En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunció sobre el fallo de la Corte Constitucional respecto a la ley de paz total. El funcionario destacó la importancia y la aceptación del Gobierno ante la decisión del tribunal. Sin embargo afirmó que, a pesar de algunos ajustes y peros señalados por la Corte, la esencia de la ley fue declarada acorde a la Constitución.El fallo de la Corte Constitucional, según el funcionario, se centró en la aprobación del "corazón" de la ley de paz total, marcando algunas correcciones y condiciones que el Gobierno se comprometió para tener en cuenta."Realmente el Gobierno la recibe con beneplácito, pero aún si los peros hubieran sido mayores, repetiría lo que ya se me ha vuelto aquí como una frase de todos los días: acatamos, obedecemos, cumplimos lo que la Corte dice, o sea, frente a la Constitución todos agachamos la cabeza. Ahora bien, por lo que alcancé a leer desde el comunicado de prensa y de la parte resolutiva de la sentencia, pues prácticamente sí, se declara acorde a la constitución todo el corazón de la ley de paz total", indicó.El ministro Osuna expresó que el Gobierno acatará las recomendaciones y que están dispuestos a presentar un proyecto de ley ajustado a lo dispuesto por la Corte. Destacó que la idea del Gobierno de ofrecer un sometimiento pacífico a las estructuras criminales de alto impacto sigue teniendo base constitucional y legal.Al ser cuestionado sobre el momento de presentación del proyecto de ley, el ministro mencionó que espera hacerlo en febrero, cuando se reanuden las sesiones del Congreso. Aclaró que la Corte estableció que el sometimiento debe ser vía ley y no discrecional del presidente, resaltando el compromiso del gobierno con el respeto a la Constitución.El ministro también abordó el tema de la liberación de los voceros de organizaciones sociales y humanitarias, incluyendo a miembros de la Primera Línea. La Corte determinó que esta liberación debe realizarse a través de un proceso judicial y no por decisión discrecional del Ejecutivo. Osuna indicó que este aspecto se incluirá en el proyecto de ley de sometimiento, reconociendo que la figura de excarcelación de voceros no ha sido bien recibida por la opinión pública y que acatarán las restricciones impuestas por la Corte.En cuanto a la controversia generada por la liberación de miembros de la Primera Línea, el osuna admitió que la prolongada detención de personas involucradas en protestas sociales podría no haber sido la vía adecuada. Afirmó que, con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, reconocen que esa no era la vía correcta y se comprometen a acatar la decisión judicial.Ante la pregunta sobre la comunicación con el presidente Petro sobre el tema de la Primera Línea, el ministro Osuna mencionó que, hasta el momento, no ha tenido la oportunidad de discutirlo con él debido a su ausencia en el país. Sin embargo, aseguró que han abordado la situación en anteriores ocasiones y que seguirán acatando las decisiones que se tomen en relación con las libertades de los miembros de la Primera Línea.Vea la entrevista completa aquí:
A cerca de tres años del llamado ‘estallido social’ en contra del Gobierno del presidente Iván Duque, en el Congreso se oficializó uno de los proyectos de ley con los que se busca cumplir una de las promesas del Pacto Histórico y de la campaña del presidente Gustavo Petro: liberar a los jóvenes procesados y detenidos durante las protestas sociales y que pertenecieron a la Primera Línea.Según el texto de ocho artículos presentado por los congresistas Eduard Sarmiento, Alirio Uribe, Robert Daza, Leyla Rincón, José Alberto Tejada, Jorge Bastidas, Jorge Andrés Cancimance, Jael Quiroga, Támara Argote, y demás integrantes de la bancada del Pacto Histórico, este proyecto beneficiaría a las personas indiciadas, imputadas, acusadas, investigadas, procesadas o condenadas, por los hechos ocurridos dentro o en relación directa e indirecta del contexto de la protesta social y la manifestación pública anteriores a la entrada en vigor de la ley.El proyecto concibe que se otorgarán amnistías a las personas que hayan o estén siendo investigadas o procesadas por delitos