La noche del 7 de junio de 2023 quedó marcada para siempre en la memoria de Angélica. Ese día recibió una breve llamada de su hijo David, joven que había hecho parte de la denominada Primera Línea y cuya desaparición ya la mantenía en una angustiosa búsqueda. Con voz entrecortada, él le pidió que no creyera todo lo que se estaba diciendo sobre su situación.“Me dijo que se había escapado, que no creyera en lo que decían, que estaba obligado”, relató su madre en diálogo con Relatos Al Límite. Aquellas palabras serían el último contacto directo que tendría con su hijo. Más de un año después, en julio de 2024, la incertidumbre se transformó en dolor. A través de un video difundido por alias ‘Iván Mordisco’, cabecilla de una estructura disidente, se conoció que David había sido asesinado por orden de alias ‘Calarcá’, líder de un grupo rival, presuntamente cuando intentaba desertar.Para Angélica, las imágenes donde aparece su hijo en zonas selváticas no reflejan al joven que ella conocía. “Lo vi triste, muy triste. No era mi hijo, no se expresaba como cuando estaba en casa”, señaló. En su testimonio, insistió en que David habría sido manipulado y obligado a permanecer en ese entorno.Desde el momento de la desaparición, la madre emprendió una búsqueda incansable. Caminó durante horas, pegó carteles, difundió avisos y pidió ayuda a distintas entidades. Sin embargo, asegura que no recibió respuestas efectivas por parte del Estado.Según relató, el único respaldo constante vino de una fundación y de Erika Bautista, así como de una mujer identificada como Jeannette, quien, según recordó, le brindó apoyo económico básico y la ayudó a gestionar asesoría jurídica y derechos de petición. “Ella fue como la mamá que yo no tenía en ese momento”, dijo.Angélica también denunció que entregó a la Fiscalía pruebas de llamadas que recibió durante los primeros días de la desaparición, en las que le advertían que dejara de buscar a su hijo. A pesar de ello, afirma que no ha visto avances significativos en la investigación.Tras conocerse públicamente la noticia de la muerte de David, el 31 de julio de 2024, fue citada a múltiples reuniones con entidades relacionadas con procesos de paz. Sin embargo, sostiene que nunca obtuvo respuestas claras. “Me decían que ya lo tenían, que ya lo iban a entregar, y nada pasaba. Sentí que se burlaron de mí”, expresó. Incluso afirmó que en una de las últimas citas fue dejada esperando más de una hora sin ser atendida.
A inicio de julio de 2025, en el departamento del Tolima arrancó un paro arrocero que generó varios bloqueos en las principales vías ante “los incumplimientos del Gobierno nacional” en los diálogos para llegar acuerdos para mejorar y ayudar todo el sector arrocero del país, pero, según denuncian, no ha pasado nada.Con el pasado de los días el paro arrocero ha aumentado y se ha trasladado a más zonas del país y esto podría empeorar aún más. Según contó Miguel Ángel Franco, agricultor y vocero del Comité del paro arrocero en el Tolima, en diálogo con Recap de Blu Radio, tienen claro cómo esto podría afectar el país y aseguró que están abiertos al diálogo, pero con las personas correctas y que “de verdad haya un cambio”.“Ustedes dirán es el segundo paro en este año, qué está pasado y, ¿por qué? Porque nos estamos quedando en la quiebra. Cuando empezamos la primera cosecha lo teníamos en un precio de 205.000 pesos y cuando vamos a vender luego de todo un proceso de trabajo, cuando vamos a vender en 185.000 pesos”, contó Franco.¿Por qué se levantaron de la mesa?De acuerdo con Franco, el gremio arrocero ha tenido diversas charlas con el Gobierno nacional a lo largo de últimos 4 meses y, si bien se ha llegado a acuerdos, hasta el momento no ha pasado nada, sino que “todo empeora” y el panorama no se ve alentador de cara a las necesidades de los agricultores.Buscan poder sentarse a hablar con la ministra de Comercio, Diana Morales, al igual que la de Agricultura porque siempre “han estado dispuestos al diálogo”, pero aseguró que los campesinos también se encuentran cansados y se les advirtió que iba a haber paro para que se hicieran las acciones, algo que ignoraron.“Queremos resultados y que, por favor, nos valoren y que tengan dignidad, que merecemos respeto. No somos la Primera Línea, se lo aclaro, pero sí queremos que nos escuchen y no sé por qué mandan viceministros cuando no tienen el poder”, añadió.¿Qué no se ha cumplido de los acuerdos?Franco contó de algunos auxilios que llegarían desde el Gobierno, pero los requisitos cada vez son más difíciles; por ejemplo, un Distrito de 600 agricultores solo salen 42 beneficiarios y, según dijo, no tienen en cuenta que son arrendatarios y tienen al arroz como si lo hubiese cultivado el dueño de la tierra.“Nos lo cambian totalmente, incluso, eso lo decía la gobernadora. Nos dicen por debajo que no hay plata. No queremos que nos regalen todo, producimos con calidad y nos preparamos para trabajar y ser productivos en Colombia. Producimos uno de los mejores arroces”, puntualizó.
