La Procuraduría General de la Nación pidió a la Defensoría del Pueblo que tome acciones frente a la situación de los defensores comunitarios en
varias regiones del país que les ha tocado salir de sus territorios y producto de ello tampoco están recibiendo sus salarios. En la misiva, enviada por las Procuradurías Delegadas para Asuntos Étnicos, Derechos Humanos y para la Paz, s
e pone en evidencia la situación de quienes ejercen labores de defensa de las comunidades en zonas de alto riesgo.
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De acuerdo con el Ministerio Público, el desplazamiento de estos defensores a otros territorios ha provocado problemas administrativos con la Defensoría del Pueblo relacionados con la suspensión de los salarios,
“afectándose de esa manera el mínimo vital, suyo y de sus familias”. Según la Procuraduría,
esta situación afecta la labor de quienes están defendiendo los derechos humanos y por eso emiten las alertas tempranas, que son canalizadas por la Defensoría del Pueblo.
“Nos permitimos solicitar fortalecer las rutas del diálogo y la interlocución entre los funcionarios y el equipo directivo de la Defensoría,
a fin de poder hallar rutas que permitan avanzar en salidas urgentes ante las graves situaciones de amenaza y riesgo que enfrentan dichos funcionarios”, dice.
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