políticos, por delitos conexos a éstos o procesadas por hechos que se hayan dado con ocasión o relación directa e indirecta con la protesta social y la manifestación pública. También, se concederá amnistía impropia a las personas que hayan sido condenadas por hechos que se hayan dado con ocasión o relación directa e indirecta con la protesta social y la manifestación pública. Así mismo, concibe que el presidente de la República podrá otorgar indulto previo a solicitud de la persona interesada y, en un término perentorio de máximo dos meses, expedirá un acto administrativo que así lo acredite. Una vez se acredite el indulto cesarán las penas impuestas a las personas beneficiarias.La ley excluye de este tipo de beneficios penales los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además, todo ello conforme a lo establecido, en el Estatuto de Roma.Le puede interesar:
El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá se declaró impedido para tomar la decisión sobre si precluye o no la investigación contra la juez de paloquemao que le dio la libertad a dos miembros de la Primera Línea, y quien fue denunciada por la Procuraduría, porque no tenía la competencia para haber otorgado esas libertades. El magistrado argumentó que en diciembre emitió una opinión sobre la juez, razón por la cual no puede pronunciarse sobre el caso.“Como presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, en diferentes medios de comunicación y en entrevistas señalé el inconveniente para una democracia, que un procurador denuncie a jueces porque toman una decisión que no está de acuerdo con su interés personal. Lo señalé igualmente en otros escenarios periodísticos, como por ejemplo, El Tiempo, cuando se dijo de mi parte que ha habido presiones de lado y lado en liberaciones de Primera Línea y de acuerdo a ello, Corjusticia señala que no es posible con esa ley (2272 de 2022) que se obligue al sistema judicial a dejar en libertad a las personas”, argumentó el magistrado durante la audiencia.Esta audiencia se da porque la Fiscalía pidió precluir el caso de la juez Lilyan Jhoana Bastidas, coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao en Bogotá, quien ordenó la libertad de integrantes de Primera Línea, luego de que la Procuraduría anunciara que la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá no tenía competencia para ordenarlas.“En ese sentido, reitera que la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá solo tiene competencia para repartir las solicitudes de libertad y cumplir una orden, en ese sentido, que le entregue un juez de control de garantías. Solo a falta absoluta de este, podría entrar a suplirlo”, añadió la Procuraduría.Luego de la denuncia de la Procuraduría, la Fiscalía pidió la preclusión, es decir que se cerrara la investigación contra la juez por “atipicidad del hecho investigado”, es decir, que su proceder no se configura como un acto delictivo. Por lo tanto, la investigación determinó que no existieron extralimitaciones de funciones ni “decisiones de escritorio arbitrarias” como lo denunció la Procuraduría.La juez Bastidas es investigada por prevaricato, por acción y abuso de función pública, por haber otorgado la libertad a Santiago Márquez y Adriana Bermeo, dos integrantes de la denominada Primera Línea y los primeros en ser nombrados por el Gobierno nacional como voceros de paz.Le puede interesar "Jefe de seguridad de Petro y otros dos policías, a imputación por polígrafo a Marelbys Meza":
El candidato a la alcaldía de Medellín Federico Gutiérrez sufrió un inusual incidente durante una rueda de prensa en un parque público de la ciudad. Un grupo de jóvenes se infiltró en el evento, lo acorraló y lo acusó de paraco y uribista.La seguridad del candidato se vio forzada a retirarlo de inmediato del lugar, en medio de una tensa situación.En un intento de diálogo, Federico Gutiérrez trató de conversar con los jóvenes, pero estos se negaron. El candidato expresó su preocupación por la violencia y lanzó una solicitud directa al presidente Petro: "Controle a su Primera Línea. ¿Qué garantías tenemos a cinco días de las elecciones?", enfatizó Gutiérrez."Hombre, que nos mandaron a la Primera Línea, a