Este documento deja claro que la “vocería principal y oficial del Gobierno Nacional será ejercida por el Presidente de la República”, quien será el encargado de fijar las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales. El documento también establece que ministros, directores de departamentos administrativos y representantes de entidades adscritas solo podrán pronunciarse sobre temas de sus carteras con “previa autorización expresa del Presidente de la República”.
Además, ordena que todas las comunicaciones públicas mantengan “unidad de mensaje, coherencia institucional y responsabilidad”, y advierte que ningún funcionario podrá emitir declaraciones en nombre del Gobierno sin coordinación previa con la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia.
La decisión se conoce en medio del escándalo desatado por las denuncias de Angie Rodríguez, quien finalmente no se reunió directamente con el presidente, pero sí entregó, a través de un intermediario del mandatario, pruebas sobre una presunta red de corrupción y extorsión dentro del Gobierno. Según Rodríguez, al menos 20 funcionarios estarían involucrados en un supuesto plan para “saquear el Estado”, y en sus señalamientos mencionó a Carlos Carrillo y a Juliana Guerrero.
Hasta ahora, el presidente no se ha referido de fondo a las denuncias sobre presunta corrupción, amenazas y extorsiones; públicamente solo negó vínculos sentimentales con Guerrero y habló en redes sociales de supuestas “traiciones” dentro de su gobierno.
Recientemente, también fue enviado a todas las carteras y entidades un memorando en el que pedían reforzar la pauta en medios y redes sociales para dar a conocer “los logros del Gobierno nacional”. Esto, a menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia.
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