Blu Radio conoció en primicia la totalidad del concepto que envió el procurador general, Gregorio Eljach, al alto tribunal sobre la emergencia económica decretada en febrero tras la grave crisis invernal. Allí, el Ministerio Público le va dando el sí a la legalidad del decreto porque las inundaciones y afectaciones derivadas del fenómeno climático constituyeron para la Procuraduría una situación extraordinaria y grave que justificó acudir a facultades excepcionales.
“De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, para el Ministerio Público es claro que los hechos relacionados con las lluvias excepcionales propias del frente frío de principio de año, así como las múltiples inundaciones registradas, causaron efectos graves e inminentes en el orden económico, social y ecológico de los territorios objeto de la declaratoria”, señaló la Procuraduría.
La Procuraduría señaló además que el Gobierno logró acreditar haber informado oportunamente sobre la declaratoria a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU), como lo exige la jurisprudencia en materia de estados de excepción.
¿Qué pidió tumbar la Corte Constitucional?
“Además, el Ejecutivo no demostró de qué manera las problemáticas históricas relacionadas con la tenencia de la tierra en Colombia requieren una atención inmediata para enfrentar la emergencia derivada de los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos entre enero y febrero de 2026. Si bien el Gobierno nacional afirmó que la ocupación indebida d e bienes d e uso público genera alteraciones en los cauces de los cuerpos de agua, no identificó ni caracterizó los predios ocupados ilegalmente que incidieron en el desastre natural”, señaló la Procuraduría.
La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, respecto de los hechos y consideraciones relacionados con las afectaciones al Mercado de Energía Mayorista y las problemáticas estructurales del sistema de energía eléctrica y de acceso a la tierra.
El concepto del procurador resulta clave para continuar con el examen constitucional de este decreto que está en el despacho del magistrado Miguel Efraín Polo quien luego de recibir conceptos e intervenciones deberá redactar una ponencia que será debatida en sala plena.
La Corte Constitucional en las últimas semanas tomó decisiones sobre los decretos reglamentarios derivados de la emergencia económica, al suspender provisionalmente el impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro como las universidades y las empresas en liquidación.
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