una rueda de prensa que teníamos. ¿Qué jóvenes? ¿Cómo van a hablar en nombre de los jóvenes de la ciudad? Jóvenes, jóvenes. Lo que es la ciudad con oportunidades y lo que vamos a buscar es para ellos muchas más cosas”, dijo Fico Gutiérrez en diálogo con Mañanas Blu.El candidato hizo hincapié en la gravedad de la situación: "Estamos entrando a un nivel de degradación de la democracia. Estamos entrando a un nivel donde aquí entonces es agresiones y mentiras. Y así va cerrando esta campaña en Medellín."Gutiérrez manifestó su desaprobación por la instrumentalización de los jóvenes para la violencia: "Quienes generan un odio en Medellín, quienes están instrumentalizando a tantos jóvenes para la violencia, pues nosotros les decimos no y no nos vamos a prestar para esa violencia."El candidato destacó la necesidad de brindar oportunidades a la juventud y de alejarse de la violencia.Durante la entrevista, Gutiérrez también compartió su preocupación por la campaña electoral en Medellín: "Me parece que es el cierre de una campaña que ha estado llena de personalismo, llena de ataques personales, llena de golpes bajos."El candidato resaltó los insultos que ha enfrentado, incluyendo calificativos como "facho, paraco, uribista, narco". Además, aclaró que los jóvenes que lo interrumpieron le gritaban "falsos positivos", aunque, dice él, siempre ha rechazado esta práctica.
Integrantes de la bancada de Gobierno radicaron un proyecto de ley que busca garantizar la seguridad de las protestas sociales en Colombia. El proyecto propone la creación de parámetros para el uso de la fuerza policial, así como modificaciones en las mesas de garantías y los Puntos de Mando Unificado. Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de esta propuesta es la inclusión del derecho de réplica para los manifestantes en los medios de comunicación.El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alirio Uribe, quien forma parte de los congresistas que presentaron este proyecto de ley, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, explicó los detalles y fundamentos de la propuesta.Según Uribe, la necesidad de esta ley surge de un vacío legislativo que existe en Colombia en relación al derecho fundamental de la protesta. Hace seis años, la Corte Constitucional declaró inexequible un capítulo del Código Nacional de Policía que regulaba la protesta y exhortó al Congreso a expedir una ley estatutaria que estableciera los parámetros para el ejercicio de este derecho democrático.El proyecto de ley consta de 44 artículos y busca definir las obligaciones de las autoridades, tanto a nivel nacional como territorial, en la protección y garantía de los derechos de los manifestantes. Esto incluye la creación de mesas de garantías para el seguimiento en tiempo real de las protestas y la regulación de la intervención de la fuerza pública, específicamente la policía, en estas manifestaciones.Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es el artículo 15, que establece el derecho de réplica y rectificación para los manifestantes en los medios de comunicación públicos y privados. Este derecho se aplicaría cuando funcionarios o autoridades realicen afirmaciones o comunicaciones que estigmaticen a los manifestantes en relación con el ejercicio de sus protestas. Uribe explicó que esto busca evitar la estigmatización de las protestas y que se les atribuyan calificativos que puedan llevar a una respuesta violenta por parte de las autoridades.Ante la preocupación de que esta medida podría imponer a los medios de comunicación la obligación de dar espacio a los manifestantes, incluso si los medios no consideran que es de interés periodístico, Uribe aclaró que la ley no impone una obligación, sino que garantiza un derecho de réplica para evitar la discriminación hacia determinados grupos por su raza, etnia o ideología.En cuanto al aviso previo del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, Uribe señaló que esta medida ya se lleva a cabo de manera habitual durante las manifestaciones para prevenir lesiones y riesgos. La ley simplemente busca reglamentar este procedimiento y garantizar que se notifique a los manifestantes en caso de intervención policial.Sobre la definición de lo que constituye terrorismo en el contexto de las protestas, el representante destacó que la ley no modifica el Código Penal ni las competencias de la Fiscalía, y que su enfoque se centra en regular el derecho a la protesta sin promover la impunidad. La discusión sobre qué constituye terrorismo seguirá siendo competencia de las instancias judiciales.Vea la entrevista completa aquí:
