El aumento del salario mínimo para 2027 comenzará a definirse en las próximas semanas, cuando el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras avancen en la mesa de concertación. Aunque todavía no existe una propuesta oficial acordada, las primeras estimaciones muestran diferencias sobre cuánto debería subir el ingreso de los trabajadores.Los gremios empresariales plantearon preliminarmente un incremento de entre el 8 % y el 9,5 %, mientras que el economista Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, calcula que el ajuste podría ubicarse entre el 9,5 % y el 10 %.La negociación será determinante para establecer el aumento que recibirán los trabajadores colombianos a partir de 2027.¿De cuánto sería el aumento del salario mínimo en 2027?El salario mínimo básico vigente en 2026, fijado durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, es de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Con esa base, los posibles incrementos dejarían los siguientes valores:Aumento del 8 %: $1.890.977.Aumento del 9,5 %: $1.917.241.Aumento del 10 %: $1.925.996.Amorocho considera que, desde una perspectiva legal y técnica, el incremento debería ser menor al que podría surgir de la negociación. Por esa razón, estima que un aumento del 8,5 % sería una cifra posible.El docente también anticipó que las centrales obreras podrían aprovechar el antecedente del incremento del salario mínimo de 2026 para solicitar un aumento cercano al 15 %. Sin embargo, considera que el Gobierno no debería aceptar un incremento de dos dígitos y plantea un máximo del 9,5 %.Por ahora, estas cifras corresponden a proyecciones y no a una decisión oficial. La mesa de concertación deberá considerar variables como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y la tasa de empleo.¿Qué factores influirán en la negociación del salario mínimo?La inflación anual alcanzó el 6,29 % en septiembre de 2026, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). A este indicador se suman las estimaciones de productividad y las cifras económicas que se conozcan antes de la negociación formal, que habitualmente se realiza en diciembre.Amorocho señala que Colombia podría cerrar 2026 con una inflación del 7 % y un crecimiento económico del 2,6 %. Además, considera que las remesas y las exportaciones de petróleo, oro y café podrían contribuir a sostener la demanda.Por su parte, Asofondos ha advertido sobre la necesidad de revisar los recursos destinados al pago de las pensiones en 2027. Asimismo, el Consejo de Estado estudia una demanda presentada por Fenalco contra el decreto que fijó el aumento salarial de 2026. Sin embargo, este proceso no implica que el salario mínimo vigente pueda reducirse.¿Cómo cambiaría el ingreso mensual con el auxilio de transporte?Un ejercicio de Moore Colombia calculó que, con un aumento salarial del 8 %, el ingreso de un trabajador que recibe auxilio de transporte aumentaría $148.794 mensuales después de los descuentos obligatorios de salud y pensión.Si el auxilio de transporte también aumenta un 8 %, se sumarían $19.928 al ingreso mensual.La cifra definitiva dependerá del porcentaje que acuerden las partes y del ajuste que se establezca para el auxilio de transporte. La decisión también tendrá efectos sobre los costos laborales de las empresas, especialmente de aquellas que operan domingos y festivos.En este último aspecto, desde julio de 2027 el recargo por trabajar esos días pasará del 90 % al 100 % de la hora ordinaria.
Davivienda anticipa un incremento de 8,5% en el salario mínimo de 2027 y advierte que la ley de rescate económico que está planteando el Gobierno va a requerir nuevos ingresos y podría incluir la revisión de beneficios tributarios.¿Cuánto podría aumentar el salario mínimo en 2027?"Si tú ves las cifras de productividad laboral en Colombia, hoy esas cifras son negativas en nuestros cálculos, casi en 0,32%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú, de todos modos, si haces un ajuste del salario mínimo del 8,5%, estás reconociendo un componente político, un componente no técnico amplio frente a la inflación. Eso también es importante tenerlo presente, pero sí, va a estar mucho más cerca de la inflación de lo que hemos visto en años anteriores", explicó Germán Cristancho, jefe de investigaciones económicas de Davivienda.La proyección de inflación en Davivienda hoy es de 6,91%, es decir, que este será el sexto año consecutivo en que Colombia incumple su propia meta de inflación, algo que en parte está relacionado con el incremento del salario mínimo este año en más de 23%.Colombia podría terminar revisando beneficios tributarios para tapar el hueco fiscalUno de los principales dolores de cabeza del país es el déficit fiscal, y el Gobierno se comprometió públicamente a presentar una ley de rescate económico que buscaría un ajuste de 2,2% del PIB, es decir, de unos 45 billones de pesos, según el cálculo de Davivienda.Para Cristancho, es muy posible que, para ajustar las cuentas, el país no solo tenga que recortar gastos, sino también buscar nuevas fuentes de ingresos, es decir, hablar de que ciertos consumidores, empresas o productos aporten más a la nación, todo esto en medio de los acercamientos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional."Colombia va a tener que comprometerse a un ajuste fuerte, a un ajuste que va a ser de gran magnitud, y te reitero, no va a ser únicamente desde el punto de vista de reducción de gasto, sino, muy probablemente, también la búsqueda de medidas que aumenten el recaudo de impuestos en el país. Probablemente, todo el frente de beneficios y exenciones tributarias, y una apuesta importante por crecimiento económico", agregó Cristancho.Para Cristancho, la revisión de beneficios tributarios podría centrarse en impuestos como el IVA y el impuesto a la renta, que históricamente han concentrado el grueso de los beneficios tributarios en Colombia, según la información que ha divulgado el propio Gobierno.El Ministerio de Hacienda prevé radicar esa ley de ajuste una vez termine la discusión en el Congreso del Presupuesto General de la Nación para 2027, lo que debe suceder este 20 de octubre.
