La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) no solo confirmó, sino que además defendió las visitas que está realizando tanto a Thomas Thomas Greg & Sons como a la Registraduría Nacional del Estado Civil esta semana.
Las visitas se dieron luego de varias quejas públicas del presidente Gustavo Petro sobre el sistema electoral colombiano, al que comparó con el venezolano, y de sus dardos directos contra Thomas Greg y el software que utiliza en el proceso de escrutinio de las elecciones.
Básicamente el argumento de la SIC es que la entidad tiene la facultad de hacer las visitas de inspección porque es la autoridad en el país encargada de defender la libre competencia en el mercado y están investigando una denuncia de posible colusión, es decir, de acuerdos por debajo de la mesa para quedarse con un contrato con una entidad estatal: la Registraduría.
"Las entidades estatales del orden nacional y territorial deben velar por la protección de la libre competencia económica en el marco de sus procesos de contratación”, señaló la SIC en un comunicado.
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Y agregó “En ese sentido, le corresponde a la Superintendencia como autoridad de competencia velar por el cumplimiento de estas funciones, así como a los particulares y a las entidades estatales atender las visitas de inspección, so pena que cualquier impedimento al normal desarrollo de estas pueda constituir una obstrucción e infracción al régimen de libre competencia económica”.
Vale recordar que la entidad tiene “dientes" que le permiten poner multas de gran calado a las empresas y también a las entidades públicas involucradas en estos casos de cartelización. Sin embargo, las visitas se dan en un contexto político complejo en el que Thomas Greg & Sons lleva semanas enfrentado con el gobierno nacional por la licitación de los pasaportes.
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Las polémicas ya le valieron una suspensión al canciller Álvaro Leyva, llevaron a la acusación de 'traición' y la destitución al exsecretario general de Cancillería Antonio Salazar por acceder a entregarle el contrato de pasaportes a la empresa y llevaron a que la compañía demandara al Estado por no adjudicarle la licitación cuando era el único proponente.
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