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Multas y cárcel para quienes hagan publicidad engañosa

La publicidad engañosa en Colombia se ha incrementado en un 209% en el último año con cerca de dos mil demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

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Blu Radio / Esposas / Foto: de referencia: AFP.

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, se considera publicidad engañosa toda información contenida en la propaganda comercial, marca o leyenda, incluida la presentación del producto, que de cualquier manera pueda inducir a error a los consumidores o personas a las que se dirige y que pueda afectar su bolsillo.

Y es que a diario son miles los colombianos que interesados por algún producto o servicio caen en esta práctica utilizada por algunos comerciantes y empresas mediante ventas directas en almacenes, revistas y plataformas en línea. Tanto así, que, por falta de una adecuada regulación, la publicidad engañosa en el país viene en aumento, con un reporte de cerca de dos mil demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

En tal sentido, desde la Cámara de Representantes fue radicado el proyecto de ley 143 de 2019, que busca la modificación del artículo 300 del Código Penal, mediante el cual se regula el ‘ofrecimiento engañoso de productos y servicios’, norma que, a pesar de haber estado desde la promulgación de la Ley penal, no ha resultado eficaz y según el autor del proyecto “ha sido un saludo a la bandera”.

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Así lo indicó el representante a la Cámara por Bogotá José Jaime Uscátegui, quien explicó que no se trata de la creación de un nuevo delito sino de buscar la eficiencia de la norma penal frente a una problemática social que afecta a los consumidores de todos los sectores de la economía y frente a la cual “la respuesta del Estado se ha mostrado insuficiente, por eso se hace necesario aplicar una pena ejemplarizante y real con multas de hasta 600 millones de pesos y con un máximo de 9 años de cárcel que contempla el proyecto”.

Para el parlamentario, a pesar de las multas impuestas, los casos son cada vez más y con altos índices de reincidencia por parte de los infractores.

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Los sectores económicos más demandados ante la Superintendencia son el de las telecomunicaciones y turismo.

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