El 4 de junio de 2021, en medio de la violencia que azotaba el país por el estallido social, específicamente en el Portal de las Américas, un hombre fue amarrado, rociado con gasolina y presuntamente amenazado con ser incendiado. Ese hecho marcó el inicio de un proceso judicial que este 2025 cierra un capítulo.Sergio Andrés Pastor González, conocido como alias '19', líder del llamado Portal Resistencia en el sur de Bogotá, fue condenado inicialmente a 14 años y 5 meses de prisión. Esta semana, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó su responsabilidad en el delito. Su abogada había pedido la absolución, sin embargo le fue negada.En una entrevista con Más Allá del Silencio, alias '19' dio detalles del proceso judicial, de lo que ha vivido en la cárcel y de los reclamos que le hace al presidente Gustavo Petro por lo que afirma fue "dejarlos solos". “Se veía venir. Se demoraron dos años y medio en contestar la apelación para dar una respuesta tan mediocre como esta”, dijo frente al proceso judicial.Además, aseguró que la noche de los hechos ni siquiera estaba en el lugar y cuestionó la legitimidad de los testigos, a quienes señala como infiltrados de la policía.“Uno era conocido como ‘El Enfermero’, el otro, Darwin. Salieron del grupo por conflictos internos, pero terminaron entregándonos. Sabemos que había complicidad con la policía, es real”, dijo. El hombre se describió como una voz representativa del movimiento y no como un cabecilla, además, contó que su rol comenzó tras dejar su vida en La Calera y llegar al portal como manifestante en mayo de 2021.“Yo salí con un bafle de La Calera, cantaba rap en los buses. Era el primero de mayo. Ahí comenzó todo”. Durante casi tres meses alias '19' lideró a decenas de jóvenes en protestas que, según él, buscaban diálogo con el gobierno de Iván Duque.Sobre el suceso con la guaya que decapitó a un joven en la avenida Cali, el hombre fue evasivo: “Yo no sé si era para un policía o no. Esas guayas se usaban para bloquear vías, no para matar gente”, comentó.Desde el 1 de septiembre de 2022 alias '19' ha pasado por tres de las cárceles más seguras del país: La Picota, La Tramacúa y donde se encuentra actualmente. Alias '19' sobre Gustavo Petro y la Primera Línea Durante la entrevista se profundizó en las promesas del Gobierno de Gustavo Petro de liberar a los jóvenes del estallido social. Alias '19' dijo que cree que el presidente no ha intervenido por estrategia política, porque cualquier acción sería usada en su contra: “Dirán que ayuda a criminales. Siempre lo harán”.“No hemos recibido ni una visita. Nos estigmatizaron. Dicen que somos criminales. Pero parte de que el Gobierno esté en el poder fue por el sacrificio que hicieron los jóvenes a nivel nacional, por toda esa gente que salió”, afirmó . Además, alias '19' reconoció que cometió errores, según él, motivados por la necesidad.