El Consejo de Estado admitió para estudio una tutela que busca tumbar la decisión con la que ese tribunal suspendió provisionalmente el decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó el aumento del salario mínimo para 2026 el pasado mes de febrero.La tutela fue presentada por José del Carmen Cuesta Novoa asegurando que con esa suspensión estaban vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el mínimo vital, el debido proceso, la igualdad y el derecho al trabajo pues impacta directamente el ingreso básico de quienes hoy dependen del salario mínimo para su subsistencia.En su solicitud, Cuesta también pidió que, como medida provisional, se suspendieran de inmediato los efectos de la orden judicial que obligaría al Gobierno a expedir un decreto transitorio mientras se resuelve la controversia; sin embargo, el magistrado Pedro Pablo Vanegas rechazó dicha solicitud al considerar que no se demostraron las condiciones de urgencia y necesidad que justificaran adoptar una medida provisional dentro del trámite de tutela.Cabe recordar que el pasado 12 de febrero, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del documento que definió el aumento del salario mínimo mientras define de fondo si el plan del gobierno se ajusta o no a la ley.Ahora, la tutela continuará su trámite para que el alto tribunal determine si la suspensión del decreto del salario mínimo vulneró o no derechos fundamentales.
El decreto transitorio mantuvo el incremento del 23,7% al salario mínimo, dejando la remuneración en 2 millones de pesos mensuales con auxilio de transporte, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostiene que no había razones jurídicas ni económicas para reducir esa cifra.Decreto transitorio: mismo aumento, nuevo contextoTras la medida cautelar del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto original de diciembre, el Gobierno expidió un nuevo decreto transitorio que conserva exactamente el mismo incremento: 23% al salario básico y 23,7% incluido el auxilio de transporte, para un total de 2 millones de pesos. Según explicó Sanguino, se trata de un decreto “provisional”, dictado en cumplimiento del auto del magistrado Juan Camilo Morales, sin que exista aún un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del aumento decretado a finales de 2025.El ministro subrayó que la medida cautelar no declaró nulo el decreto anterior, sino que pidió un nuevo acto mientras se decide la controversia jurídica, razón por la cual el Ejecutivo optó por mantener la misma cifra mientras se tramita el recurso de súplica contra la decisión del Consejo de Estado.Argumento central: salario mínimo vital y no “simple aritmética”Sanguino insiste en que el salario mínimo no puede reducirse a “una operación aritmética” ni a la sumatoria mecánica de variables económicas, pese a que la Ley 278 de 1996 fija parámetros como inflación, productividad y crecimiento del PIB para definir el incremento anual. De acuerdo con el ministro, existe “un bache” entre esos criterios legales y el mandato constitucional del artículo 53, que ordena garantizar un salario “mínimo, vital y móvil”, principio que —según afirma— debe prevalecer sobre la interpretación estricta de la norma legal.En la entrevista, Sanguino cuestiona la lectura que hace el magistrado del Consejo de Estado y sostiene que se ha querido limitar la fijación del mínimo a indicadores “inodoras, incoloras e insípidas”, desconociendo que el salario mínimo es también “un instrumento de política económica y social”. “Si así fuera, pues sencillamente lo que había que hacer es coger una calculadora, sumar, restar, multiplicar y establecer el salario mínimo sin necesidad de que exista una comisión de concertación”, dijo, al defender el carácter político, social y constitucional de la decisión.Productividad, inflación y brecha históricaEl Ministerio de Trabajo reforzó en el nuevo decreto la justificación técnica del aumento, incorporando cuadros, series de tiempo y referencias a estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y entidades financieras como JP Morgan. Según explicó Sanguino, el Gobierno analizó el comportamiento de la productividad laboral desde 1996 y la brecha acumulada entre esa productividad y la evolución del salario mínimo, concluyendo que la política de incrementos había quedado rezagada frente al aporte del trabajo al producto interno bruto.En el documento se evalúan también la inflación causada, la inflación esperada y su impacto sobre el poder adquisitivo, con el argumento de que el aumento de 23,7% no ha generado hasta ahora presiones inflacionarias “devastadoras” ni un choque desestabilizador para la economía. “No estamos en presencia de una circunstancia devastadora probablemente de efectos del salario mínimo vital decretado por el gobierno del presidente Petro”, sostuvo el ministro, al descartar que el incremento explique los niveles actuales de inflación.Los 5 parámetros legales y el salto de 13,6% a 23,7%Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la explicación sobre por qué el decreto reconoce, en una de sus tablas, que la suma de los cinco parámetros de la Ley 278 arroja un incremento cercano a 13,6%, pero la decisión política eleva el aumento hasta 