La firma de abogados de Mauricio Pava envió al Consejo de Estado una solicitud dentro del proceso que busca tumbar la Resolución 471 de 2025, expedida en el marco de la política de paz total. Allí sostienen que la implementación de estas zonas se realizó sin una ley de sometimiento aprobada por el Congreso y sin garantías suficientes para las comunidades y autoridades locales.
La solicitud menciona como uno de los hechos más graves el asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido recientemente en una zona con presencia de estructuras armadas ilegales. Según los demandantes, este crimen demostraría los riesgos que, aseguran, fueron advertidos desde 2022 frente a la entrega de territorios a grupos ilegales.
"Le pedimos hoy al Consejo de Estado que tome una determinación frente a las zonas de ubicación temporal. No puede haber territorios donde no sea la autoridad del Estado la que esté rigiendo”, aseguró el abogado Pava.
En el escrito, el jurista y la Fundación DILO Colombia recordaron la sentencia de la Corte Constitucional que condicionó la creación de zonas de ubicación a la existencia previa de una ley de sometimiento y a una etapa avanzada del proceso judicial correspondiente.
Para los demandantes, el silencio de las autoridades locales en regiones con presencia armada sería un indicio de presión territorial y falta de garantías institucionales para pronunciarse libremente.
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