Los familiares de los militares en retiro detenidos en Haití señalados como los presuntos responsables del magnicidio del presidente de ese país Jovenel Moise le enviaron una carta al presidente Abelardo De La Espriella, al ministro de justicia, Iván Cancino, y al canciller, Omar Bula.
En una primera medida, aseguran que en el sistema judicial haitiano hay corrupción y por eso el proceso no avanza.
“Han transcurrido cinco años desde su detención y en este tiempo la profunda crisis institucional y la corrupción que han primado en el sistema de justicia haitiano han impedido que se surta un juicio con las garantías mínimas de un debido proceso. No se les ha permitido presentar ante un tribunal las pruebas y evidencias que obran a su favor”, se lee en la carta.
Es por eso que piden que desde cada cartera se activen de manera urgente las vías judiciales y diplomáticas que permitan el traslado de los militares a Colombia.
“Donde puedan acceder a un juicio justo, imparcial y con plenas garantías procesales ante nuestra propia institucionalidad. Para ello solicitamos que se evalúen, entre otras figuras, la extradición, deportación humanitaria, el traslado de personas condenadas o procesadas, traslado de reos a Colombia, el canje o intercambio con otros connacionales privados de la libertad en el exterior o incluso la expulsión hacia Colombia, dado que los términos legales de reclusión ya fueron superados sin que exista una sentencia en firme”, dice el documento.
En el mismo sentido en el documento las familias dicen que los militares colombianos habrían aceptado “una oferta de trabajo legal”, por parte de una empresa de seguridad estadounidense.
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“Fueron objetivo de una organización criminal que los involucró, los engañó y los abandonó a su suerte y hoy están señalados por la sociedad como los autores de crímenes que no han cometido”, dicen las familias.
En la misiva manifiestan su disponibilidad para asistir a reuniones con el Gobierno y entregador documentación o información requerida.
La carta está firmada por Claudia Herrera, quien actúa como vocera de los familiares ante el Gobierno y radicó el documento en el Dapre y el Ministerio de Justicia.
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Recordemos que el presidente Jovenel Moise, fue asesinado el 7 de julio del 2021 y desde entonces hay 17 militares colombianos detenidos en ese país.