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La demanda pretende que se anule el decreto y que el Gobierno expida uno nuevo que establezca un reajuste salarial que "garantice el poder adquisitivo de las personas y las familias que viven de este salario”.
Para el procurador Ordóñez dicho decreto vulnera el artículo 48 de la Carta Política por no mantener el poder adquisitivo de los pensionados y de los colombianos menos favorecidos.
El ajuste del salario mínimo para los colombianos se realizó por decreto el pasado 30 de diciembre luego de infructuosas negociaciones, Gobierno, las centrales obreras y los empresarios no lograron un acuerdo en el alza del salario mínimo para 2016 y se definió en 7,0 por ciento.
Así las cosas, el salario mínimo de los colombianos, que estaba en $644.336 pesos, pasó a $689.454, lo que representó un incremento de $45.103 pesos, es decir unos $1.503 pesos diarios. El subsidio de transporte también subió de acuerdo al IPC desde los $74 mil pesos a los $77.700, lo que representó un aumento de 5 %.
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Esta es la decisión que tomó de manera unilateral el Ministerio de Trabajo, pese a las constantes reuniones entre los empresarios del país y los sindicatos buscando un acuerdo.
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