El presidente de la República, Gustavo Petro, acudirá el próximo 11 de agosto a la audiencia citada por la Corte Constitucional y pedida por la propia Presidencia en la que expondrá las razones que justificaron la expedición del Decreto 1085 de 2023, el pasado 2 de julio, por medio del cual el Gobierno declaró ‘Estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira’ por un periodo de 30 días.
Fruto de esa declaratoria, el Gobiernofirmó 13 decretos con fuerza de ley tomando medidas como el cobro de $1.000 pesos adicionales en la factura de la energía para estratos 4,5 y 6, de $5.000 para el sector comercial e industrial, así como la excepción del IVA para actividades turísticas e incluso para empezar a implementar la reforma a la salud en el departamento.
El presidente intervendrá en horas de la mañana en la audiencia que tendrá lugar en el Palacio de Justicia, de Bogotá, para justificar la grave crisis de carácter humanitario que enfrenan los habitantes del departamento de La Guajira y, en especial, la población del norte de la península.
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El presidente y su Gobierno deberán argumentar por qué se ameritaba la declaratoria de emergencia para tener facultad de expedir decretos con fuerza de ley, en vez de hacerlo por el Congreso de la República.
Lo que argumenta el Gobierno es que la situación de crisis en La Guajira se manifiesta en la falta de acceso a servicios básicos vitales, como consecuencia de la escasez de agua potable para el consumo humano; la crisis alimentaria, los efectos del cambio climático –agravados en los climas desérticos–, y los problemas energéticos por falta de infraestructura.
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“Creo que es absolutamente pertinente decretar la Emergencia Económica y Social, porque se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos, que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen, nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades la cercanía de una sequía que nunca antes se había visto en La Guajira”, afirmó el Presidente Petro el pasado 29 de junio en Riohacha, capital del departamento, donde despachó durante la semana en compañía del Gabinete Ministerial.
La sesión incluye la participación de a los representantes de las entidades públicas, miembros de la sociedad civil y expertos en materia de cambio climático.
En ese sentido intervendrá en representantes de la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayú, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), el Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), académicos y expertos internacionales, así como los magistrados de la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional estableció que la reunión desarrollará en los siguientes ejes temáticos: el diagnóstico de la situación en el departamento de La Guajira, El alcance y consecuencias del cambio climático y sus efectos particulares en el departamento de La Guajira, Las medidas para conjurar los impactos del cambio climático en el departamento de la Guajira y La democracia y los estados de emergencia en el contexto del cambio climático.
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