La posibilidad de que el nuevo Gobierno impulse cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reabrió el debate sobre el futuro de este mecanismo de justicia transicional. En entrevista con El Radar, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, sostuvo que la jurisdicción tiene un respaldo constitucional e internacional que hace inviable su eliminación mediante decisiones administrativas o decretos, y advirtió sobre las consecuencias que tendría un eventual recorte presupuestal.
Ramelli recordó que la JEP nació del Acuerdo de Paz con las extintas FARC y que posteriormente fue incorporada a la Constitución mediante un acto legislativo revisado por la Corte Constitucional. En ese sentido, afirmó que "la Corte determinó que la estructura y el funcionamiento de la JEP era conforme con todos los estándares internacionales" y explicó que modificar ese esquema requeriría una reforma constitucional.
Recortes presupuestales y derechos de las víctimas
Frente a un eventual ajuste en el presupuesto de la JEP, el magistrado señaló que el impacto dependería de la magnitud de la reducción, pero insistió en que una desfinanciación tendría efectos tanto en el funcionamiento de la jurisdicción como en la ejecución de las sanciones restaurativas.
"Lo más grave es la afectación de los derechos de las víctimas, porque finalmente ¿quiénes pierden con todo esto? Pues las víctimas", afirmó Ramelli. Agregó que una disminución de recursos también podría significar el incumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la Corte Penal Internacional.
La defensa de las sanciones restaurativas
Durante la entrevista, Ramelli respondió a las críticas sobre las sanciones propias de la JEP y explicó que estas aplican tanto para exintegrantes de las FARC como para miembros de la fuerza pública que comparecen ante la jurisdicción.
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Según indicó, el modelo fue diseñado como una alternativa entre la amnistía total y la imposición de largas penas de prisión, con el objetivo de hacer viable el proceso de paz. Precisó que quienes acceden a estas sanciones deben cumplir requisitos como aportar verdad, reconocer responsabilidad y desarrollar trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas.
"Si usted no dice la verdad, pues no se va por ahí", enfatizó. Asimismo, aclaró que, aunque las sanciones no implican reclusión en una cárcel, sí contemplan restricciones de la libertad, horarios definidos, monitoreo permanente y seguimiento internacional.
Respuesta a los cuestionamientos sobre imparcialidad
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Al referirse a las críticas de quienes consideran que la JEP ha sido más benévola con los excombatientes de las FARC que con integrantes de la fuerza pública, Ramelli rechazó esa interpretación.
"Yo sí creo que esa afirmación realmente es un poco ligera", sostuvo, al asegurar que la jurisdicción no ha actuado con indulgencia frente a la antigua guerrilla y que las decisiones adoptadas responden al marco establecido en el Acuerdo de Paz y a los criterios jurídicos que rigen la justicia transicional.
Escuche la entrevista completa acá:
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