La Procuraduría abrió una indagación preliminar para establecer cuáles funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios intervinieron en la suscripción de un contrato con el Consorcio Bellavista 2021, cuyo integrante, Jorge Molina, está implicado en el escándalo de Centros Poblados y presentó de la misma manera un cupo bancario falso.
La Procuraduría delegada para la contratación estatal busca establecer a través de esta indagación, la manera en que se cumplieron las etapas precontractuales y si se revisaron los documentos previos a suscribir el millonario contrato.
En este sentido, la Procuraduría ordenó las primeras pruebas entre las que pidió copia del informe de ejecución del contrato de obra, por valor aproximado de 16.000 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción del nuevo pabellón y las áreas complementarias para el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Medellín, además, de construir 514 cupos nuevos en la Cárcel de Bellavista.
Cabe recordar que el director de la USPEC, al enterarse de que el Consorcio Bellavista 2021 estaba integrado por Jorge Molina, implicado en el escándalo de Centros Poblados, ordenó la liquidación unilateral del contrato, cuyo trámite se encuentra en curso.
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