La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una serie de ajustes en su funcionamiento para enfrentar el recorte presupuestal de $170.000 millones aprobado en el Congreso. Entre las medidas se encuentran la entrega de su actual sede en Bogotá, la reducción de los esquemas de seguridad y el recorte del 85 % de los contratos de prestación de servicios.
El nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, en medio de su acto de posesión este jueves 5 de noviembre, explicó que estas decisiones buscan reducir los gastos de la entidad. Sin embargo, reconoció que algunos de los ajustes pueden tener consecuencias sobre las labores que desarrolla el tribunal en materia de justicia transicional y atención a las víctimas.
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Una de las primeras decisiones será entregar, en marzo de 2027, el edificio que ocupa actualmente en Bogotá, de aproximadamente 15.000 metros cuadrados, para trasladarse a una sede de 4.200 metros cuadrados. Según la entidad, este cambio representaría un ahorro cercano a los $26.000 millones anuales.
El ajuste también contempla modificar la modalidad de trabajo, con mayor virtualidad y un esquema de turnos rotativos para el personal. En las regiones, la JEP buscará apoyarse en espacios compartidos con universidades, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras entidades públicas y privadas.
La segunda medida tiene que ver con los esquemas de seguridad. La jurisdicción reducirá los dispositivos de protección de magistrados y fiscales, y eliminará los del secretario ejecutivo. También habrá una disminución en los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes.
Frente a este último punto, Rojas hizo un llamado al Gobierno nacional para que asuma la responsabilidad de proteger a las personas que participan en los procesos de la JEP y que se encuentran amenazadas.
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“Muy a nuestro pesar, se decidió variar y reducir los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes. Con ello habrá un ahorro aproximado de 37 mil millones de pesos anuales. Dada la sensibilidad de esta decisión, de inmediato pediremos al Gobierno Nacional asumir esta responsabilidad con base en lo establecido en las normas pertinentes”, señaló el magistrado.
La tercera decisión será reducir en un 85 % los contratos de prestación de servicios, un ajuste que representaría cerca de $83.000 millones. Estos contratos están relacionados, entre otras labores, con la defensa técnica de víctimas y comparecientes, el acompañamiento psicosocial y la realización de encuentros restaurativos.
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La reducción podría afectar el desarrollo de estas actividades, por lo que la entidad tendrá que reorganizar su personal para intentar responder a las necesidades de sus procesos.
Cabe destacar que además de los retos presupuestales, en este momento se discuten algunas iniciativas en el Congreso y que buscan modificar el periodo de funcionamiento de la JEP.
El presidente de la jurisdicción pidió a los congresistas revisar el marco constitucional que establece que el Acuerdo Final de Paz es un parámetro de interpretación y un referente de validez, y recordó que el tribunal necesita los 15 años previstos para cumplir con su mandato.
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“La JEP para poder terminar su mandato necesariamente tiene que tener los 15 años previstos en el Acuerdo Final de Paz. Yo lo que invito a los honorables congresistas es a que revisen la pauta normativa constitucional según la cual el Acuerdo Final de Paz es un parámetro de interpretación y un referente de validez”, afirmó.
Ahora la nueva administración que asumirá durante el periodo 2026 - 2028 enfrenta dos retos que pueden marcar su futuro: por un lado, cómo garantizar el cumplimiento de sus funciones con menos recursos y, por otro, cómo mantener el periodo de funcionamiento establecido en el Acuerdo de Paz.