El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberán entregar a la Procuraduría General de la Nación un informe detallado sobre la prestación del servicio de energía eléctrica en ocho departamentos del país.
La solicitud hace parte de una actuación preventiva del Ministerio Público para conocer las condiciones reales en las que se está prestando este servicio a los usuarios.
El informe deberá detallar, por cada departamento, cuántos usuarios reciben el servicio, cuál es la capacidad instalada, cuántas horas de energía tienen diariamente y en qué estado se encuentra la infraestructura eléctrica. La Procuraduría también busca conocer cuáles son las principales dificultades que están afectando la continuidad, eficiencia y calidad del suministro en estas regiones.
La solicitud comprende los departamentos de Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada, territorios que presentan diferentes desafíos para garantizar el acceso continuo a la energía eléctrica.
"Nuestro objetivo es velar por la eficiente prestación de los servicios públicos, el adecuado uso de los recursos y evitar situaciones que pongan en riesgo el bienestar de los usuarios en estas regiones apartadas del país", señaló el Procurador Delegado, Francisco Canossa.
El organismo de control pretende contar con un diagnóstico que permita establecer dónde están las principales deficiencias y qué medidas se están adoptando para atenderlas.
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Además, el Ministerio Público pidió un inventario actualizado de los proyectos de energías renovables que se encuentran en ejecución, estructuración o planeación, así como de aquellos que contemplan la conexión de estas regiones al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El objetivo, según el organismo de control, es contar con información suficiente para identificar las necesidades de estas regiones y hacer seguimiento a las soluciones que se están implementando.