¿Salvavidas a Primera Línea?

A pocas semanas de que se cumplan tres años de la aparición en público del autodenominada Primera Línea, en las protestas durante el Gobierno del presidente Iván Duque, que fueron muy duras y en las que fue asesinado el joven Dylan Cruz, desde la Ley de Orden Público, pretende lanzarse un salvavidas a quienes han sido detenidos y condenados por actos violentos por protestas que se tornan en destrucción en vandalismo en ataques a policías y también a buses y a otras personas, incluso atacando a policías.Dentro de la Ley de Orden Público, que se estudia en el Congreso de la República y que busca ser prorrogada como el marco jurídico para la paz total, del presidente Gustavo Petro, en las últimas horas, desde la oposición denunciaron a lo que ellos consideran que son micos dos artículos artículos, 16 y 17, que no solamente permitirían al presidente de la República conceder indultos a quienes hayan sido condenados por actos relacionados con la protesta social, sino que también podría el presidente de la República nombrar los gestores de convivencia.Esto, por supuesto, tiene dos miradas: una, desde el Pacto Histórico, que tiene en esos jóvenes de la Primera Línea una de sus bases principales, que lo llevó a la Presidencia, en medio del descontento que ayudaron a impulsar para llegar a la Casa de Nariño el pasado 29 de junio. Sin embargo, desde otro lado, la oposición considera que no tiene ninguna presentación que intente buscarse por la puerta de atrás la posibilidad de dejar en libertad a quienes han cometido delitos graves, como lo hemos dicho: asonadas, ataques a CAI, incendios, destrucción de buses de estaciones de TransMilenio y otros sistemas de transporte masivo en el país. Actos que, al final, son violentos.En el fondo lo que hay es una discusión sobre qué va a pasar con la Primera Línea, sobre cuál va a ser la entonación que se les dé a quienes cometan actos violentos de la protesta social.Ya habíamos escuchado al ministro de Justicia, Néstor Osuna, diciendo que impulsaron en una norma para que no se ligue nunca a delitos vinculados con terrorismo y concierto para delinquir a los actos violentos que surjan después de la protesta social.