La Procuraduría General de la Nación puso bajo seguimiento la situación de los servicios públicos en Puerto Carreño, Vichada, ante las dificultades que enfrentan los habitantes y comunidades indígenas, especialmente por las fallas en el suministro de energía eléctrica y los problemas relacionados con la disposición de residuos.
En materia energética, el Ministerio Público pidió al Ministerio de Minas y Energía, al IPSE, a la Gobernación de Vichada y a Electrovichada cumplir estrictamente los acuerdos establecidos en marzo pasado, luego de los racionamientos que se registraron en el municipio y que derivaron incluso en vías de hecho.
El procurador delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, Francisco Canossa Guerrero, señaló que se requieren acciones concretas para garantizar los servicios públicos y proteger el bienestar de los habitantes de Puerto Carreño.
Con esto se busca que las entidades adopten las medidas necesarias para evitar que vuelvan a presentarse apagones y problemas de abastecimiento. La exigencia apunta a garantizar que la población de Puerto Carreño pueda contar con un servicio de energía continuo, suficiente y de calidad.
También, la Procuraduría pidió explicaciones al Ministerio de Vivienda y a Findeter por el retraso de 18 meses en una consultoría relacionada con la construcción del relleno sanitario de Puerto Carreño.
Se trata de un proyecto que tiene una inversión estimada en 20.793 millones de pesos y que busca dar una solución al manejo de los residuos en la capital de Vichada. Sin embargo, la Procuraduría advierte que, pese a que la fase de obra presenta avances, todavía no se ha consolidado el producto final de la consultoría.
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Siendo esta una situación que genera riesgos sanitarios, ambientales y sociales en el territorio. Por lo que la Procuraduría exhortó a las entidades responsables a tomar decisiones que permitan superar tanto la crisis energética como los retrasos en el relleno sanitario.