En una extensa carta, la excongresista Piedad Córdoba le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz que llame a comparecer ante ese tribunal a 17 exjefes paramilitares que fueron extraditados en el gobierno de Álvaro Uribe en el 2008, y que fueron excluidos de Justicia y Paz. Manifestó que sus delitos de lesa humanidad, así como crímenes de guerra, puedan ser tenidos en cuenta.
En la misiva, Córdoba dice que, por ejemplo, Salvatore Mancuso expresó que la JEP podría ser una figura idónea en la para reparar a las víctimas del paramilitarismo con aportes de verdad.
“Cuando está en medio la verdad y la reparación de las víctimas, la paz como derecho síntesis y el largo legado de los derechos de gentes siempre podrán ofrecer soluciones, si existe la decisión política. No convirtamos la justicia nacida del acuerdo en un tribunal para unos cuantos excombatientes, sino para todos sanar todo lo acontecido en la guerra”, escribió.
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Además, manifestó que se encuentra entregando aportes ante la Comisión de la Verdad y que siendo creyente del acuerdo de paz como salida a la disputa armada de medio siglo, considera que no se debe excluir a las víctimas de violencia paramilitar.
“No hay razones jurídicas ni políticas para que la JEP se convierta en un tribunal exclusivo para exguerrilleros y exmilitares, excluyendo por esta vía de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición a las víctimas de la violencia paramilitar”, añadió.
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De otro lado, señaló que la aceptación de paramilitares como financiadores o colaboradores, no aporta a esclarecer lo que sucedió en el marco del conflicto, ni a la reparación integral de las víctimas.
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