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Organizaciones advierten que sólo el 17 % de las víctimas de trata reciben asistencia mediata

En el 2022 el Ministerio del Interior identificó 162 víctimas de trata de personas, de ellas el 82 % (133) fueron mujeres; el 41% (66) son de nacionalidad extranjera, principalmente de nacionalidad venezolana (59).

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Trata de personas /
Foto: AFP, referencia

La Alianza Colombiana de Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas expresó su preocupación por el poco avance en la implementación de medidas para combatir este delito en el país. Según datos del Ministerio del Interior, en el 2022 se identificaron 162 víctimas de trata, de las cuales el 82% fueron mujeres y el 41% de nacionalidad extranjera, principalmente venezolanas.

La explotación sexual sigue siendo la finalidad más común, con 117 casos reportados en el 2022, seguida de trabajos forzados, servidumbre y matrimonios serviles. Sin embargo, la Alianza advierte que el subregistro y la falta de identificación permanente en Colombia hacen que el número real de víctimas sea mayor.

“Es la atención de emergencia, la atención inicial donde se le garantiza los ambientes temporal, asistencia médica, psicosocial, jurídica y de las 162 víctimas que se identificaron el año pasado, solamente el 17 recibieron atención mediata. Esta atención es la oriental restablecimiento de sus derechos, donde se busca que las personas se inserten nuevamente a la vida. Conocemos que el gobierno ha identificado víctimas de trata, y no están siendo realmente atendidas, no se le están garantizando los derechos y generando procesos efectivos para la inserción social de ellas en el”, indicó Jhonny Sanabria de la Secretaría Técnica de la Alianza Colombiana de Organizaciones de la Sociedad Civil contra la trata de personas.

Además, señalan que los servicios de asistencia y protección han sido inadecuados, ya que no todas las víctimas reciben la ayuda requerida. Por ello, exigen al Estado establecer presupuestos claros y ajustados, rendir cuentas sobre las acciones realizadas, mejorar la identificación de víctimas, garantizar un sistema nacional de información efectivo y alinear las políticas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos.

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