23,7%. Sanguino admitió que los “parámetros legales” son “restrictivos” y no alcanzan por sí solos para satisfacer el estándar de salario mínimo vital y móvil exigido por la Constitución y por los convenios de la OIT ratificados por Colombia.En ese punto, el titular de la cartera laboral aludió al cálculo del “mínimo vital” elaborado por la OIT para 2025, que serviría de referencia para fijar un ingreso que cubra el costo de una canasta básica para un hogar promedio de tres personas, aunque el Consejo de Estado, en su auto, no exige desarrollar esos elementos sino ceñirse estrictamente a la Ley 278. “Los parámetros de la ley son parámetros restrictivos que no alcanzan para atender una disposición constitucional que es el del artículo 53 y es el del carácter vital y móvil que debe tener el salario mínimo”, explicó Sanguino, defendiendo los 10 puntos adicionales como una decisión de política laboral sustentada en estándares internacionales.Consejo de Estado, recurso de súplica y apoyo socialEl Gobierno presentó un recurso de súplica contra la medida cautelar al considerar que el magistrado Morales “invadió el alcance de lo que es una medida cautelar” y anticipó conclusiones propias de un fallo de fondo sobre la nulidad del decreto de diciembre. Mientras se resuelve el recurso, el decreto transitorio mantendrá el aumento del 23,7%, una decisión respaldada por centrales obreras y por buena parte del empresariado que, según el ministro, consideraron “inconveniente” modificar un incremento que ya venía siendo aplicado en las tres primeras quincenas del año.En paralelo, el presidente Gustavo Petro convocó movilizaciones y firmó el nuevo decreto en la Plaza de Bolívar, en un acto público con fuerte carga simbólica, en el que defendió el concepto de “salario vital” frente al fallo judicial. Para Sanguino, la “dimensión social” del aumento —que beneficia a millones de trabajadores de ingresos bajos— y el respaldo de sindicatos, sumados al compromiso internacional con salarios dignos, explican por qué el Ejecutivo decidió sostener el 23,7% pese al frenazo judicial.
El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Alberto Montaña, defendió la reciente decisión de suspender provisionalmente el decreto que fijó el incremento del salario mínimo en Colombia y aclaró que dicha medida no cuestiona el monto del aumento, sino el cumplimiento de los requisitos legales para su expedición. En medio de la controversia política y las convocatorias a movilizaciones sociales impulsadas por el Gobierno, el alto tribunal reiteró que su actuación responde exclusivamente al ordenamiento jurídico y no a presiones externas.En entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Montaña enfatizó que el Consejo de Estado actúa con independencia judicial y que su misión es garantizar que las decisiones administrativas se ajusten a la Constitución y la ley. “Nosotros tratamos de estar listos para cumplir nuestro oficio de proferir decisiones judiciales en derecho, con base en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, y no para reaccionar frente a comentarios aislados o frente a ese tipo de protestas”, afirmó.El magistrado explicó que la decisión adoptada el pasado viernes no constituye un fallo definitivo sobre el decreto que fijó el incremento del salario mínimo, sino una medida cautelar dentro de un proceso de nulidad que acumula más de 30 demandas. Según indicó, esta suspensión busca garantizar que el Gobierno cumpla los requisitos legales antes de expedir el decreto correspondiente.“Lo que hizo el Consejo de Estado fue adoptar una medida cautelar y no una decisión definitiva frente al decreto”, señaló Montaña. En ese sentido, aclaró que la corporación no evaluó ni cuestionó el porcentaje del incremento. Por el contrario, destacó que el tribunal no encontró evidencia preliminar de que el aumento fuera desproporcionado.“En esa decisión no se menciona algún reparo sobre el incremento que se produjo al salario mínimo. De hecho, el Consejo de Estado advirtió que no observaba, al menos en este análisis preliminar, esa desproporción”, precisó.La razón principal de la suspensión radica en que, según el Consejo de Estado, el decreto no habría tenido en cuenta los factores objetivos exigidos por la ley. Estos incluyen variables como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y la proyección del índice de precios al consumidor, entre otros.“El decreto no puede ser discrecional ni arbitrario, sino debe tener en cuenta unos factores objetivos”, explicó el magistrado. “Lo que señaló el Consejo de Estado fue que ese decreto no tuvo en cuenta unos factores objetivos que están en la ley y que deben ser observados”.Montaña resumió el alcance de la decisión con una frase contundente: “El Consejo de Estado no se metió con el valor exacto que se produjo para el incremento del salario mínimo. Lo que dijo fue: téngalos en cuenta. Eso es lo importante”.En consecuencia, el Gobierno deberá expedir un nuevo decreto que incorpore esos criterios legales, sin que ello implique necesariamente modificar el porcentaje del aumento. El presidente del alto tribunal aclaró que, si el Ejecutivo justifica el mismo incremento con base en los factores exigidos, esa decisión será evaluada judicialmente en su momento.