Este viernes se confirmó el fallo de segunda instancia emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que ratifica la condena contra varios integrantes de la autodenominada Primera Línea, entre ellos Sergio Andrés Pastor, conocido como alias '19', por su participación en actos delictivos durante los disturbios del paro nacional de 2021.La decisión judicial representa un avance en los procesos contra los responsables de hechos violentos y de vandalismo ocurridos durante el llamado estallido social. Sin embargo, tras conocerse el fallo, se han encendido las alarmas entre las autoridades distritales y nacionales. Fuentes de inteligencia han identificado amenazas por parte de miembros activos de la Primera Línea, quienes estarían coordinando posibles ataques contra la infraestructura del sistema de transporte público TransMilenio, así como contra bienes públicos, viviendas y otros espacios urbanos.Las advertencias apuntan a que las zonas más vulnerables serían aquellas que en 2021 ya fueron escenarios de bloqueos, enfrentamientos y destrucción. Estas amenazas se estarían promoviendo como una respuesta directa a la decisión judicial, en lo que parece ser una estrategia de presión violenta contra el Tribunal y los jueces involucrados.Las autoridades ya están tomando medidas preventivas, incluyendo el refuerzo del pie de fuerza en estaciones estratégicas de TransMilenio y en sectores que históricamente han registrado mayores niveles de tensión durante movilizaciones sociales. La Alcaldía de Bogotá hace un llamado a la calma y a la protesta pacífica, mientras que se espera una pronta reacción por parte del Ministerio de Defensa frente a los riesgos de alteración del orden público.
Sergio Andrés Pastor González, más conocido como alias ‘19’, uno de los líderes más visibles de la Primera Línea durante el paro nacional de 2021, reaccionó con risa e incredulidad tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó su condena a más de 12 años de prisión. “Me parece absurdo lo que está pasando acá”, dijo el procesado al conocer el fallo.El Tribunal ratificó su responsabilidad penal por los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir, aunque modificó la pena impuesta inicialmente. La sentencia definitiva establece que Pastor deberá cumplir 12 años y 9 meses de cárcel, además de pagar una multa superior a 1.549 salarios mínimos y quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de 12 años.Alias ‘19’ fue uno de los líderes de la llamada Primera Línea del Portal Américas, un grupo que durante el paro nacional habría ejecutado actos violentos contra la fuerza pública y bienes públicos. De acuerdo con el fallo, Pastor González operaba desde un campamento improvisado en ese sector del suroccidente de Bogotá, donde coordinaba ataques y estrategias para enfrentar a las autoridades.El hecho más grave por el que fue condenado ocurrió el 4 de junio de 2021. Ese día, un ciudadano fue retenido y falsamente acusado de ser infiltrado de la Policía. La víctima fue golpeada, amarrada a un árbol, cubierta con pintura y amenazada con ser quemada viva. Permaneció en esa situación durante más de dos horas hasta que otros manifestantes intervinieron.A pesar de haber sido capturado en julio de 2021, alias ‘19’ continuó ejerciendo liderazgo desde la cárcel La Picota, donde realizó transmisiones en vivo en las que daba instrucciones para nuevos disturbios, incluyendo los registrados en enero de 2022 en el sector de Molinos. Esta conducta fue considerada un agravante en el proceso judicial.Las autoridades lo describen como un sujeto de alta peligrosidad. Con antecedentes por hurto, lesiones personales y microtráfico, Pastor también fue sargento del Ejército Nacional, experiencia que, según los investigadores, aprovechó para organizar células de choque con estructura y disciplina militar.Junto a Pastor, también fueron condenados Ivonne Rodríguez, Johan Stiven Sainea y Fernando Urrea.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Sergio Andrés Pastor González, conocido como alias '19', uno de los principales líderes de la Primera Línea del Portal Américas durante el paro nacional de 2021. La decisión también ratificó las penas impuestas a otros tres integrantes de esa estructura, quienes participaron en actos violentos y en la retención y tortura de un ciudadano en el suroccidente de la capital.Aunque se mantuvo la responsabilidad penal, el Tribunal modificó la pena y estableció una condena definitiva de 12 años y 9 meses de prisión para alias ‘19’ por los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir. También fue sancionado con una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 153 meses y el pago de una multa superior a 1.549 salarios mínimos legales mensuales vigentes.La decisión judicial concluye que Pastor González, junto con Ivonne Rodríguez, Johan Stiven Sainea y Fernando Urrea, integraba una organización urbana ilegal que operaba desde el sector del Portal Américas, uno de los epicentros del estallido social en Bogotá. Desde un campamento improvisado en esa zona, planeaban ataques contra la Fuerza Pública y la infraestructura estatal.El hecho más grave ocurrió el 4 de junio de 2021, cuando un ciudadano fue señalado falsamente de ser infiltrado de la Policía. Fue golpeado, amarrado a un árbol, cubierto de pintura y amenazado con ser quemado vivo. La víctima permaneció en esa condición por más de dos horas, hasta que otros manifestantes intervinieron para evitar una tragedia.Alias ‘19’ no solo ejerció liderazgo en las calles, sino también desde prisión. Luego de su captura en julio de 2021, realizó transmisiones en vivo desde la cárcel La Picota, en las que daba instrucciones para nuevos disturbios, como los ocurridos en enero de 2022 en el sector de Molinos. Este comportamiento fue considerado como un agravante dentro del proceso.Pastor González fue calificado por las autoridades como un sujeto de alta peligrosidad. Con antecedentes por lesiones personales, hurto y microtráfico, había sido además sargento del Ejército Nacional, experiencia que aprovechó para organizar y dirigir células de choque con estructura casi militar.
El Tribunal Superior de Bucaramanga confirmó, en segunda instancia, la condena de 4 años y 1 mes de prisión contra Jesús Daniel Peña Santos por el delito de violencia contra servidor público. La sentencia ratifica la decisión tomada por el Juzgado 14 Penal del Circuito, quien había encontrado al joven responsable de agredir a tres subintendentes de la Policía Nacional durante los disturbios ocurridos en el marco del estallido social de 2021.Los hechos se registraron el 14 de mayo de 2021, cuando un grupo de personas, en medio de una manifestación contra la reforma tributaria, llegó hasta el CAI Sotomayor en Bucaramanga. En ese momento, Peña Santos y otros manifestantes agredieron a los oficiales, utilizando diversos objetos. Además de las agresiones físicas, los atacantes causaron graves daños en la infraestructura de las instalaciones del CAI.Según el reporte de la Policía Nacional, Peña Santos fue capturado en flagrancia, cuando intentaba huir del lugar tras el ataque.Los tres subintendentes agredidos fueron atendidos y, posteriormente, informaron sobre las heridas sufridas durante el incidente.El Tribunal Superior de Bucaramanga resolvió la apelación de la defensa de Peña Santos y, en una decisión unánime, ratificó la condena inicial, subrayando la gravedad de los hechos ocurridos, considerando que la violencia contra servidores públicos durante el desarrollo de protestas sociales no puede ser tolerada.La decisión del tribunal envía un mensaje claro de rechazo a cualquier forma de violencia, especialmente en el contexto de manifestaciones sociales, donde con frecuencia se presentan alteraciones del orden público. En ese sentido, la sentencia condena tanto las agresiones contra la integridad física de los servidores públicos como los daños a la infraestructura estatal.El comandante encargado de la Policía de Bucaramanga de la época , coronel Luis Quintero, entregó en su momento el balance de lo ocurrido la noche del 14 de mayo de 2021 "vandalizaron la estación de Policía del sur, el CAI Sotomayor, igualmente una estación y un bus de Metrolínea y cinco establecimientos bancarios”.
Las centrales obreras, el Pacto Histórico y diversas organizaciones sociales avanzan en el paro nacional anunciado para este miércoles y jueves en las principales ciudades de Colombia, con el fin de respaldar la consulta popular y las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro que han sido rechazadas en el Congreso.La convocatoria llega en un momento de tensión entre el Gobierno y el Congreso, después de que el Senado hundiera a mediados de mayo la propuesta de consulta popular presentada por Petro para reflotar su reforma laboral, una de las iniciativas más emblemáticas de su agenda de Gobierno.En medio de la convocatoria del Gobierno nacional, ya surgen varios bloqueos por cuenta de dichas manifestaciones en varios puntos de Bogotá, hecho que afecta gravemente a usuarios que hacen uso del servicio público de transporte para dirigirse a sus lugares de trabajo. A esta hora se presentan graves afectaciones en estos puntos de la ciudad:Av. Centenario con carrera 89, Occi-Orie Ruta alterna: Calle 80 Av. Suba con carrera 98B, Occi-Orie Ruta alterna: Calle 139 Autosur con calle 63 Sur Av. Cali con Av. Villavicencio, Sur-NorteEn diálogo con Mañanas Blu, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, habló sobre cómo avanza la jornada, las medidas de seguridad en la ciudad y el llamado que le hacen a los manifestantes para que respeten el derecho al trabajo de los ciudadanos. Sobre las personas que hacen bloqueos, aseguró: "Los estamos confirmando, todavía no tenemos confirmada la identidad, estamos revisando con las imágenes que tenemos si son las personas que hacen parte de algunas organizaciones, son organizaciones que acompañan muchas de las manifestaciones y que realmente son las que cometen actos violentos".En ese sentido, explicó: "Algunos de ellos hicieron parte de primeras líneas, pero no necesariamente hoy están vinculados a eso".Escuche aquí a entrevista:
