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El requerimiento fue realizado por la Procuraduría Regional de La Guajira a la gobernación del departamento, así como a las alcaldías de Riohacha, Uribia y Maicao, pues ha transcurrido más de un mes desde el inicio de clases y, al parecer, en algunas de ellas el servicio se presta de manera parcial, en especial en aquellas que cuentan con estudiantes de comunidades étnicas y de áreas rurales.
El órgano de control señaló que, el servicio de transporte escolar constituye una condición necesaria y concreta para garantizar el acceso al derecho fundamental de la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
“Es notorio que la prestación del servicio de transporte escolar para evitar la deserción escolar debió garantizarse por cada uno de sus entes territoriales desde el inicio del calendario escolar y sin interrupciones, con cubrimiento de la totalidad de los beneficiarios proyectados, previéndose cada una de las situaciones que eventualmente pudieren generar traumatismos para la prestación del servicio”, puntualizó el Ministerio Público.
Además, la Procuraduría recalcó en que los departamentos, distritos y municipios certificados, les asiste un deber legal de prestar el servicio educativo en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, lo que implica asumir la responsabilidad de la prestación del transporte escolar.
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