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de Colombia, integrada por las altas cortes y la Fiscalía, llamó a respetar las decisiones judiciales y señaló que cualquier inconformidad debe tramitarse por vías institucionales previstas en la Constitución y la ley, en medio de cuestionamientos desde el Gobierno al reciente fallo sobre el salario mínimo.En un comunicado publicado este martes, esta Comisión recordó que las decisiones judiciales "son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho".El pronunciamiento se produce después de que el lunes, el ministro colombiano de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmara que el Gobierno mantendrá el incremento del 23,7 % del salario mínimo en el decreto transitorio que debe presentar tras la decisión del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, de suspender el acto administrativo que aumentó esa retribución.El texto de esta comisión, formada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el representante de los servidores judiciales y la Fiscalía, no menciona ningún caso específico.Sin embargo, el llamado se da a conocer pocos días después de la suspensión provisional del decreto que aumentó un 23,7 % el salario mínimo para 2026, con lo cual lo fijó en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, y de la orden de expedir una norma transitoria mientras se adopta una decisión de fondo sobre el incremento decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.La Comisión Interinstitucional apuntó que las discrepancias que pueda haber originado el fallo deben tramitarse a través de los mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, "dentro de las vías institucionales establecidas para tal fin desde la misma Constitución".En este sentido, la institución reiteró su compromiso "con el cumplimiento de la Constitución y la ley, la transparencia en sus decisiones y la protección de los derechos de todas las personas".Petro dijo el domingo durante una alocución que presentará análisis técnicos adicionales para cumplir con los requisitos del Consejo de Estado y reiteró que el salario mínimo es una remuneración "móvil", por lo que podría variar según las condiciones económicas.Además, convocó a los colombianos a reunirse este jueves en las plazas públicas del país para defender el aumento salarial, al considerar que se trata de una "conquista histórica" de los trabajadores.
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo en 23% abrió un intenso debate económico y jurídico en el país. Para Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, el fallo evidencia la necesidad de justificar técnicamente una decisión que impacta a millones de trabajadores y empresas.Herrera aseguró que, en el corto plazo, los trabajadores pueden estar tranquilos respecto a sus ingresos. “Seguramente terminaremos el mes de febrero con las mismas condiciones que tenemos al día de hoy”, afirmó, al explicar que el proceso judicial y los tiempos legales hacen improbable un cambio inmediato en el salario.El cuestionamiento central del alto tribunal se relaciona con la forma en que el Gobierno sustentó el incremento. Según el economista, la ley establece criterios claros, como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, que deben guiar el ajuste salarial. Con base en cifras del Dane, la inflación en 2025 fue de 5,1% y la productividad de 0,9%, lo que habría llevado a un aumento cercano al 6%. “Si solamente tomáramos estos dos parámetros, estaríamos hablando de 6%, es decir, que entre 6 y 6,05 debería estar el incremento del salario”, explicó Herrera.En su criterio, un aumento superior podría tener efectos negativos. “Parte de la gran preocupación que los economistas tenemos es que si uno supera esos niveles de productividad e inflación, puede contribuir a más inflación”, advirtió.El Consejo de Estado, agregó, no anuló el decreto de inmediato, pero sí exigió al Gobierno justificar claramente su decisión. “El Consejo de Estado necesita un decreto que sea muy claro en cada criterio utilizado”, señaló. Según Herrera, el problema principal es la falta de una explicación cuantitativa sólida: “Lo que está extrañando hoy el Consejo de Estado es que la parte motiva del decreto pareciera nunca haberse justificado claramente de dónde salió el 23%”.El impacto de la medida también preocupa al sector empresarial. Herrera citó estimaciones del gremio Fenalco, que advierten posibles pérdidas de empleo debido al aumento en los costos laborales. “El tejido empresarial en Colombia es 99% pequeñas y medianas empresas, y eso impacta sensiblemente la estructura de costos”, explicó.Para el economista, el principal riesgo es la incertidumbre. “El país necesita certidumbre jurídica, el país necesita confianza inversionista”, afirmó. A su juicio, la inversión y el crecimiento dependen de reglas claras y decisiones sustentadas en criterios técnicos.Mientras el Gobierno evalúa acciones legales y el Consejo de Estado prepara su decisión definitiva, el futuro del salario mínimo permanece en debate. La resolución final no solo definirá el ingreso de millones de trabajadores, sino también la estabilidad económica y la confianza en las instituciones del país.
La suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 sigue generando reacciones en el sector empresarial. Diferentes gremios coincidieron en respaldar la decisión del Consejo de Estado y reiteraron la necesidad de que cualquier incremento salarial esté sustentado en criterios técnicos y dentro del marco legal.El Consejo Gremial Nacional explicó que la decisión es de carácter provisional y no constituye un fallo definitivo, sino una medida temporal para proteger el orden jurídico mientras se adopta una sentencia de fondo. En ese sentido, insistió en que el aumento del salario mínimo debe basarse en variables como crecimiento económico, productividad, inflación, informalidad y capacidad de generación de empleo formal.Desde Fenalco, su presidente Jaime Alberto Cabal afirmó que la medida “protege la Constitución y la sostenibilidad del empleo formal”, y advirtió que un incremento del 23,7 % “aunque puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país”. El gremio alertó que el decreto presentaba “deficiencias legales graves” y riesgos económicos y sociales, señalando que podrían estar en peligro alrededor de 772.340 empleos y el cierre de numerosas mipymes.Además, desde Fenalco se cuestionó que no exista una explicación clara y verificable de cómo se pasó de variables económicas que justificarían un ajuste del 6,21 % a un aumento del 23,7 % sin suficiente sustento técnico. El gremio también aseguró que, asistirá a la Comisión de Concertación Laboral y participará para buscar “soluciones satisfactorias y sanas para el equilibrio del comercio”.Por su parte, Acopi manifestó preocupación por la incertidumbre jurídica que deja la suspensión. La presidenta del gremio, María Elena Ospina, explicó que, aunque celebran la decisión, el decreto actual sigue vigente hasta que se expida uno nuevo y los salarios ya ajustados no pueden reducirse por ley.“Hoy miles de empleadores formales no tenemos certeza sobre cuál referencia aplicar en nóminas, contratos, aportes a seguridad social y presupuestos”, advirtió el gremio, que reiteró su propuesta de un aumento cercano al 7,2 % o incluso un poco más, pero sustentado técnicamente. Acopi hizo un llamado al Gobierno para actuar con celeridad y garantizar claridad normativa, señalando que “la economía real no puede operar en un limbo jurídico”.Mientras tanto, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, sostuvo que el país debe concentrar sus esfuerzos en contrarrestar los efectos que la medida puede generar sobre inflación y empleo. Aunque la ANDI no demandó el decreto, señaló que se trata de “hechos cumplidos” que deben asumirse con cautela para no afectar derechos ya generados. El gremio pidió que se realice una jurisprudencia que brinde claridad jurídica y evite que situaciones similares se repitan en el futuro, e hizo un llamado a las empresas para buscar mecanismos que no afecten a los trabajadores.Finalmente, el exdirector de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, advirtió que el fallo no modifica de inmediato el choque de costos generado por el aumento, pero sí introduce un elemento adicional de incertidumbre que podría traducirse en menores incentivos a la contratación formal y mayor dispersión en las expectativas de inflación. Incluso señaló que, si el incremento llegara a caerse, los precios que subieron como consecuencia también deberían ajustarse a la baja.Por ahora, el aumento sigue vigente mientras se emite un nuevo decreto o se dicta una decisión definitiva, pero el panorama continúa marcado por la expectativa y la incertidumbre jurídica y económica.
Con la suspensión temporal del decreto que aumentó en 23,7 % el salario mínimo para 2026 por parte del Consejo de Estado, muchos están en vilo, no solo los que devengan de manera mensual esta suma y las empresas que desde el 1 de enero asumieron el pago de este valor, pues el hecho deja preguntas sobre qué pasará de ahora en adelante y cuál será la cifra real que regirá este año.De acuerdo al fallo del Consejo de Estado, el Decreto 1469 queda en pausa mientras se resuelve de fondo la demanda interpuesta. La decisión menciona que el Gobierno tiene un plazo de ocho días para emitir otro decreto transitorio que respete la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en la ley.No obstante, el fallo tiene efectos en los valores que fueron ajustados con base en el incremento del salario mínimo, como:Pensiones indexadas al salario mínimo.Multas de tránsito ajustadas con base en el incremento.Tarifas de transporte público que reflejaron aumentos recientes.Cuotas de administración en edificios y condominios.Ajustes del salario integral, calculado en múltiplos del mínimo.Aunque las cuotas de administración de los conjuntos residenciales no están indexadas al salario mínimo, en algunas copropiedades sí aumentaron su valor sobre el nuevo porcentaje decretado por el Gobierno a finales de 2025 (23,78 %).Esto se debe a que en Colombia, cada conjunto residencial define en su reglamento de propiedad horizontal y en la asamblea de copropietarios, que se hace de manera anual, cómo se ajusta la cuota de administración. La mayoría toma como referencia el IPC del año anterior, pero otros definen el aumento correspondiente con base en el salario mínimo.