Procuraduría acompañará cumplimiento de decisión de la Corte sobre recicladores en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación informó que adelantará un acompañamiento institucional de carácter preventivo para fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el cumplimiento del Auto 2059 de 2025, relacionado con los derechos de la población recicladora y la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.Según el Ministerio Público, la decisión proferida por la Corte Constitucional, dentro del proceso de verificación de la Sentencia T-724 de 2003, representa una oportunidad institucional para anticipar riesgos, preservar los avances en acciones afirmativas a favor de los recicladores y contribuir a la continuidad del servicio de aseo en la capital del país.Recordemos que la Corte amparó “los derechos a la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital” de los recicladores, porque varias entidades del Distrito incurrieron en omisiones que afectan sus condiciones de vida y laborales.A más tardar el 25 de enero de 2026, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico deberá expedir un acto administrativo de carácter transitorio para proteger los derechos de la población recicladora de oficio, pidió la Corte, debido a que el Distrito implementará el cambio de modelo. Esto, mientras se define y adopta el marco regulatorio y contractual definitivo para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.La Procuraduría reconoció el rol técnico, autónomo y especializado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y destacó la importancia de los desarrollos regulatorios que permitan una transición ordenada y gradual en la prestación del servicio, bajo los principios de progresividad y no regresividad.La entidad aclaró que su actuación estará enfocada en la prevención de riesgos, la facilitación del diálogo institucional y el seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales, sin coadministrar ni interferir en las competencias técnicas, regulatorias o administrativas de otras autoridades.También reiteró su disposición para acompañar los espacios de articulación interinstitucional, realizar el seguimiento ordenado por la Corte Constitucional y contribuir a la efectividad de las decisiones judiciales, en defensa del interés general, la seguridad jurídica y la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales.