llevan el proceso, y exigió medidas inmediatas para garantizar su protección.En la carta publicada este 28 de marzo, el padre del senador asesinado el año pasado calificó el asesinato como un “crimen atroz”, un “magnicidio” y un hecho que, según afirma, podría catalogarse como un crimen de lesa humanidad.La carta también advierte sobre una situación que considera aún más grave: las amenazas directas contra quienes están encargados de esclarecer los hechos. Según señala, la propia Fiscalía ha advertido sobre un plan para asesinar a los fiscales del caso, al que se suman informaciones públicas sobre ofrecimientos económicos para atentar contra sus vidas.En ese contexto, responsabiliza a la disidencia de las Farc, la Segunda Marquetalia, a la que califica como un actor criminal que estaría intentando “silenciar la justicia”.Frente a este panorama, el padre de Miguel Uribe hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que refuerce de manera inmediata y efectiva las medidas de seguridad, no solo para los fiscales e investigadores, sino también para sus familias.En su carta enfatiza que lo que está en juego no es únicamente el esclarecimiento de un crimen, sino la estabilidad institucional del país. “Aquí no solo se está investigando un crimen. Se está defendiendo la democracia y sus instituciones”, señala el documento.Además del llamado a nivel nacional, el pronunciamiento confirma que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ya sigue el caso, con el objetivo de solicitar medidas cautelares urgentes que protejan la vida e integridad de los funcionarios judiciales.La solicitud busca garantizar que el proceso avance sin presiones ni amenazas, en medio de un contexto que, según la carta, representa un riesgo real para la administración de justicia en Colombia.