¿Suspensión del decreto del salario mínimo afecta las cuotas de administración?Frente a esta situación, Blu Radio consultó a Jaime Rojas, líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales de la Universidad Politécnico Grancolombiano, quien explicó que en Colombia “no existe una ley que obligue a subir las cuotas de administración según el salario mínimo y no se ajustan automáticamente cuando el Gobierno cambia el incremento”.Rojas manifestó que cada edificio decide su propia fórmula. La mayoría de administraciones fijan el incremento de la cuota con base en la inflación del año anterior, que fue del 5,1 %.No obstante, muchos conjuntos deciden fijar el aumento de la cuota de administración con un porcentaje diferente al de la inflación y del salario mínimo, pero, según el experto, “puede estar por debajo o por encima; esto depende de las necesidades particulares de las propiedades y de las decisiones que tomen los copropietarios”.¿Qué pasará con las cuotas que ya se pagaron y las que vienen?Ahora bien, sobre qué pasará con respecto a las cuotas que ya se pagaron y las que vienen, mientras sale el nuevo decreto del Gobierno y el Consejo de Estado lo revisa, el fallo es claro al indicar que "la suspensión provisional del decreto no afecta los incrementos que ya se calcularon, causaron o pagaron con base en el aumento del 23,78 %". Rojas refuerza este punto al explicar que los edificios pueden decidir la cuota con base en el salario mínimo actual, o esperar el nuevo decreto si aún no han hecho la asamblea anual.Es importante tener en cuenta que dicho decreto puede demorarse y la decisión final del Consejo de Estado también puede tomar semanas o meses. “Pero si un edificio ya aprobó el incremento, también puede más adelante convocar una asamblea extraordinaria para modificar o ajustar la cuota cuando se expida el decreto definitivo”.Lo anterior se debe a que, aunque la cuota no esté indexada al salario mínimo, muchos costos de funcionamiento sí lo están, como los servicios de vigilancia y de aseo. Rojas agregó que estos rubros son los que más gastos le generan a un conjunto. Esto quiere decir que, incluso si la cuota del edificio sube o subió por la inflación, los costos de operación podrían incrementarse mucho más, obligando a revisar la cuota de la administración en un futuro no lejano.A continuación, consulte el fallo completo del Consejo de Estado:
El Consejo de Estado frenó, de forma provisional, el alza de 23,7% del salario mínimo de 2026 y obligó al Gobierno a fijar un nuevo aumento transitorio en ocho días, ajustado a la ley y con mejor motivación económica y jurídica.¿Qué fue lo que suspendió el Consejo de Estado?Suspendió provisionalmente el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno fijó el salario mínimo de 2026 en 1.750.905 pesos mensuales (sin auxilio de transporte), equivalente a un aumento del 23% frente a 2025.Ese decreto se apoyaba en el concepto de “salario vital” elaborado a partir de un estudio de la OIT, e incluía la meta de que el mínimo convergiera gradualmente hacia ese nivel en los próximos años.¿Por qué decidió suspender el decreto?El Consejo de Estado encontró, de manera preliminar, que el Gobierno sustituyó en la práctica los criterios legales del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 (IPC, productividad, PIB, salarios en el ingreso nacional, meta de inflación) por la brecha frente al “salario vital”, que no está en la ley.Para el tribunal, el decreto enuncia esos parámetros, pero no explica de forma clara, verificable y articulada cómo incidió cada uno en el 23% de aumento: los datos están listados, pero no integrados en la operación que lleva al porcentaje final.Esa falta de nexo entre datos y cifra configura, prima facie, infracción del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 y un problema de motivación reforzada, exigida cuando el Gobierno fija el mínimo de forma unilateral tras fracasar la concertación.¿Qué ordenó exactamente al Gobierno?Le ordenó expedir, en máximo ocho días calendario desde la notificación del auto, un nuevo decreto “transitorio” que fije:Un porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026.El valor total del salario mínimo para 2026, que regirá solo mientras se dicta la sentencia de fondo en el proceso.Ese nuevo decreto debe aplicar todos los criterios económicos y constitucionales del artículo 8 de la Ley 278/96: IPC real de 2025, meta de inflación para 2026, productividad oficial certificada por el DANE, contribución de los salarios al ingreso nacional y crecimiento del PIB, además de los principios de trabajo digno, salario mínimo vital y móvil, función social de la empresa y sostenibilidad económica.La Sala exigió una motivación económica detallada: tipo de valoración de cada criterio, forma de ponderación, operación aritmética usada para llegar a la cifra y análisis del impacto macroeconómico, con cifras sustentadas en fuentes oficiales.