El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) exigirá la devolución de los recursos públicos que no se ejecutaron en el programa Juntas de Internet y verificará en terreno cuáles instalaciones pueden funcionar bajo condiciones técnicas y financieras viables.
La decisión se conoce tras un balance que reportó 353 juntas en operación y 20.143 hogares conectados, con corte al 30 de septiembre de 2026, cifras inferiores a las metas contractuales.
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Las Juntas de Internet son organizaciones comunitarias que administran redes de internet fijo para sus asociados y cobran una tarifa social para sostener el servicio. El programa fue creado durante el Gobierno de Gustavo Petro para llevar conectividad a zonas rurales y apartadas, donde las familias tienen dificultades para acceder a los servicios de los operadores tradicionales.
Según el informe presentado por el Gobierno, los contratos iniciales contemplaban la instalación de 810 juntas y conexiones para 70.864 hogares. Sin embargo, mediante modificaciones contractuales, la meta de hogares se redujo a 45.871, es decir, 24.993 menos, una disminución cercana al 35 %. De esa meta ajustada, solo 20.143 hogares tienen servicio: menos de la mitad de lo previsto.
Vocería Ministra de las TIC @AlexandraFalla
— Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) October 29, 2026
El programa Juntas de Internet está bajo revisión ante los incumplimientos de metas y las deficiencias reportadas en la calidad del servicio en zonas rurales del país.
Por instrucciones del presidente @ABDELAESPRIELLA , el Ministerio… pic.twitter.com/J3pOIVIoNA
El balance también encontró deficiencias en la calidad de la conexión. Aunque los contratos contemplaban velocidades de descarga de 25 megabits por segundo (Mbps), la mayoría de los proyectos alcanza apenas 8 Mbps, menos de la tercera parte de lo acordado.
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En Caldas, donde se reportan 20 juntas, se anunció la devolución de 5.189 millones de pesos, una vez concluyan las reuniones y los análisis correspondientes. El Ministerio hará seguimiento para que el reintegro se concrete.
La entidad también revisará las instalaciones que puedan operar y exigirá el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Además, se comprometió a informar a las comunidades qué falta en cada proyecto, quién debe responder y qué condiciones se necesitan para garantizar la continuidad del servicio.
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El Gobierno sostuvo que buscará alternativas viables para las familias que siguen esperando la conexión y precisó que los recursos no ejecutados deberán ser reintegrados.