Procuraduría pide que Sandra Ortiz vaya a la cárcel por escándalo de corrupción en UNGRD

La Procuraduría General de la Nación solicitó este miércoles 11 de diciembre que Sandra Ortiz, exalta consejera para las Regiones, sea enviada a la cárcel por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Según el organismo, Ortiz habría jugado un papel clave en la malversación de fondos públicos destinados a la población indígena Wayuu en el departamento de La Guajira, una de las comunidades más vulnerables del país.El procurador delegado, encargado del caso, enfatizó la gravedad de las acciones de Ortiz, subrayando que su implicación no solo afectó los recursos destinados a la población históricamente excluida, sino que también comprometió la idoneidad e independencia del poder legislativo. En sus palabras, “acciones como estas no solo comprometen a las personas involucradas en los hechos, sino que comprometen la legitimidad de las más altas instituciones del Estado, generando zozobra y desconfianza en la comunidad”.El funcionario agregó que los delitos cometidos no se limitan a los daños inmediatos o visibles, sino que también tienen un impacto profundo y duradero en la confianza social y en la estabilidad del país. "Los delitos más graves no son solo aquellos que causan horror por la violencia, sino también aquellos que generan desconfianza, desarraigo, pobreza y perpetúan los esquemas de violencia a los que nos hemos visto sometidos durante décadas", señaló el procurador delegado.La preocupación de la Procuraduría es que estos hechos de corrupción no solo dañan la imagen del Gobierno y sus instituciones, sino que, más preocupante aún, afectan la vida de quienes más necesitan del apoyo estatal.Durante su intervención en la audiencia de medida de aseguramiento, el Ministerio Público respaldó la tesis de la Fiscalía señalando a Sandra Ortiz como la persona que le entregó 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name, por orden del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, con el objetivo de que el congresista apoyara iniciativas del Gobierno nacional en el legislativo. Ese dinero habría sido obtenido por las irregularidades que cometieron Olmedo López y Sneyder Pinilla cuando dirigían la entidad en 2023.