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Sin seguridad no hay paz: Colombia pide a la ONU cambiar la forma en que verifica el acuerdo de paz

El Gobierno plantea mantener la verificación de la reincorporación y las garantías de seguridad, pero modificar el seguimiento a la Reforma Rural Integral.

Canciller Omar Bula
Canciller Omar Bula
Foto: Cancillería

“Sin seguridad no hay paz”. Con esa premisa, el canciller de Colombia, Omar Bula, presentó este lunes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la propuesta del Gobierno de revisar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en el país, sin desconocer los compromisos adquiridos con la firma del acuerdo de paz de 2016.

En su primera intervención ante este organismo, Bula aseguró que Colombia mantiene su compromiso con la implementación de lo pactado, pero advirtió que es necesario revisar sus resultados y reconocer las dificultades que persisten en materia de seguridad.

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Según el canciller, los avances alcanzados no pueden ocultar el deterioro de las condiciones en varias regiones del país ni las consecuencias para la población civil.

“La seguridad no es contraria a la paz, constituye una condición indispensable para alcanzarla (...) Sin embargo, mientras una organización asesine, secuestre, extorsione, reclute menores o pretenda controlar territorios mediante el miedo, el estado tiene la responsabilidad de actuar con los instrumentos legítimos que le confiere la constitución y la ley para proteger a sus ciudadanos”, afirmó Bula.

Bula advirtió que los grupos armados ilegales se quintuplicaron desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016 y se refirió al aumento de los cultivos de coca. En 2023, Colombia registró cerca de 253.000 hectáreas sembradas y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína, un 53 % más que el año anterior.

“Los secuestros aumentaron en más de un 25%, y solo en 2025 se registraron 78 masacres y 256 víctimas de ataques criminales (...) Pero quizá ninguna cifra sea tan preocupante como la del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Las Naciones Unidas han verificado que el reclutamiento y la utilización de menores por grupos armados aumentaron un 300% en 5 años”, agregó Bula.

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A partir de ese diagnóstico, el canciller explicó que el Gobierno propone mantener la verificación internacional sobre la reincorporación de los antiguos integrantes de las Farc y las garantías de seguridad, pero modificar el seguimiento que realiza la misión a la Reforma Rural Integral.

Según Bula, asuntos como el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad y el desarrollo productivo rural corresponden a políticas públicas estructurales y de largo plazo, cuya implementación debe quedar bajo la responsabilidad permanente de las instituciones colombianas.

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De acuerdo con el canciller, eso no significa abandonar esos compromisos ni cerrar las puertas a la cooperación internacional, sino ajustar el mecanismo de verificación a las condiciones actuales del país.

Por su parte, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, destacó la respuesta del presidente Abelardo De La Espriella a la emergencia provocada por el terremoto durante su primer día de Gobierno e insistió en que la implementación integral del Acuerdo de Paz debe avanzar en paralelo con las políticas de seguridad.

Jenča reconoció que todavía hay deficiencias en el cumplimiento de lo pactado y señaló que el Gobierno aún debe precisar cómo llevará a la práctica su enfoque sobre el acuerdo. En ese sentido, manifestó la disposición de la misión para aportar la experiencia acumulada durante casi una década de acompañamiento al proceso de paz.

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