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Procuraduría abre indagación al presidente de la ANI por escándalo de Odebrecht

El Ministerio Público también abrió indagación a Jorge Enrique Pizano, gerente del Acueducto de Bogotá de la época en que se firmó contrato de Tunjuelo Canoas con Odebrecht.

276705_Ruta del Sol - Foto: Vicepresidencia
Ruta del Sol - Foto: Vicepresidencia

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra de Luis Fernando Andrade, actual presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Jorge Enrique Pizano, gerente del Acueducto de Bogotá de la época en que se firmó contrato de Tunjuelo-Canoas, por presuntas irregularidades en la contratación con la firma Odebrecht.

 

Al presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, lo indagará el Ministerio Público por los contratos que se llevaron a cabo para las obras de la Ruta del Sol II.

 

Entre tanto, la indagación al exgerente del Acueducto de Bogotá, Jorge Enrique Pizano, tiene que ver con la contratación de Tunjuelo-Canoas, que buscaba la recuperación del Río Bogotá.

 

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El procurador Fernando Carrillo anunció que también se abrió indagación preliminar a los ya capturados, el exministro de Transporte Gabriel García Morales y el excongresista Otto Bula.
 
 
El organismo también abrió indagación al préstamo del Banco Agrario a la firma Navelena para el proyecto de navegabilidad del Río Magdalena.
 
 
Finalmente, Carrillo advirtió que pedirá a Odebrecht devolver los 11 millones de dólares que pagó en sobornos, para que sean reintegrados a la Nación.
 
Este fue el comunicado emitido por la Procuraduría con el que se revela ruta de acción contra Odebrecht

 

A continuación la ruta de la Procuraduría General de la Nación para cerrarle las vías a la corrupción en el caso de los sobornos de Odebrecht:

 

1. Hemos iniciado indagaciones preliminares con el fin de identificar las posibles conductas y presuntos responsables.

 

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2. Estas indagaciones tienen que ver con el contrato Ruta del Sol II y los otrosí que se firmaron; el préstamo del Banco Agrario a Navelena; el contrato suscrito por la empresa de Acueducto de Bogotá y Odebrecht para el proyecto de interceptores Tunjuelo – Canoas y el contrato firmado por el Invías para la ejecución de la obra que comunica a Puerto Boyacá con Chiquinquirá.

 

3. En lo que tiene que ver con la adjudicación del Contrato Ruta del Sol II se indagará a:

 

Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte; Otto Nicolás Bula, exsenador, altos directivos de Odebrecht y funcionarios de la ANI: Alexandra Lozano Vergara, José Andrés Torres Rodríguez, Daniel Francisco Tenjo Suárez, Ernesto Durán Vargas, Mauricio Orlando Castro Castaño, Andrés Figueredo Serpa y Luis Fernando Andrade, presidente de la agencia.

 

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4. Sobre el crédito otorgado por el Banco Agrario a Navelena se ordenaron algunas inspecciones e indagar a los miembros de toda la junta directiva para la época que intervinieron en este proceso.

 

5. Sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato a Odebrecht en el Acueducto de Bogotá se indagará al gerente de la empresa para la época, Jorge Pizano, quien después pasó a ser funcionario de Odebrecht, y se realizarán otras inspecciones.

 

6. Sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación, firma y ejecución del contrato que suscribió el Invías con el consorcio integrado por CBPO y Proyectos de Infraestructura PISA, filiales de Odebrecht en Colombia, se indagará igualmente a todos los funcionarios que intervinieron en el proceso.

 

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7. La indagación permitirá establecer, entre otras cosas, si a pesar de que los hechos aceptados por el mencionado exviceministro de Transporte datan de los años 2009 y 2010, estos tienen trascendencia en la ejecución del contrato, y, por lo mismo, estaríamos ante conductas de carácter continuado.

 

Es clara y será una política de esta Procuraduría que la prescripción no puede ser un cómplice ni un amparo para los corruptos. Los términos legales no pueden ser un camino a la impunidad.

 

8. Sobre la acción popular que instauró la Procuraduría en defensa del patrimonio público y frente al daño moral que causó Odebrecht al Estado Colombiano, el Ministerio Público solicitó:

 

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A. Que se establezca que la protección de los derechos colectivos de la sociedad colombiana está por encima de los patrimoniales de la empresa Odebrecht, toda vez que esa firma espera que un tribunal de arbitramento condene al Estado colombiano a pagar cerca de 263 millones de dólares. Óigase bien: 798 mil millones de pesos.

Inaceptable, inadmisible e indignante.

 

B. La restitución inmediata de los 11,1 millones de dólares de los sobornos que pagó Odebrecht en el país, como blindaje jurídico y judicial al compromiso que fue anunciado por el fiscal General hace unos días.

 

C. Adicionalmente, que Odebrecht responda por el daño patrimonial en términos de reparación que este caso de corrupción ha generado al desarrollo económico y social del proyecto Ruta del Sol II (Puerto Salgar – San Roque).

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D. Que el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca ordene las medidas necesarias para garantizar que esta obra no quede paralizada, tal como ocurrió en el pasado con proyectos afectados por hechos de corrupción como la Fase III de Transmilenio.

 

E. Estas medidas de intervención administrativa y judicial serán trabajadas en coordinación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y con el gobierno, al más alto nivel, para su eficiencia y efectividad.

 

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