MinDefensa se comprometió con congresistas a defender a líderes sociales del país
Este miércoles se llevó a cabo el primer debate de control político que propuso la Farc.
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La Defensoría del Pueblo confirmó que la cifra de asesinatos a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos ya es de 343 desde el 1 de enero de 2016. Sin embargo, solamente en lo corrido del 2018 hay ya 83 homicidios documentados.
Al debate fueron llamados el general de la Policía, Jorge Nieto; la vicefiscal María Paulina Riveros; el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero.
La preocupante cifra tiene que ver concretamente con nueve departamentos del país en donde el que registra el mayor número de asesinatos es Arauca, luego Antioquia y le siguen Cauca, Chocó, Córdoba y otras regiones.
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Por su parte, la vicefiscal Riveros aseguró que ha estructurado todo un plan para lograr una mayor imputación de cargos contra los autores y determinadores y entregó otra cifra aterradora. En los últimos tres años en Colombia, aún con la firma del final del conflicto con las Farc, hubo 32.000 homicidios dolosos. El porcentaje de acción de la justicia para esa cifra es del 20%. En el caso del asesinato a defensores de Derechos Humanos, Riveros dijo que ese porcentaje es de más del 50%. Lo que quiere decir que en algunos casos la Fiscalía está logrando actuar con prontitud.
El ministro Botero afirmó que a este Gobierno le duele igual el asesinato de líderes sociales como el de los miembros de la fuerza pública. Prometió reducir las cifras a través del plan de 100 días de “el que la hace la paga”.
Finalmente, el exdirector de la UNP, Diego Mora, argumentó que la situación de la Unidad es difícil. En este momento está evaluando 50.000 solicitudes de medidas de protección y ha hecho más de 13.000 estudios de riesgo para lo que se necesitan más recursos, tiempo y personal.
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Los congresistas debatieron sobre la problemática. Todos le pidieron al Gobierno más atención a este tema. El senador Iván Cepeda anunció que va a solicitar formalmente que el paramilitarismo se convierta en un delito en el código penal.