Primera masacre del 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao, Cauca

El inicio del 2026 estuvo marcado por un grave hecho de violencia en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, donde tres personas fueron asesinadas en dos hechos consecutivos que, por su continuidad y conexión, configuran la primera masacre del año en el país.El primer ataque ocurrió el 3 de enero de 2026, cuando hombres armados irrumpieron en un establecimiento comercial del municipio y dispararon en repetidas ocasiones contra Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba el lugar. La víctima falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.Horas más tarde, durante el velorio de Erazo Reina, hombres armados regresaron y abrieron fuego contra los asistentes, persiguiendo a dos de ellos que intentaron huir. En el ataque fueron asesinadas Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53 años, lo que elevó a tres el número total de víctimas mortales.De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el municipio de Santander de Quilichao ya había sido incluido en la Alerta Temprana 013 de 2025, la cual advertía sobre el riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos por la imposición de normas y control social por parte de grupos armados ilegales. A su vez, la Alerta Temprana 036 de 2025 también había señalado la presencia y confrontación de disidencias de las Farc en la zona, especialmente del Frente Dagoberto Ramos, en disputas por el control territorial y las economías ilícitas.En este territorio hacen presencia los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas locales que mantienen disputas por corredores estratégicos de narcotráfico. La jurisdicción militar en la zona corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional, que ha sido alertada sobre el aumento de los hechos violentos en el norte del Cauca.Esta masacre, registrada en los primeros días del año, evidencia la persistencia de la violencia armada en una región históricamente afectada por la presencia de actores ilegales y la débil implementación de medidas de protección para las comunidades.