Muy contundente la alcaldesa Claudia López desde la localidad Antonio Nariño respecto al ataque del que fue blanco el CAI de Suba La Gaitana por parte de encapuchados que con bombas molotov intentaron quemar el lugar.La mandataria capitalina afirmó que ese acto de la Primera Línea contra el CAI fue prácticamente financiado y promovido por los mismos que enfrentaron a los jóvenes con las autoridades en 2020, luego de que fuera asesinado el estudiante de Derecho Javier Ordóñez.“Ese acto de la Primera Línea todo Bogotá y Colombia sabe quienes fueron los financiadores y promotores políticos de confrontar a los jóvenes con las autoridades. Creen que porque eso les funcionó para una campaña una vez, les va a funcionar otra vez. No sean politiqueros, oportunistas, violentos, respeten a las víctimas y a Bogotá”, indicó la alcaldesa de Bogotá.Agregó la mandataria que lo que quieren las víctimas y en general toda la ciudad es que no haya violencia, sino que quiere a sus jóvenes estudiando y saliendo adelante. “No con violencia, eso es un oportunismo insensato que por fortuna Bogotá rechaza. Los miembros de cualquier organización que comentan violencia serán procesados por la justicia”.De acuerdo con Claudia López, por lo menos 3 miembros de “la tal llamada Primera Línea” están en la cárcel hoy porque hicieron tortura, intento de homicidio y concierto para delinquir. “Yo invito para que nos unamos por las víctimas”.¿Qué pasó en el CAI La Gaitana?En las imágenes del 9 de septiembre quedó el registro de cómo cerca de 10 policías intentaron protegerse con implementos del Esmad de las bombas molotov y los artefactos contundentes que lanzaron varios encapuchados en la localidad de Suba, en el CAI de La Gaitana.Durante el día, se rindieron varios homenajes en completa calma de las personas que salieron a manifestarse frente a la sede policial en donde perdió la vida el estudiante de Derecho Javier Ordóñez, cuyo crimen desencadenó en el paro nacional contra el entonces gobierno del expresidente Iván Duque.Le puede interesar
La fundación Nydia Erika Bautista, que representa víctimas de desaparición forzada en Colombia, está denunciando que dos jóvenes de la Primera Línea de Bogotá fueron reclutados por las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' hace varios meses y sus familias no tienen información sobre ellos. En medio del proceso de diálogo que empezará este grupo con el Gobierno, la organización pide al grupo ilegal aclarar la situación de los jóvenes."Que nos digan si están vivos o muertos, hemos tocado todas las puertas incluida las Naciones Unidas, la Misión de Verificación y aquí en la Mesa Humanitaria estamos pidiéndole al Estado Mayor Central de las Farc que responda nuestra solicitud, enviamos una carta a través de muchos actores que no ha sido respondida, necesitamos saber si Coco y Bigotes están vivos o están muertos", señaló Janeth Bautista, vocera de la fundación Nydia Erika Bautista.En el mismo sentido, Janeth explicó que recientemente tuvieron un contacto con uno de los jóvenes quien habría dicho a su familia que no quería estar más en el grupo armado."Nosotros tuvimos contacto directo con uno de ellos porque se escapó en el Caquetá, cerca de San Vicente del Caguán, pudimos hablar con él por teléfono a través del celular de un campesino y nos dijo: 'Estoy aquí obligado y quiero irme de aquí'. Entonces nosotros movimos todos los contactos con el CICR con la Iglesia y cuando se iba a hacer el operativo volvimos a llamar al mismo teléfono y contestó alguien que dijo: 'Soy guerrillero de las Farc'. Nunca más volvimos a tener noticia", señaló Janeth Bautista.Le puede interesar