Desde el 7 de agosto de 2022, dentro de su discurso de posesión presidencial, el presidente Gustavo Petro anunció que buscaría la manera de liberar a los integrantes de la primera línea, algo que no ha sido tan sencillo porque varios jueces argumentaron que muchos de ellos no podían quedar bajo libertad.Ahora en 2024 el panorama sigue siendo complicado. Según fuentes consultadas por Blu Radio, más de 160 capturas han sido legalizadas y por lo menos el 40 % de ellos se encuentran en detención preventiva.Por otro lado, en cuanto a los gestores de paz, solo se pudo llevar a cabo esto con 10 de ellos, hasta que la Corte dejó sin efecto los actos por medio de los cuales se habían dejado en libertad. Es decir, el panorama sigue siendo bastante complejo.Es por lo anterior que desde el Congreso de la República se encuentra un proyecto del representante Eduard Sarmiento, que tiene como propósito otorgar amnistías o indultos a quienes hayan cometido delitos relacionados con la protesta social.Esta amnistía podrá ser concedida de oficio o a solicitud de parte y será decidida por el juez de control de garantías, sin importar la etapa procesal. A su vez, se podrán conceder indultos a condenados por delitos políticos o conexos, o por hechos relacionados con la protesta social.Cabe mencionar que no es la primera vez que se intenta algo así, pero que ha culminado sin ningún fruto, es decir, este panorama sigue ‘en veremos’.
Alias ‘Iván Mordisco’, comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, confirmó que al joven David Estiven Fernández Soler, quien hizo parte de la Primera Línea, lo hicieron pasar como desertor para asesinarlo.La trágica historia de David Estiven Fernández Soler, de 24 años, activista social y consejero de Juventudes de la Localidad de Kennedy, tiene en alerta a las autoridades porque no sería el único caso.De acuerdo con Gareth Sella, viceministro de la Juventud, las disidencias de las Farc están reclutando jóvenes pertenecientes a procesos comunitarios salientes del estallido social de 2021.“Esta no puede ser una historia más de desaparición forzada y de continuidad del conflicto armado (...) Hoy queremos exigir al EMC que devuelvan el cuerpo de Coco y a todas las juventudes que se han llevado a punta de mentiras y amenazas”, indicó Sella en un video compartido en sus redes sociales.Y es que Fernández Soler, conocido como Coco, habría sido reclutado de manera forzada por las disidencias en noviembre de 2022 e instrumentalizado por ese grupo armado ilegal, en proceso de paz con el Gobierno nacional.Su caso fue calificado como un secuestro y su familiares acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en julio de 2023 otorgó medidas cautelares en favor del joven activista, luego de identificar que se encontraba en una “situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Colombia”.Sin embargo, este 31 de julio, alias ‘Iván Mordisco’, comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, confirmó que al joven David Estiven Fernández Soler hombres al mando de alias ‘Calarcá’ lo hicieron pasar como desertor para asesinarlo.“Otros hechos aberrantes que nos lleva a calificar como fraccionalistas y traidores a este grupo descompuesto son las acciones sin autorización del Estado Mayor Central del desplazamiento y homicidio de firmantes del Acuerdo de Paz a los que no consideramos enemigos, así como el homicidio ordenado por Calarcá del joven David Steven Fernández Soler, integrante de la primera línea que buscó a la organización para refugiarse de la represión paramilitar y que hicieron pasar por desertor para asesinarlo”, indicó el disidente.La última comunicación con su familia fue el 7 de junio de 2023. Allí confirmó que se había escapado y buscaba protección. Según Angélica Soler, madre del joven, David le dijo que no creyeran lo que se decía en redes sociales, pues estaba secuestrado y obligado a hacer cosas contra su voluntad.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