¿Qué pasa mientras sale el nuevo decreto?Hasta que se publique el decreto transitorio, sigue aplicándose el salario mínimo fijado en el Decreto 1469 de 2025; es decir, la suspensión no opera de inmediato.La suspensión solo comenzará a regir desde la publicación del nuevo decreto de salario mínimo transitorio para 2026.Los pagos ya hechos (nómina, pensiones, multas, contratos, aportes, etc.) calculados con el mínimo de 2026 del decreto suspendido se consideran situaciones consolidadas y no se tocan ni se reversan.¿El Consejo de Estado fijó un nuevo salario mínimo?No fijó una cifra ni un porcentaje; dejó claro que no sustituye al Ejecutivo en la decisión económica.Lo que hizo fue imponer al Gobierno el deber de rehacer, de manera transitoria, la fijación del mínimo 2026 dentro de los parámetros legales y constitucionales, bajo control posterior del propio Consejo de Estado.¿Qué cuestionaron los demandantes y quiénes demandaron?Entre los demandantes hay ciudadanos, académicos, exfuncionarios y gremios como FENALCO y FEDECOLTIA, que interpusieron varias demandas de nulidad acumuladas en un solo proceso.Sus principales argumentos:El 23% desconoce la Ley 278/96 porque cuadruplica la inflación (5,3%) y multiplica la productividad (0,91%) sin explicación técnica.El Gobierno habría reemplazado los factores legales por el concepto de “salario vital” de la OIT, que no es vinculante en Colombia.El alza generaría impactos “irreversibles” en inflación, empleo, costos de MiPymes, gasto pensional y finanzas públicas por la indexación de múltiples obligaciones al salario mínimo.¿Qué respondió el Gobierno?Ministerios de Trabajo y Hacienda, junto con Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, defendieron el decreto afirmando que:Cumplió procedimiento, se expidió por autoridad competente y contiene una motivación extensa, reforzada con memoria justificativa.El artículo 8 de la Ley 278 no impone fórmula matemática y el “salario vital” sería un criterio constitucionalmente válido derivado del artículo 53 y de estándares internacionales.No se habría probado un perjuicio grave e irreparable ni un riesgo fiscal cierto que justificara la suspensión en esta fase.¿Qué viene ahora?En el corto plazo, el Gobierno debe expedir el decreto transitorio de salario mínimo 2026, dentro del marco estricto que fijó el Consejo de Estado.En el mediano plazo, la Sección Segunda del Consejo de Estado deberá dictar sentencia de fondo, en la que decidirá si anula definitivamente o no el Decreto 1469 de 2025.Hasta esa sentencia, el país tendrá un salario mínimo 2026 “provisional”, fijado por el nuevo decreto y bajo vigilancia del alto tribunal, que puede revisar su cumplimiento e incluso sancionar a los funcionarios en caso de desacato.
Los resultados de ColorLoto de lunes, 9 de noviembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 231.Números y colores ganadores de ColorLoto Los resultados del sorteo 235 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:3 (azul) - 7 (amarillo) - 3 (negro) - 7 (blanco) - 6 (blanco) - 7 (rojo).Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.Nuevo acumulado de ColorLotoDespués del sorteo realizado este lunes, 9 de noviembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.250 millones.Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.
El regreso de Maluma a Bogotá en 2027 se convirtió en un verdadero fenómeno. Luego de agotar las entradas para sus presentaciones del 5 y 6 de febrero, el cantante paisa confirmó una tercera fecha en la capital colombiana, debido a la alta demanda de sus seguidores.La nueva presentación será el domingo 7 de febrero en El Corazón de Bogotá – Arena, escenario que recibirá el inicio de su gira internacional 'Loco x Volver'. El anuncio fue celebrado por los fanáticos del artista, quienes tendrán una oportunidad más de reencontrarse con Juan Luis Londoño, nombre de pila del cantante.“¡Bogotá no para! El 5 y el 6 de febrero ya están sold out, y como aquí todos estamos locos por volver a ver a Maluma, Juan Luis vuelve a casa una noche más”, anunciaron los organizadores a través de sus canales oficiales.¿Habrá una cuarta fecha de Maluma en Bogotá?Aunque por ahora están confirmados tres conciertos, el rápido agotamiento de las entradas para las primeras presentaciones ha despertado la expectativa sobre la posibilidad de una cuarta fecha. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una nueva función.La respuesta del público demuestra la expectativa que existe por el regreso del artista colombiano, quien eligió la capital para comenzar esta nueva etapa musical.Preventa y venta de entradas para MalumaLas entradas para la tercera fecha estarán disponibles a través de TuBoleta. La preventa exclusiva para clientes Visa Bancolombia y Nequi estará habilitada hasta el miércoles 11 de noviembre a las 2:59 p. m., o hasta agotar existencias. La venta general comenzará ese mismo día a las 3:00 p. m.Con tres noches confirmadas, Bogotá se prepara para recibir uno de los regresos musicales más esperados de 2027. Mientras tanto, los seguidores de Maluma siguen pendientes de un posible cuarto anuncio.