Cinco jóvenes que al parecer hicieron parte de a denominda “Primera Línea” en las protestas sociales del año 2021 que se realizaron en Bucaramanga identificados como Luis Hernando Martínez Rodríguez, Janner Eduardo Carreño Barbosa, Sneider Jesús Florez Sanabria y William Alexis Heredia Barajas y además un quinto jóven al que aún no se le ha terminado la audiencia, quedaron en libertad por decisión del Juzgado 8 penal del circuito de Bucaramanga que revocó la decisión proferida por el juzgado 9 penal municipal de garantías.“Fuero cinco jóvenes que estaban privados de la libertad desde junio del año pasado, procesados de manera injusta por haber participado en hechos en el marco de la protesta social, hoy un juez en decisión de segunda instancia consideró que el tiempo había transcurrido de prorroga de la medida de aseguramiento ya había transcurrido y por lo tanto les dio la libertad”, dijo Leonardo Jaimes, abogado del Equipo Jurídico Pueblos.El Juzgado 8 determinó que -en efecto- al dar aplicación a la Ley 1908 de 2018, se vulneraron de manera flagrante los derechos a la defensa, al debido proceso, a la legalidad y a la lealtad procesal.“Se trata de jóvenes de bajos recursos, de estratos populares y esto es una gran noticia para sus familias, uno de ellos es estudiante de la Universidad Industrial de Santander, UIS, estudiante de filosofía, y creemos que esto es un gran logro porque se estaba cometiendo un gran acto de injusticia. Nosotros creemos como abogados que hay elementos probatorios para demostrar que se trata de montajes judiciales y por eso esta noticia del juez es algo justa, debo aclarar que el proceso continúa y nosotros como abogados vamos a continuar en la defensa de estos jóvenes”, agregó Jaimes.El juzgado consideró, además, que en el presente caso no se está ante un GDO, y por tal razón debía darse aplicación a la regla general, que señala que la privación preventiva de la libertad no puede exceder de un año, término que ya se encontraba cumplido.“La libertad para los jóvenes ya es un tema de trámite y dentro de pocas horas serán dejados en libertad. En este proceso ya se habían nombrado dos gestores de paz y algunos de ellos continuaban privados de la libertad, algunos de ellos en prisión domiciliaria y en el caso de James se encontraba en la Estación Norte de la Policía en la ciudad de Bucaramanga en condiciones de hacinamiento. Este proceso fue muy famoso a nivel nacional porque en junio fueron capturadas varias personas, once personas de las cuales los únicos que estaban y los únicos que estaban con medida intramural y domiciliaria eran los que este juez hoy decidió su libertad”, aclaró Jaimes.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Recientemente, se conoció el caso de un joven que hizo parte de la Primera Línea, en Kennedy, que se unió a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. David Estiven Fernández, de 24 años, también había sido elegido como Consejero de la Juventud y un día llamó a su madre a avisarle que iba a salir de casa, pero no volvió; meses después se conoció un vídeo en el que Fernández anunciaba, vestido de camuflado, que había decidido unirse al grupo.El joven, además, estuvo presente en el evento que realizaron las disidencias de las Farc en el Yarí, pero unas semanas después se comunicó con su madre y le dijo que había decidido escapar de las filas del grupo armado, pero ella no pudo volver a contactarlo tras esta comunicación."Ello ocurrió, luego de que se comunicara telefónicamente con su madre y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el caserío de Veracruz, Caquetá, en dicha comunicación había afirmado que se escapó de un campamento de un grupo armado ilegal en el que lo tenían retenido. Algunas horas después, al volverse a comunicar al celular, contestó un sujeto que se identificó como parte del grupo armado y colgó", señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFDesde entonces, algunas entidades han tratado de recaudar información que permita determinar qué fue lo que sucedió con David Fernández, pero aún no se ha logrado esclarecer la situación. Es por esto que la CIDH ha pedido al Estado colombiano tomar medidas para poder determinar qué fue lo que sucedió."La Comisión solicita Colombia que: adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de señor David Estiven Fernández Soler, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal, e; informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición", agrega la CIDH.Este organismo internacional ha decidido otorgarle al joven estas medidas de protección después de determinar que se encuentra en una situación de riesgo y de daño irreparable a sus derechos.Le puede interesar:
El pasado domingo, 23 de julio, nueve presuntos miembros de la Primera Línea quedaron en libertad por vencimiento de términos. El documento que otorgó esta decisión indicó que pasaron 332 días desde que la Fiscalía radicó el escrito de acusación, pero hasta el momento no ha empezado el juicio.Blu Radio conoció el fallo que le otorgó la libertad a estos nueve presuntos miembros de la Primera Línea. Cabe recordar que pese estén fuera de la cárcel, los jóvenes seguirán vinculados al proceso judicial por delitos como homicidio, tortura, secuestro, hurto y daño en bien ajeno, durante el paro nacional de 2021, que los tiene en este momento enfrentando a la justicia.Asimismo, algunos de estos jóvenes están involucrados y fueron acusados por torturar e intentar quemar vivos a tres funcionarios de la Dijin, durante el paro nacional en 2021 en Valle del Cauca.Estos son los jóvenes que quedaron en libertadEpifanio Domínguez Ríos, Jhon Deiby Castillo Murillo, Victor Alfonso Tascon González , Jorge Luis Gordillo Coronado, Karina Reyes Varela , y Brenlly Daniela Hidrobo. Estas seis personas se encontraban privadas de la libertad en Palmira, por el delito de secuestro simple agravado y otros. Su libertad fue otorgada por el Juzgado tercero penal municipal de garantías de Buga por vencimiento de términos.Carlos Julio Calero estaba recluido en la cárcel de Pereira por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y homicidio agravado. La libertad es otorgada por el juzgado quinto penal municipal de Tuluá por vencimiento de términos.Miguel Ángel González estaba recluido en la cárcel de Popayán y estaba privado de la libertad por los delitos de daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, hurto, secuestro simple y tortura. Su libertad es concedida por el juzgado cuarto penal municipal de Tuluá por vencimiento de términos.Cristian David Granada Sánchez estaba recluido en Pereira por los delitos de daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, hurto, secuestro simple y tortura. La libertad es concedida por el juzgado tercero penal municipal de Buga por vencimiento de términos.Le puede interesar
WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, ha introducido recientemente una opción que permite a los usuarios proteger sus conversaciones mediante un código secreto.Mark Zuckerberg, CEO de Meta, señaló que la función Chat Lock tiene como objetivo proteger las conversaciones más privadas de la mirada de terceros. Una vez se activa, cada una de las conversaciones que tengan activa la función se almacenarán en una carpeta especial.¿Cómo activar el bloqueo de chat?Para activar el bloqueo de un chat, debe ingresar a la aplicación y mantener presionado el chat al que desea aplicar la función. Posteriormente, seleccione los tres puntos verticales que aparecerán en la barra superior de la aplicación, donde encontrará la opción de Chat Lock.A continuación, podrá crear un código secreto distinto al código de acceso del teléfono, proporcionando una capa adicional de seguridad a las conversaciones.¿Cómo crear un código secreto?Diríjase a su carpeta de Chats bloqueados > Configuración.Toque en Código secreto > Crear código secreto.Ingrese su código y toque 'Siguiente'.Confirme su código y toque 'Listo'.Finalmente, para ocultar la carpeta de chats bloqueados, deberá ir a la carpeta, seleccionar la configuración y activar la opción 'Ocultar chats bloqueados'.WhatsApp en versión de escritorio ya permite el envío de fotos y videos de una sola vistaEsta función, diseñada para mejorar la privacidad y seguridad de los usuarios, hasta el momento solo estaba disponible para usar y visualizar desde los dispositivos móviles. En el caso de que las fotos o videos llegaran al computador, no se podían abrir y, en cambio, se mostraba una notificación