El Gobierno nacional defendió la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, luego de los cuestionamientos surgidos por el traslado de cerca de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a este espacio apenas días antes de las elecciones. El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, aseguró que la decisión no fue improvisada y que hace parte de los compromisos alcanzados en la mesa de diálogos de paz.
“Los avances en nuestra mesa de diálogos de paz no están sujetas a los tiempos del calendario electoral, son acciones que corren por caminos distintos. Nosotros intentamos llevar a la práctica una política de paz con grupos en el territorio y el calendario busca sufrir un proceso participativo para elegir un nuevo mandatario. Aunque las elecciones son fundamentales no necesariamente son incompartibles con los avances que tenemos en esta mesa de diálogos de paz. Los tiempos no tienen por qué oponerse”, dijo.
Según explicó el Gobierno, entre este miércoles y el jueves comenzará el ingreso de 99 integrantes del grupo armado a la zona ubicada en zona rural de La Hormiga, Putumayo. Todos deberán entrar sin armas y sin uniformes. Antes de ingresar, cada miembro será identificado mediante un listado entregado por la organización y verificado por el mecanismo de monitoreo liderado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA). La Fiscalía revisará individualmente la situación jurídica de cada integrante.
Las armas tampoco permanecerán en poder del grupo. El armamento será entregado en depósitos bajo supervisión de los mecanismos de verificación y posteriormente trasladado por la fuerza pública para su destrucción. El Gobierno estima que serán cerca de 100 armas, además de municiones.
La ZUT funcionará durante diez meses, hasta el 25 de diciembre de este año, y servirá como un espacio de tránsito hacia la reincorporación. Una vez instalados, los integrantes del grupo recibirán acompañamiento institucional del SENA, la Agencia para la Reincorporación y entidades de salud. Además, deberán participar en acciones de reparación a las víctimas y contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas y al desmantelamiento de economías ilícitas.
El Gobierno también aclaró que quienes ingresen a la zona no podrán salir libremente, salvo situaciones de emergencia, y que dejarán de formar parte de la estructura armada. Aunque las órdenes de captura de los integrantes serán suspendidas mientras permanezcan en la ZUT, no existe inmunidad frente a nuevos delitos que puedan cometerse dentro o fuera del espacio.
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Frente a las preocupaciones por la seguridad, las autoridades señalaron que no habrá un anillo militar permanente alrededor de la zona. En su lugar operará un Puesto de Mando Unificado en La Hormiga y se realizarán controles y patrullajes aleatorios. Incluso el traslado de los integrantes se hará en helicópteros de una empresa privada, luego de que la Fuerza Pública concluyera que los recorridos terrestres representaban riesgos de seguridad.
El Gobierno también aclaró que la continuidad de la Zona de Ubicación Temporal dependerá de las decisiones que adopte el próximo Gobierno pues no se trata de una figura blindada jurídicamente. Al haber sido creada mediante una resolución administrativa y no por una ley o un acuerdo con rango especial, podrán mantenerla, modificarla o incluso revocarla. En caso de una terminación anticipada, existe un protocolo que contempla causales específicas, como incumplimientos graves por parte de los integrantes del grupo, y se les deberá otorgar un preaviso de 72 horas para abandonar el lugar. Las autoridades insistieron en que la eventual eliminación de la zona no significaría automáticamente el fin de los diálogos de paz, que podrían continuar bajo otros mecanismos.
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