Frente a dos millones y medio de fieles, el papa León XIV dio la misa más multitudinaria de su papado en Buenos Aires y ofreció un potente mensaje a los trabajadores al decir que "el éxito financiero debe medirse en clave de bien común", este lunes en su segundo día en Argentina.El papa celebró su primera misa en el país desde un imponente altar en el Monumento de los Españoles, donde reivindicó a la familia cristiana como "pilar" ante las precariedades de la sociedad actual, como "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario o la violencia doméstica".Muchos de los fieles llegaron al barrio porteño de Palermo desde distintas provincias del país y acamparon desde la noche anterior para asistir a la misa y saludar al pontífice en algún tramo de los 2,3 kilómetros que recorrió en papamóvil.Mientras los asistentes se distribuían en distintos puntos de Buenos Aires por donde pasaría el papa, León XIV se reunía con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde lo esperaron miles de personas.El papa escuchó las historias de una recicladora urbana marginada en la pobreza, una trabajadora comunitaria guaraní del norte del país, una sindicalista, una docente y un emprendedor ambiental.En su turno de palabra dijo que las políticas públicas deben garantizar "el pleno empleo y la inclusión social, bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".De acuerdo a un informe difundido el pasado octubre por varias organizaciones de la sociedad civil, desde que Milei asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 ya se han perdido 241.200 puestos de trabajo."Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad", expresó el papa.También retomó los contenidos de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', al hablar del "desarrollo responsable de la creación" y advertir sobre las pérdidas de empleo a causa de la inteligencia artificial.
Bogotá no solo es la casa de Andrés Cepeda, sino en el sitio en donde él más ama cantar en toda su vida. Por eso, es normal que la ciudad sea prioridad en las giras y, en 2027, volverá a serlo con la llegada del tour Latitudes que tendrá doble fecha en mayo en El Corazón de Bogotá - Arena.Sin embargo, cada fecha será algo diferente e invita a sus fans a asistir a ambas para vivirlo de manera especial. El 14 de mayo, Andrés Cepeda presentará un espectáculo que reunirá los grandes éxitos de su carrera y las canciones de su repertorio más reciente. El 15 de mayo será el turno de Big Band, uno de los proyectos más destacados de su trayectoria, con el que rinde homenaje a la época dorada de las grandes orquestas."Con Big Band, Cepeda explora una faceta musical distinta, acompañado de una gran agrupación de músicos y un repertorio que reúne la elegancia del jazz, el romanticismo del bolero y la riqueza de ritmos como la cumbia, el mambo y el porro. Esta propuesta, que ha tenido dos entregas discográficas, incluida Andrés Cepeda Big Band 2, lanzada en agosto de 2026, llegará a Bogotá como una oportunidad para descubrir otra dimensión artística del cantante y celebrar el legado musical de América Latina", explicaron desde la organización.No obstante, Bogotá no será la única ciudad en donde Cepeda se presente en este tour; de hecho, estará en las principales ciudades del país: Ibagué: viernes 16 de abril – Néctar Arena.Manizales: sábado 1 de mayo – Plaza de Toros.Bogotá: viernes 14 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena.Bogotá: sábado 15 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena (Big Band).Cali: viernes 21 de mayo – Arena Cañaveralejo.Pereira: sábado 22 de mayo – Expofuturo.Bucaramanga: viernes 28 de mayo – Cenfer.Barranquilla: viernes 4 de junio – Puerta de Oro.
El conglomerado Skydance, la empresa creada tras la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, por sus siglas en inglés), anunció este lunes la salida de James Gunn y Peter Safran, conocidos por relanzar el universo de superhéroes con títulos como 'Superman', de la co-dirección de DC Studios.Gunn y Safran "dejarán sus cargos directivos tras cuatro años transformando DC Studios y restableciendo los cimientos del estudio, para dedicarse de lleno a su trabajo creativo", anunció la compañía en un comunicado.Ambos serán reemplazados por Jeremy Latcham, miembro del equipo fundador del Universo cinematográfico de Marvel, quien asumirá el cargo de presidente y director creativo de DC Studios, propiedad de Skydance, a partir del 1 de diciembre."James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un período de verdadera transformación, sentando las bases y creando un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos", agregaron en el escrito los directores ejecutivos de Skydance, David Ellison e Ynon Kreiz.En sus cuatro años al frente de DC Studios, Gunn y Safran reorganizaron el universo cinematográfico y televisivo de la compañía bajo una misma dirección creativa y "supervisaron la producción y el estreno de 'Superman', que recaudó más de 618 millones de dólares en la taquilla mundial", indicó la compañía.También impulsaron nuevos proyectos para la gran pantalla y series para plataformas de contenidos en línea, como el terror de 'Clayface' o la secuela 'Man of Tomorrow' escrita y dirigida por el propio Gunn, además de sentar las bases para futuros proyectos centrados personajes clásicos como los 'Teen Titans' o 'The Brave and the Bold'.Skydance se encuentra en pleno proceso de integración después de que Paramount cerrara el pasado 6 de octubre un histórico acuerdo de compra de WBD, una operación valorada en unos 110.000 millones de dólares y cuya culminación estuvo paralizada por meses de litigio antimonopolio tras una demanda presentada por 12 estados del país, y a la que se sumó el sindicato de guionistas de Hollywood.La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, según la querella.Bajo el paraguas de Skydance, la nueva compañía unifica a titanes históricos como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+, concentrando así cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % del segmento de grandes estrenos taquilleros a escala global.