dentro del chat, indicando al destinatario que se le había enviado un mensaje de vista única.Sin embargo, según lo conocido por el portal WaBetaInfo, ahora los usuarios de WhatsApp que cuentan con la versión de escritorio, podrán hacer uso de esta función desde el computador, es decir que podrán enviar y visualizar fotos y videos de una sola vista.Ahora para enviar este tipo de contenido en la versión de escritorio, a los usuarios les aparecerá un botón que se diferencia por tener un círculo punteado con el número 1 en el centro, el cual estará disponible en la barra inferior una vez se haya cargado la foto o el video. Igual que pasa cuando se usa la función en los dispositivos móviles.Cabe aclarar que esta función por ahora se encuentra disponible para un grupo reducido de personas, pero se espera que muy pronto todos los usuarios de la aplicación, en su versión de escritorio, lo puedan usar; es decir para Windows, macOS y WhatsApp Web.Le puede interesar:
El cuerpo de Bomberos del municipio de Sabana de Torres, Santander, suspendió sus labores debido a los contantes incumplimientos en sus salarios por parte de la administración municipal, razón por la cual los integrantes del equipo de rescate explicaron que no tienen fondos para atender emergencias.“Desde el 21 de febrero hasta el 22 de septiembre se firmó un convenio de pago, con la administración saliente, pero no cumplieron con los pagos y nos adeudan una suma de 42 millones de pesos de los cuales no se ha recibido el recurso y ni una repuesta por parte de la administración municipal”, dijo uno de los bomberos que grabó un video para redes sociales explicando lo que está sucediendo.A pesar de no recibir el pago de sus salarios la institución continuó trabajando por varios meses, prestando el servicio de socorro y rescate en varias emergencias que se presentaron, sobre todo por el intenso calor y los incendios forestales que se han presentado en el municipio y en los alrededores."Tenemos un vehículo que está próximo a vencerse el Soat, dentro de pocos días, a otro no se la podido realizar mantenimiento y tenemos también deudas con proveedores, a nosotros no nos han pagado la seguridad social y tenemos muchas dificultades económicas", dijo uno de los bomberos.Hace algunos días los bomberos organizaron una caravana en el municipio para darle a conocer a la comunidad lo que está pasando y la razón por la cual si se presenta una emergencia no pueden salir y prestar sus servicios como lo harían normalmente.“El personal de bomberos pide disculpas, pero aclara que no puede continuar sus labores porque es insostenible trabajar sin recursos y piden a las autoridades municipales tomar medidas para que se pueda continuar prestando el servicio, más en estos tiempos en los que el fenómeno de El Niño está afectando a los ciudadanos”, agregó uno de los bomberos.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Con medida de aseguramiento en un centro carcelario de Barranquilla fue cobijado este lunes Alexander Ortega Martínez, el hombre de 30 años que la madrugada del pasado 27 de noviembre habría abusado sexualmente de su propia abuela, una mujer de 90 años.“Se impondrá la medida de aseguramiento en centro carcelario ya sea la penitenciaría El Bosque, la cárcel Distrital el Bosque o en el centro de reclusión que el Inpec determine", señaló la juez del caso.Al investigado, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de acceso carnal violento agravado por haber cometido el abuso contra una familiar que, además, tiene una edad en la que fue incapaz de resistir.El hombre no aceptó su responsabilidad en los hechos pese a que el día de su captura, en una indagación rendida frente a su abogado defensor, reconoció haber abusado de su abuela.El aberrante caso ocurrió en el corregimiento de Bohórquez, jurisdicción del municipio del municipio de Capo de la Cruz, en la casa donde la anciana vivía sola, situación que fue aprovechada por su nieto, indicaron las autoridades.