Procuraduría acompañará cumplimiento de decisión de la Corte sobre recicladores en Bogotá
El Ministerio Público buscará prevenir riesgos y facilitar el diálogo, sin interferir en las competencias de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de Bogotá.
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La Procuraduría General de la Nación informó que adelantará un acompañamiento institucional de carácter preventivo para fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el cumplimiento del Auto 2059 de 2025, relacionado con los derechos de la población recicladora y la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.
Según el Ministerio Público, la decisión proferida por la Corte Constitucional, dentro del proceso de verificación de la Sentencia T-724 de 2003, representa una oportunidad institucional para anticipar riesgos, preservar los avances en acciones afirmativas a favor de los recicladores y contribuir a la continuidad del servicio de aseo en la capital del país.
Recordemos que la Corte amparó “los derechos a la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital” de los recicladores, porque varias entidades del Distrito incurrieron en omisiones que afectan sus condiciones de vida y laborales.
Procuraduría, referencia.
Foto: Google Maps
A más tardar el 25 de enero de 2026, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico deberá expedir un acto administrativo de carácter transitorio para proteger los derechos de la población recicladora de oficio, pidió la Corte, debido a que el Distrito implementará el cambio de modelo. Esto, mientras se define y adopta el marco regulatorio y contractual definitivo para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.
La Procuraduría reconoció el rol técnico, autónomo y especializado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y destacó la importancia de los desarrollos regulatorios que permitan una transición ordenada y gradual en la prestación del servicio, bajo los principios de progresividad y no regresividad.
Corte Constitucional
Foto: Rama Judicial
La entidad aclaró que su actuación estará enfocada en la prevención de riesgos, la facilitación del diálogo institucional y el seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales, sin coadministrar ni interferir en las competencias técnicas, regulatorias o administrativas de otras autoridades.
También reiteró su disposición para acompañar los espacios de articulación interinstitucional, realizar el seguimiento ordenado por la Corte Constitucional y contribuir a la efectividad de las decisiones judiciales, en defensa del interés general, la seguridad jurídica y la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales.