La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al actual alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por irregularidades en la ejecución de cinco contratos celebrados en medio de la emergencia por el coronavirus por 8.802 millones de pesos.
El ente de control señaló que, “al parecer, se presentaron sobrecostos” en los contratos que tienen que ver con una campaña para la prevención del COVID-19 por $438 millones, atención integral a habitantes de la calle, por $425 millones.
Además, los sobrecostos también se presentarían en una compra de 4.500 mercados destinados a adultos mayores por $2.389 millones, adquisición de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), por $5.250 millones e interventoría de este por $300 millones.
El ente de control dijo que los contratistas contratados no cumplirían los requisitos ni experiencia. En el caso del contrato del PAE, “al parecer, el representante legal de la empresa interventora era a la vez miembro principal de la Junta Directiva de la compañía encargada de comprar los alimentos”.
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También fueron declarados responsables disciplinariamente al secretario de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera; la exsecretaria de Mujer, Equidad e Inclusión, hoy secretaria privada de la alcaldía, Camila Mercedes Ortega Suárez; y el exsecretario de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez, con destitución e inhabilidad de 9 años.
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Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
Alcalde de Neiva se defiende de destitución e inhabilidad
El acalde de los neivanos, a través de un comunicado de prensa de cinco puntos, indicó que la decisión adoptada por la Procuraduría Delegada corresponde a un fallo primera instancia, y ya interpuso un recurso de apelación, para que el superior jerárquico estudie los argumentos presentados y adopte la decisión que en derecho corresponda.
Aclaró que, aunque siempre ha sido respetuosos de las instituciones, no comparte la valoración probatoria realizada por la Delegada, dado que pasa por alto el contexto y las implicaciones que representó la pandemia derivada del COVID-19, la emergencia sanitaria y el marco legal definido en la Ley 80 de 1993, para la contratación de urgencia manifiesta.
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Por último, señala que continuará en el cargo hasta tanto se resuelva la segunda instancia.
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