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Luego de una labor de seguimiento la Policía Metropolitana de Bucaramanga logró capturar a un hombre identificado como Luis Antonio Figueroa Tarazona de 51 años, en el barrio El Reposo de Floridablanca, Santander, quien es uno de los más buscados de la Policía Metropolitana de Ibagué por los delitos de hurto informático, enriquecimiento ilícito y lavados de activos.“El capturado se encuentra solicitado por la Fiscalía especializada 02 de Ibagué-Tolima. Juzgado 5 penal municipal de garantías, responsable de los delitos antes en mención. Con la captura de este hombre uno de los más buscados contribuye a la contención de los delitos informáticos y hurtos en sus diferentes modalidades y delitos conexos que vendrían afectando la convivencia y seguridad ciudadana en el área metropolitana de Bucaramanga”, explicó el Teniente Coronel Diego Pinzón Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.El capturado, según lo dieron a conocer las autoridades fue dejado a disposición de la autoridad solicitante para que le defina su situación jurídica.“Seguimos trabajando con la colaboración entre la comunidad, gracias a la información oportuna proporcionada por los ciudadanos y el esfuerzo de nuestros uniformados, se ha logrado someter a la justicia a cuatro personas y la captura de siete individuos que figuraban en el cartel de los más buscados”, agregó Pinzón.De igual forma la Policía Metropolitana de Bucaramanga hizo un “llamado a la comunidad a seguir colaborando y denunciando a aquellos que aparezcan en los carteles de los más buscados. Pueden hacerlo a través de la línea 3176397244 o al correo electrónico mebuc.sijin@policia.gov.co, con la garantía de absoluta reserva”.“La Policía Nacional continuará trabajando incansablemente a través del plan choque seguidas 360 para garantizar la seguridad de los ciudadanos y poner a buen recaudo ante las autoridades competentes a los delincuentes”, enfatizó Pinzón.Le puede interesar:
La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, dio a conocer a la opinión pública que su administración declaró desierta la licitación del polémico contrato de 1.6 billones, con lo que se prometía darle solución al problema de agua a la capital del Magdalena.A través de su cuenta de 'X', la alcaldesa aseguró que “debido a que no se presentó ningún oferente, desde la Alcaldía declaramos desierta la licitación pública para la solución definitiva al desabastecimiento de agua en Santa Marta con el proyecto El Curva”.Pese a que la Procuraduría, Contraloría y Veeduría Ciudadana habían advertido sobre irregularidades que tenía dicho proceso licitatorio, la administración distrital decidió continuar con el cronograma. Tanto que en su comunicado, Johnson resaltó que “el proceso licitatorio se llevó a cabo en el marco de los parámetros legales y hubo 14 empresas interesadas en el mismo, a quienes se les respondieron sus observaciones; sin embargo, ninguna presentó su propuesta formal”.Recordemos que esta licitación estuvo envuelta en varias críticas y alertas por parte de los entes de control, además por este mismo proyecto la Procuraduría General de La Nación decidió abrir investigación al exgobernador Carlos Caicedo, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson y el gerente de Aguas del Magdalena, por posibles irregularidades en el contrato por más de 14 mil millones que costaron los estudios previos con el que dieron la viabilidad de este proyecto y qué, según el Ministerio Público, posiblemente no tuvo en cuenta el impacto ambiental que puede ocasionar esta obra.Esta declaratoria desierta se da horas antes de que Virna Johnson cumpla la cita de la Procuraduría programada para mañana martes 5 de diciembre, precisamente para aclarar las razones por la que no aceptó las advertencias de irregularidades que hacía el Ministerio Público y otros entes de control sobre el billonario proyecto.Esta sería la tercera promesa fallida de solución definitiva del agua por parte de los Gobiernos del Cambio, que cumplen 12 años en la Alcaldía. Entre tanto, los samarios se preguntan cuándo llegará la solución al problema del agua. Ahora esperan que el nuevo gobierno en cabeza de Carlos Pinedo Cuello, se concrete de una vez por toda y que no sigan jugando con la grave situación de desabastecimiento de los habitantes de la capital del Magdalena.Le puede interesar:
