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Tras meses de una creciente zozobra que circulaba en las carreteras de la provincia de García Rovira, el clamor de los transportadores finalmente ha escalado a las esferas del gobierno departamental.
En medio de una cumbre de seguridad de alto nivel celebrada en la capital santandereana, el gremio de conductores expuso una realidad que ya no admite esperas: el asedio de estructuras criminales que amenazan con alterar la movilidad y la economía del oriente del departamento.
Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander, lideró el encuentro donde la voz de los transportadores fue el eje central.
Según el funcionario, la administración no solo ha escuchado las denuncias sobre inseguridad, sino que ha iniciado un proceso de formalización y acompañamiento técnico para fortalecer al sector frente a las presiones externas.
Sin embargo, el trasfondo de esta crisis es mucho más complejo que la simple vigilancia vial; se trata de una estrategia de contención territorial.
La alerta máxima se concentra en los límites con Norte de Santander, una frontera porosa donde la sombra de grupos armados organizados proyecta una amenaza constante.
Hernández fue enfático al señalar que la prioridad absoluta del Gobierno Departamental, en una alianza robusta con el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía, es evitar que Santander se convierta en un nuevo corredor para la criminalidad.
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El despliegue operativo se ha intensificado en puntos críticos y estratégicos como el Bajo Rionegro, así como en los municipios de El Playón y Puerto Wilches, zonas que históricamente han sido vulnerables a las incursiones externas.
Cabe resaltar que el pasado 19 de enero, dos autobuses de transporte intermunicipal fueron vandalizados por integrantes de un grupo armado ilegal.
Los conductores de los buses, afiliados a la Flota Cáchira, informaron en su momento que hombres armados obligaron a descender a todos los pasajeros y, posteriormente, pintaron grafitis alusivos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
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Desde la Gobernación se explicó que el objetivo de estas acciones es frenar en seco cualquier intento de expansión del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN o cualquier grupo armado ilegal hacia Santander.
“No estamos permitiendo que estas estructuras permeen nuestro territorio”, aseguró el secretario, subrayando que el despliegue de la fuerza pública no es una medida transitoria de choque, sino una política de permanencia institucional que busca devolverle la tranquilidad a las comunidades.
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