Ángela Patricia Rojas, agente especial de Electricaribe, se había presentado ante las autoridades el pasado 18 de junio para dar cumplimiento a un fallo del Juzgado Promiscuo de Aracataca, que le ordenó 10 días de arresto y el pago de un salario mínimo por desacato a una tutela de agosto del 2016, la cual salió a favor de un grupo de pensionados de la empresa de energía que reclaman el reajuste del 15 % de sus mesadas.
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La agente presentó una solicitud de hábeas corpus para librarse de esta medida y el Tribunal Superior de Barranquilla la declaró procedente y ordenó su libertad inmediata, argumentando que “la medida de arresto y su prórroga habían vulnerado garantías constitucionales y legales”.
Según el Tribunal, el juez de Aracataca “incurrió en una grave vía de hecho”, pues no tuvo en cuenta, entre otras pruebas, “la fuerza mayor” que impide el cumplimiento inmediato de dicha sentencia de agosto del 2016.
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La fuerza mayor a la que se refieren es que cuando la Superservicios ordenó la intervención de Electricaribe en noviembre del 2016, en la resolución se dispuso la suspensión de todas las obligaciones causadas hasta esa fecha, lo que quiere decir que los reajustes pensionales antes de la fecha de la intervención no pueden pagarse.
Sobre el proceso de escogencia del nuevo operador de energía en el Caribe, la empresa ha dicho que, según la planificación, a finales de septiembre se hará la primera subasta y la segunda será en octubre de este año, cumpliendo así con lo dispuesto por el Gobierno Nacional.
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